Familiares de altos cargos del PSOE, ‘enchufados’ en la Diputación de Toledo.

Las alfombras de la Diputación de Toledo que se empiezan a levantar tras la derrota de los socialistas en las elecciones del 22-M implican a dirigentes próximos al presidente del Congreso y del PSOE de Castilla-La Mancha, José Bono. Sospechosas colocaciones de última hora en esta institución por parte del equipo de gobierno saliente, liderado por José Manuel Tofiño, han hecho que el caso sea llevado a los tribunales de justicia. La agrupación de UPyD de Toledo ha denunciado a Tofiño en el Juzgado de Instrucción número de 4 de la capital autonómica como presunto autor de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos al contratar personal para dicho organismo provincial “de forma manifiestamente ilegal y sabiendo que carecen de los requisitos legales exigibles”.

Esta formación considera que el entonces presidente de la diputación en funciones actuó en “fraude de ley” por invocar el Estatuto de los Trabajadores para “regularizar” esos contratos cuando debería haberlos rescindido al final de la legislatura, ya que la única forma, argumenta, de entrar en la función pública es “aplicando los principios de igualdad, mérito y capacidad, es decir, por oposición”. El partido señala que, habiendo muchos más empleados en una situación de “contratación fraudulenta”, Tofiño hizo fijos “solamente” a 105, algunos de ellos con vínculos directos con el PSOE.

En el listado revelado por UPyD, sobresale el nombre de Ignacio Fernández Maqueda, hijo del vicesecretario provincial de los socialistas de Toledo y diputado autonómico, Jesús Gregorio Fernández Vaquero. Asimismo, esa relación de enchufados incluye los nombres, entre otros, de Sonia Cebadera Cabo, hija del ex diputado socialista José Luis Cebadera; Raúl Escudero Aparicio, hijo del ex alcalde del PSOE de Villaluenga Julián Escudero; María Angustias Ortega Fernández, hermana del ex alcalde del PSOE de Cobisa Félix Ortega, o Anastasio Arevalillo, actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Torrijos. Si bien los primeros indicios de este “escándalo” –en palabras de UPyD– ya salieron a la luz durante la campaña electoral, no ha sido hasta ahora cuando se han conocido los nombres de los beneficiados.

Desde el Partido Popular, el nuevo presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón, apunta que los polémicos 105 contratos puede que sean “legales, pero no regulares” desde el punto de vista de Inspección de Trabajo. Según García-Tizón, las únicas funciones del anterior equipo de gobierno desde la convocatoria de elecciones hasta la formación del nuevo eran “de administración ordinaria”. En este sentido, el dirigente popular asegura que “vamos a revisar esos contratos, examinando su legalidad uno por uno”, y después “tomaremos las decisiones oportunas”, que van desde la anulación de oficio hasta la declaración de lesividad, anulación, rescisión, recurso o confirmación, dependiendo de cada caso particular.

Entre los contratos que estudiarán los populares, está el del hijo de Fernández Vaquero, veterano del PSOE de Castilla-La Mancha que ha ocupado el puesto número tres de la lista de José María Barreda en los últimos comicios autonómicos. Encuadrado en la corriente de los bonistas fue denunciado por el sindicato Manos Limpias en julio de 2008 ante Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción. En el escrito se pedía que se ampliaran las actuaciones dirigidas contra el ex alcalde de Seseña, José Luis Martín (PSOE), a cuatro personas más: Francisco Hernández El Pocero, Jesús Fernández Vaquero, Emiliano García Page, alcalde de Toledo, y José Bono. Según el colectivo de funcionarios, el hoy vicesecretario provincial de los socialistas toledanos utilizó “un fax y un despacho del Parlamento regional para agilizar y tramitar la aprobación y concesión de licencias a El Pocero”. Hernando fue promotor del PAU de El Quiñón. En lo referente a Bono, Manos Limpias –que ya había llevado a la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2006 al ex jefe del Gobierno castellanomanchego y otros altos cargos por el “pelotazo urbanístico” de El Quiñón– basaba su acusación en una grabación donde aparecían máquinas de El Pocero haciendo trabajos en la finca Hípica Almenara, propiedad del ex ministro, en lo que “podría constituir un pago en especie o dádiva” al presidente del Congreso, precisaba el escrito del sindicato de funcionarios.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)