El fiscal del chivatazo a ETA pidió el archivo de la causa sin ver una de las pruebas clave.

El fiscal del chivatazo a ETA, Carlos Bautista, pidió el archivo de la causa el 1 de octubre de 2009 sin haber visto previamente una de las pruebas principales, el vídeo que grabó la entrada del bar Faisán durante aquel conflictivo 4 de mayo de 2006. Así lo recuerdan hoy fuentes de Dignidad y Justicia, asociación que ejerce la acusación popular y que, al levantarse el secreto del sumario a finales de 2009, se interesó por la cinta, almacenada en el Tomo 8 de la causa.

El citado tomo recopilaba también el informe principal elaborado por el jefe de la investigación, Carlos Germán, razón por la que siempre se mantuvo en una caja fuerte. Tras permitirse el acceso a las partes, Dignidad y Justicia reparó en la cinta y observó que mantenía aún el precinto policial, por lo que no había sido visionada hasta ese momento.

Las abogadas de la acusación popular solicitaron vía diligencia ver el vídeo. Fue entonces cuando se pasó la grabación por primera vez, pero estaba a cámara rápida. Dignidad y Justicia volvió a reclamar un visionado a velocidad normal y, cuando los agentes de Policía trajeron un aparato para ralentizar la imagen, el vídeo fue visto por primera vez. Fue en ese momento cuando los presentes detectaron los polémicos cortes.

A pesar de no haber visualizado una de las principales pruebas del delito, el representante del Ministerio Público entendió, como dijo en su escrito del 1 de octubre de 2009, que “agotada la investigación, no siendo necesaria la práctica de nuevas diligencias y no concurriendo claros indicios incriminatorios que acrediten la participación de persona alguna en los hechos que se investigan, resulta procedente –una vez levantado el secreto de las actuaciones y cumplido el trámite de traslado a las acusaciones populares personadas– acordar el sobreseimiento provisional y archivo de la causa”.

Fundido a negro

El vídeo contiene dos cortes o fundidos a negro. Uno de tres minutos y otro de 16 segundos. El primero, teniendo en cuenta el desajuste de tres minutos que tenía el reloj de la cámara, se produjo entre las 1.52 y las 10.55 horas. El segundo, de 11.11.12 a 11.11.28 horas de aquel 4 de mayo de 2006. El chivatazo, según apuntó el Ministerio Público, se produjo supuestamente entre las 11.10 y las 12 horas de ese mismo día. De ahí que Dignidad y Justicia considerara que los fundidos a negro fueran registrados en un momento clave.

La Guardia Civil, de hecho, consideró que los cortes no fueron “accidentales”, sino fruto de la manipulación; y que se llevaron a cabo mientras se realizaba la grabación.

La cinta fue controlada en todo momento por el equipo de investigación de la Policía Nacional, dirigido por el hoy comisario Carlos Germán, quien antes había estado al frente de la operación frustrada contra el aparato de extorsión de ETA. Esta operación, liderada por el juez Fernando Grande-Marlaska, estaba prevista para ser ejecutada el 4 de mayo de 2006. Sin embargo, un chivatazo alertó al colaborador de ETA y dueño del Faisán, Joseba Elosúa, de lo que estaba en marcha. Elosúa abortó los movimientos de dinero procedente de la extorsión que se disponía a hacer y, por lo tanto, la Policía paralizó la operación.

La investigación de Germán llevó a que el anterior instructor del caso, Baltasar Garzón, imputara a tres mandos policiales: el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector de Vitoria José María Ballesteros. El cruce de llamadas entre los tres durante aquella jornada y el hecho de que Ballesteros se encontraba aquel día en la zona del Faisán llevaron a Germán a concluir que el inspector había entregado un teléfono móvil a Elosúa para que este hablara durante unos minutos con Enrique Pamiés, quien supuestamente le habría dado el soplo.

Tras la recomendación del fiscal de archivar la causa, Dignidad y Justicia solicitó al juez llevar a cabo una comisión rogatoria para pedir a la magistrada antiterrorista Laurence Le Vert un informe con su versión. Esta diligencia permitió mantener la causa abierta a pesar de la pasividad de Garzón. La comisión rogatoria no llegó hasta que el juez Pablo Ruz sustituyó a Garzón –suspendido cautelarmente– al frente del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.

Los informes de Le Vert se componían de 645 folios, de los cuales Ruz declaró secretos nueve. A esta parte no han podido acceder durante el último mes y medio nada más que el instructor y el Ministerio Público. El contenido de estos nueve folios se ha mantenido en el más estricto secreto durante este tiempo. No ha ocurrido lo mismo con la otra parte que aún se mantiene bajo llave: el informe enviado por Germán al juez Ruz en el que supuestamente –según han publicado algunos medios– se ve a Ballesteros salir del bar Faisán poco después del momento en el que presuntamente se llevó a cabo la delación.

Además de la Guardia Civil –que calificó de “no accidentales” los citados cortes– también puso en duda la profesionalidad de Germán su superior jerárquico, el ex jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) José Cabanillas, quien acusó a su subordinado de querer borrar pruebas. En concreto, aseguró que Germán le había pedido eliminar la baliza situada en el coche de Elosúa, que grabó cómo el dueño del Faisán confesaba a su yerno haber recibido un soplo de un policía tan sólo unos minutos antes.

La citación de Camacho continúa en el aire

El juez Pablo Ruz ha denegado en dos ocasiones la petición de la acusación popular de llamar a declarar al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, a pesar de ser el titular de la línea de teléfono que aquel 4 de mayo de 2006 contactó en varias ocasiones con el director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, imputado en la causa.

El recurrente, Dignidad y Justicia, sin embargo, no tira todavía la toalla y prevé recurrir ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Tres magistrados decidirán por lo tanto si revocan la decisión de Ruz y la apoyan. Se trata de la misma sala que contradijo a Baltasar Garzón y le ordenó cursar la comisión rogatoria a la jueza antiterrorista gala Laurence Le Vert, un formalismo que evitó al ex titular del Juzgado número 5 dar carpetazo al caso durante un año, ya que estaba obligado a esperar a que llegara la respuesta de Francia.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)