“El mayor expolio en la historia del Archivo de Salamanca ha sido consumado. A escondidas y de madrugada, como de costumbre en quienes roban y tienen mala conciencia”. Así describe para LA GACETA lo sucedido el 20 de julio Policarpo Sánchez, uno de los investigadores privados que mejor conocen lo que ha pasado en el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), la sede del Archivo Histórico Nacional que agrupa todo lo relacionado con la Guerra Civil y el franquismo.
Sánchez es conocido por la investigación con la que documentó cómo el FC Barcelona se salvó de ser colectivizado por la CNT durante la Guerra Civil. Este salmantino asegura, sin embargo, que desde hace un par de años se siente acosado al investigar en el CDMH porque se atrevió a pedir “al Ministerio de Cultura que me detallara el fondo documental que se iba a trasladar a Cataluña, porque tenía claro que los papeles que se estaban preparando vulneraban la ley”.
Ley de restitución
Los envíos de papeles del Archivo Histórico Nacional a Cataluña y el País Vasco se amparan en la ley de restitución de documentos y de creación del CDMH de 26 de diciembre de 2008. Pero Policarpo Sánchez asegura que se han enviado decenas de miles de documentos que nada tienen que ver con Cataluña, y lo documenta con una decena de carnés de sindicalistas de localidades no catalanas.
Un ejemplo de traslado indebido sería, según Sánchez, el de la caja 566 de la Sección Político Social, con la documentación personal del segundo vicesecretario de la UGT y presidente de la Casa del Pueblo de Madrid, Edmundo Domínguez Aragonés. Aunque desarrolló todo su trabajo en Madrid, en 1938 se desplazó por un corto periodo de tiempo a Barcelona, antes de huir a Francia y México, donde murió. Este traslado bastó como excusa para catalogarlo como un particular catalán y llevarse la documentación.
Desde el Ministerio de Cultura no han querido comentar las afirmaciones de Policarpo Sánchez, ya que “todos los directivos están en Paraguay”. Por su parte, la directora del CDMH, María José Turrión, aseguró a LA GACETA que el trabajo del técnico de la Generalitat de Cataluña que ha seleccionado la documentación “cumple todos los requisitos de rigor científico”. En todo caso, Turrión asegura que lo que dice Sánchez acerca de que la documentación no sea catalana es “opinión suya”, que lo que se envía es “lo que aprueba el patronato. Yo lo único que hago es cumplir la ley”.
Secretismo
El investigador salmantino asegura que se ha sacado mucha más documentación de la declarada, recurriendo en algunos casos a dejar un único papel en una caja, para no incluirla entre las expoliadas. “Se ha descuartizado el patrimonio documental de los españoles y se ha mentido, con las declaraciones de Sinde afirmando que es un acto de justicia histórica. Me sentí indignado. No sólo es un robo. Además mienten”.
Para Policarpo Sánchez, el que los envíos se hagan sin previo aviso y de madrugada es un indicio de su ilegalidad. Pero esta es manifiesta en el número de cajas, que ha podido contar en el último traslado, el 20 de julio. En lugar de las 365 declaradas, fueron 726 cajas, que contenían aproximadamente 800.000 documentos.
En casi todos los casos, este investigador constata que los envíos se producen en vísperas de acciones parlamentarias en las que CiU apoya al Gobierno de Zapatero: “Papeles por votos, como siempre. Los ciudadanos de Cataluña son los primeros que deben repudiar lo ocurrido”.
El resumen del expolio, según Sánchez es este: 19 de enero de 2006, 507 cajas; 22 de diciembre de 2008, 120 libros; 26 de mayo de 2010, 270 cajas, más 589 libros; 26 de noviembre de 2010, 549 cajas; 20 de julio de 2011, 726 cajas.
Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)
miércoles, 3 de agosto de 2011
Sinde sustrajo ilegalmente miles de documentos del Archivo de Salamanca.
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