El Tribunal de Cuentas revela deficiencias en las subvenciones a ONG de inmigración.

El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe en el que revela "deficienias" y "debilidades" así como falta de control interno y "discrecionalidad" en la concesión de subvenciones a ONG para la atención de inmigrantes y refugiados por parte de la extinta Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y, en concreto, de su Dirección General de Integración de Inmigrantes (DGII).

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, analiza partidas por importe superior a 60,5 millones de euros concedidas en 2007 a un puñado de ONG --CEAR, Cruz Roja Española, Vomade, La Calle, Rumiñahui, ACCEM y ATIME, entre otras-- con cargo al Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración aprobado aquel año, y concluye que los procedimientos "adolecieron de diversas debilidades de control interno", en muchos casos, por "falta de personal". Según el texto, estas carencias "impidieron garantizar la adecuación de la gestión de estas subvenciones a los principios de publicidad, transprencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como a los de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos".

Estos problemas de control se dejan ver especialmente en la comprobación por parte de la administración de que se han ejecutado las actividades financiadas y que se ha justificado cada euro gastado. Sobre el primer asunto, la DGII emprendió visitas "con carácter general, escasas" y su plan de seguimiento fue "insuficiente e inadecuado para garantizar la efectiva realización de actividades subvencionadas". En cuanto al dinero, en las subvenciones por concurso se han producido, entre otros problemas, "demoras" en la revisión de la justificación de gastos, falta de verificación de la aportación de financiación externa comprometida por las ONG, y "defectos de justificación generalizados". En las subvenciones directas, los controles han sido de tipo formal, "no habiéndose efectuado comprobación alguna sobre justificantes de gasto".

No obstante, las incidencias, que varían en índole y gravedad, se detectan en todas las fases del procedimiento. Así, tanto en la redacción de las bases reguladoras como en la instrucción de expedientes, el Tribunal ha encontrado "deficiencias" como la admisión de solicitudes presentadas fuera de plazo que, finalmente, fueron adjudicatarias de los fondos.

En este sentido, en las subvenciones concedidas de forma directa, el 70% del total, el Tribunal revela que no se hicieron estudios previos sobre los costes unitarios de las actividades y servicios, ni sobre el número de posibles beneficiarios para calcular lo que se debía asignar, como tampoco se contó con instrucciones internas para evaluar objetivamente las solicitudes. Es decir, "se produjo un significativo grado de discrecionalidad tanto en la selección de las entidades beneficiarias como en la asignación de las cuantías subvencionadas a cada una de ellas" lo que compromete, entre otros principios, los de transparencia, eficacia y eficiencia, tal y como explica el informe.

Falta de eficiencia

Sobre esta falta de eficiencia, el Tribunal pone como ejemplo la ausencia de planes plurianuales. CEAR recibió fondos para construir un centro de acogida en 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Sólo en 2007 fueron 806.000 euros. "Esta forma de proceder, otorgando año tras año subvenciones para la construcción de este centro, ha supuesto, en la práctica, una demora en su finalización, un encarecimiento importante en sus costes y un alto grado de inseguridad jurídica para el beneficiario de la subvención", explica. Además, el informe revela que las entidades suelen reformular sus proyectos una vez han recibido la subvención, elaborando una "memoria adaptada" a los fondos asignados por la DGII. Esto supone "una reformulación de facto" de la documentación económica presentada inicialmente con la solicitud de subvención, lo que, según el Tribunal, "desvirtúa en la práctica el régimen de concurrencia competitiva" ya que las condiciones presentadas por las ONG "varían sustancialmente" respecto de las que finalmente ejecutan.

Pese a ello, "no existe constancia de que la DGII realizase algún tipo de control sobre las memorias adaptadas para validar la desviación de costes existente ni para analizar los cambios de actividades y costes unitarios".

A juicio del Tribunal, estas deficiencias "cuestionan el rigor de los presupuestos presentados" por las ONG. "Existe un riesgo significativo de que las reformulaciones realizadas por los beneficiarios no estén respetando el objeto, las condiciones y la finalidad de la subvención tal como exige la Ley General de Subvenciones, lo que afectaría asimismo, al cumplimiento de los principios de eficiencia y economía que deben presidir la aplicación de los fondos públicos", reza el informe.

El Tribunal también apunta que la DGII ha permitido que las entidades realizasen modificaciones los programas objeto de subvención fuera de plazo, que se hayan tramitado cambios de este tipo sin fecha de registro e incluso que las ONG hayan traspasado fondos del programa subvencionado a otro de su elección aun cuando no estaba incluido entre los aprobados en la convocatoria de ayudas.

"También se han detectado modificaciones en los programas de facto, sin autorización de la DGII y no se ha incoado expediente sancionador", señala. No son las únicas deficiencias encontradas en las entidades que recibieron subvenciones en 2007 y, aunque el Tribunal encuentra motivos para haber investigado "numerosos supuestos en los que entidades podrían haber incurrido en acciones u omisiones susceptibles de constituir infracciones administraivas" casos, la DGII no abrió en ese tiempo ni un sólo expediente sancionador.

"Sólo había incoado procedimientos de reintegro de subvenciones" para la justificación de las ejecutadas aquel año, "no habiendo iniciado procedmiento de reintegro alguno en el resto de las líneas de subvención que gestiona", tal y como señala el informe. Con todo, en ese tiempo se produjeron "múltiples ingresos" al Tesoro Público de dinero que, voluntariamente, devolvían las ONG aunque "en ningún supuesto" la Dirección General exigió los intereses de demora que contempla la legislación.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)