La Audiencia Nacional decidirá si se deshace del chivatazo a ETA el 20-S.

Ya hay fecha para la decisión judicial más esperada y que más puede influir en la campaña electoral del 20-N. Será el 20 de septiembre cuando se reunirán todos los jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En sus manos está, nada menos, el futuro del recorrido judicial del chivatazo a ETA, más conocido como caso Faisán. Ayer, el presidente de la sala, Javier Gómez Bermúdez, anunció su decisión de convocar el Pleno para esa fecha.

El pasado julio, el juez instructor de la causa, Pablo Ruz, procesó por revelación de secretos y encubrimiento o colaboración con banda armada al ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros.

Tanto sus defensas como la Fiscalía recurrieron esa decisión. Lógicamente, los defensores reclamaron la retirada de todos los cargos. Y el fiscal Carlos Bautista pidió que se retirase sólo el cargo por colaboración con ETA. Su tesis para esa petición, basada en una circular del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, es que para que exista colaboración debe haber una “afinidad ideológica” entre los terroristas y los acusados.

La cuestión es clave, porque si los acusados siguen procesados por colaborar con ETA, el juicio deberá celebrarse en la Audiencia Nacional, que tiene la competencia en asuntos de terrorismo. Si, por el contrario, se retira el procesamiento por colaboración –como pide la Fiscalía–, la causa viajará hasta un pequeño juzgado de Irún, con la consiguiente pérdida de importancia y relevancia del caso.

En un primer momento, debían decidir al respecto los magistrados de la Sección Tercera, que hasta ahora siempre se han mostrado favorables a las tesis de las acusaciones y contrarios a las de la Fiscalía. Y ahí apareció en escena Gómez Bermúdez, que decidió el 26 de julio elevar al Pleno el estudio de los recursos, dada su “complejidad e importancia jurídica”.

En el acuerdo firmado ayer por Gómez Bermúdez se habla de la “totalidad de los magistrados”. Es decir, deberán acudir a deliberar los 18 jueces que conforman la Sala de lo Penal. Sin embargo, la decisión está en manos de sólo 14 de ellos, ya que los cuatro que pertenecen a la Sección Tercera –la encargada de juzgar el asunto si este se queda en la Audiencia– no votarán.


Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)