Pedraz cita como testigo al cura que convocó la marcha por los presos de ETA.

El magistrado, que ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía, interrogará al sacerdote en calidad de testigo, ya que fue el encargado de solicitar el permiso administrativo para que pudiera celebrarse la marcha.

Placer Ugarte es profesor de Teología y pertenece a la denominada Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria. En julio pasado firmó un escrito, en nombre de este grupo y de los colectivos Comunidades Populares y Herria 2000 Eliza, para solidarizarse con el teólogo franciscano José Arregui, quien fue sancionado por criticar la designación de José Ignacio Munilla como obispo de San Sebastián.

La marcha, en la que participaron decenas de miles de personas, fue convocada por un centenar de personas de la denominada plataforma 'Euskal presoak euskal herrira eskubide guztiekin. Egin dezagun urratsa' (Los presos políticos vascos al País Vasco con todos sus derechos. Demos un paso adelante). Además, contó con el apoyo de formaciones políticas como Eusko Alkartasuna, Aralar, Batasuna, Alternatiba y Abertzaleen Batasuna (AB).

Querella de la fiscalía
La Fiscalía presentó el pasado lunes una querella a partir de las informaciones difundidas por varios medios de comunicación que aseguraban que durante el desarrollo de la convocatoria se exhibieron fotografías de miembros de ETA, entre ellas las del preso más antiguo de la banda, José María Sagarduy, 'Gazta', y que se corearon lemas "claramente identificados con los postulados ideológicos" de la banda terrorista.

El juez Pedraz, que permitió la marcha argumentando que tenía el objetivo "legítimo" de reclamar "una modificación de la política penitenciaria", también ha solicitado a la Policía, la Ertzaintza y la Guardia Civil que le remitan informes sobre el desarrollo de la manifestación.

De igual modo, ha pedido a todas las televisiones nacionales y a la autonómica ETB que le envíen las imágenes que grabaron durante la marcha, con el objetivo de comprobar si durante la misma se exhibieron fotografías de etarras y se corearon lemas a favor de la banda terrorista ETA.

"Humillación a las víctimas"
A juicio del departamento dirigido por Javier Zaragoza, estos actos "quebrantan los límites impuestos por la decisión judicial" de autorizar la marcha, dado que "pueden ser considerados como constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo y/o humillación a las víctimas".

El magistrado autorizó el pasado viernes la marcha a partir de un informe de la Policía Nacional que no advertía conexiones de los convocantes con la ilegalizada Batasuna. En todo caso, pidió a la Delegación del Gobierno en el País Vasco y a la Ertzaintza que evitaran la comisión de actos delictivos durante la misma y el ensalzamiento de la organización terrorista.

Pedraz argumentaba en su auto que no había "base para apreciar que tras la convocatoria se encuentre ETA u otra organización terrorista a ella asimilada, ni aún que se pretenda una exaltación de las mismas o sus métodos ni de sus autores". Tampoco entendía que la marcha pudiera conllevar "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas".

La prohibición de la manifestación fue solicitada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia (DyJ) y Voces contra el Terrorismo (VCT), que argumentaron que su celebración supondría el enaltecimiento de las actividades delictivas de la banda.

Denuncia de las víctimas
A la querella presentada por el Ministerio Público se han sumado las planteadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia. La AVT hacía referencia en su escrito a la exhibición de una imagen de grandes dimensiones del etarra 'Gatza', así como de otros presos.

Por su parte, Dignidad y Justicia, indica que durante la marcha se mostraron también fotografías de Juan Pablo Dieguez, 'Juanpa', condenado a 7 años de prisión por un delito de colaboración. Piden al juez, además de las diligencias ya solicitadas por la Fiscalía, que inste al Ayuntamiento de Bilbao a que envíe las imágenes que grabaron las cámaras de seguridad situadas en la vía pública.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)