El Ayuntamiento de Toledo ficha a la procuradora de la querella contra Bono.

La empresa De Lucas y Benítez SC, adjudicataria de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Toledo, ha contratado a la procuradora Marta Graña Poyán, tal y como adelantó LA GACETA. Esta profesional representaba a Ciudadanía Anticorrupción en la querella contra la hípica Almenara.

Curiosamente, este cambio profesional de Graña Poyán se produce justo en el momento en el que adquirió relevancia mediática la admisión a trámite de la querella por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Toledo. En este contexto, el alcalde socialista de Toledo, Emilio García-Page, es un hombre de confianza de Bono, pues en 1997 fue nombrado consejero de Obras Públicas.

Según ha reconocido la procuradora en un medio digital: “La empresa De Lucas y Benítez SC, con cuyos letrados mantengo una relación profesional desde hace más de 10 años, me informaron que tenía un contrato para ser procurador del Ayuntamiento de Toledo”. Por tanto, “se me otorgaba un poder para pleitos con ese fin”, subraya.

“Qué duda cabe que el cambio de cliente supondrá un aumento de los ingresos de la procuradora, ya que a más pleitos más retribución”, comentan a este diario fuentes jurídicas. Es más, “hay procuradores que valoran un cliente que tenga muchos asuntos”, señalan. En este sentido, Antonio Panea, presidente de Ciudadanía Anticorrupción, manifestó a LA GACETA su alegría por el hecho de que para la procuradora le haya supuesto una mejora profesional el hecho de haber llevado el pleito contra Hípica Almenara.

Renuncia

En otro orden de cosas, Marta Graña ha reconocido que “el motivo de su renuncia a continuar con los querellantes de Bono no es otro que su rechazo a participar en la enorme publicidad que en los medios de comunicación se está dando a este procedimiento”. Para la procuradora, “esto va en contra de su deontología profesional”. Además, su renuncia “no es debida a presiones ni a estratagemas del alcalde”, dice.

Llama la atención este comentario sobre la publicidad del asunto porque, según fuentes jurídicas, “se trata de una excusa porque a nivel local, en Toledo, tendrá mucha más publicidad por los pleitos en los que se persone como por ejemplo, urbanismo, basuras, impuestos, licencias, etcétera”. En este sentido, se preguntan “cuando eso ocurra, qué hará con su deontología profesional”.
Por otra parte, un portavoz del Colegio de Procuradores de Madrid explicó ayer que “los procuradores no tienen un sueldo tipo y es muy difícil extrapolar un salario medio, ya que depende de muchos factores”. Es más, “ingresan dependiendo de unas tarifas arancelarias fijadas por el Gobierno y cobran dependiendo del número de casos que lleven y de su cuantía”.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)