Camacho planea desmarcarse del chivatazo con la excusa de que agentes de Policía usan su móvil.

Fuentes policiales consultadas por LA GACETA aseguran que el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, pretende negar su presunta implicación en el chivatazo a ETA utilizando el argumento de que agentes de la Policía Nacional también usan su teléfono móvil. Incluso, desde la Comisaría General de Información se da por hecho que el número de teléfono que utiliza habitualmente Camacho, el 686749XXX, está a nombre de un inspector del Cuerpo Nacional de Policía.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga el soplo a ETA del bar Faisán, ordenó el pasado martes la identificación de tres números de teléfono cuya titularidad corresponde a la Subsecretaría del Ministerio del Interior: se trata del citado número y de otros dos, uno móvil y otro fijo. El usuario del segundo móvil es, al parecer, un asesor de Camacho. Y el número fijo es el de la centralita del Ministerio.

La presunta responsabilidad política de Interior en el soplo a ETA queda en evidencia teniendo en cuenta que entre el 3 y 4 de mayo de 2006 –día anterior y día del chivatazo, respectivamente– hubo la friolera de 17 llamadas entre los tres números de teléfono ahora investigados y los números utilizados por dos de los imputados en el caso: el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el director general de la Policía, Víctor García Hidalgo.

No obstante, el gran problema para desentrañar la autoría del chivatazo es que es materialmente imposible que se conozca el contenido de esas conversaciones entre los imputados y los miembros de Interior, con Camacho a la cabeza.

“El tráfico de llamadas prueba que desde Interior se habló con los acusados, pero no tiene ninguna trascendencia para el futuro juicio, ya que no hay manera de demostrar si hablaron del chivatazo o de cualquier otra cuestión”, aseguran desde fuentes jurídicas implicadas en este caso.

“Una cosa es la responsabilidad política, que parece clara y es cosa de los políticos, pero otra bien distinta es la responsabilidad penal, en la que va a ser muy complicado que se vean implicados los miembros de Interior”, arguyen desde fuentes policiales.

Sólo podría cambiar el rumbo de la cuestión el hecho de que las conversaciones telefónicas estuviesen grabadas, extremo que, de momento, no consta.

¿Al juzgado?

El juez Ruz dio un plazo de 15 días al equipo de investigadores del chivatazo para que identifiquen a los usuarios de los tres teléfonos de la Subsecretaría de Interior. Una vez que los agentes informen al juez, este presumiblemente pedirá a los usuarios de los teléfonos que testifiquen para avanzar en las investigaciones, según dejó claro el juez en su auto del pasado martes.

Así pues, no es nada descabellado que el número dos de Interior tenga que explicarle a Ruz por qué habló con los presuntos autores del chivatazo a ETA el día en que se produjo. Se lo pregunten o no a Camacho, que de momento guarda silencio ante los datos que le involucran, la gran cuestión es si él recibió la orden de su superior, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

La responsabilidad de Camacho y Rubalcaba, señalados por el Partido Popular una y otra vez como verdaderos responsables del soplo, quizás no pueda ser demostrada en sede judicial. Pero los agentes tienen claro que hubo órdenes políticas para que se produjera una delación de tal calibre. Todos los sindicatos policiales han coincidido una y otra vez en apuntar que un agente jamás haría algo así si no fuera porque alguien se lo ha ordenado.

Desde el principal partido de la oposición se empeñan en apretar las tuercas al Gobierno y al PSOE para que aclaren qué ocurrió aquel 4 de mayo de 2006, en pleno desarrollo del mal llamado proceso de paz. De ahí que los populares vayan a seguir preguntando en el Congreso de los Diputados a Rubalcaba, como llevan haciendo desde hace meses los diputados Ignacio Gil Lázaro e Ignacio Cosidó.

En concreto, el vicepresidente primero y titular de Interior tendrá que contestar a dos preguntas del PP en la sesión plenaria del próximo miércoles. La primera de las cuestiones es relativa precisamente a la presunta implicación de Camacho en la delación. A Rubalcaba ya le preguntaron hace tiempo en sede parlamentaria por el tráfico de llamadas entre Camacho y los imputados en el caso, pero respondió, simple y llanamente, que “no es raro” que hablasen entre ellos dados los cargos que ocupan.

La segunda de las preguntas tendrá que ver con las presuntas contradicciones en las que han incurrido los mandos policiales al referirse al chivatazo. En ambos casos, es de prever que Rubalcaba seguirá con su política de negarlo todo, defender la política antiterrorista del Gobierno –como hizo esta misma semana– y acusar a los populares de irresponsables por poner en solfa a las Fuerzas de Seguridad.

Fuentes populares añaden que la ofensiva del partido para pedir explicaciones sobre este turbio asunto se van a extender al País Vasco, para intentar forzar que el Ejecutivo de Patxi López “se moje de una vez” sobre el soplo a ETA. Como reveló este diario, el juez también busca en estos momentos un informe elaborado por Asuntos Internos que podría vincular a miembros del PSOE con los agentes que presuntamente perpetraron el soplo a los terroristas.

Diligencia

De momento, se trata de una suerte de informe fantasma, teniendo en cuenta que el juez no ha podido acceder al mismo, pese a que agentes de Policía confirman que existe. Las fuentes consultadas insisten en que ese documento que ahora no aparece fue entregado en su momento en la Audiencia Nacional. Asuntos Internos debe dar cuenta al juez del paradero del informe antes de que acabe esta semana.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)