Los contribuyentes pagaremos más de 80 millones de euros por los abortos de 2011.

El caso Morín, que inundó de sangre los periódicos a partir de la detención de este doctor el 26 de noviembre de 2007, dejó claro que las condiciones de la anterior legislación abortista no se cumplían. Testimonios como el publicado por LA GACETA el 29 de enero, muestran que la nueva ley tampoco se cumple en la principal clínica abortista de España, Dator.

Entonces, una joven afirmaba que, tanto a ella como a las demás mujeres que acuden a esa clínica, se les miente sobre la edad fetal, para que quepa dentro de las 14 semanas del nuevo aborto libre. En su caso, le mintieron sobre el estado de salud del feto, incumpliendo otras exigencias de la ley y presionándola para abortar.

Para el Gobierno, sólo importa cumplir el compromiso de pagar el aborto con fondos públicos. Sin que, a cambio, se ejerza el más mínimo control sobre las clínicas.

Sin balances

Las empresas abortistas no se caracterizan por su transparencia respecto a Hacienda, que nunca las ha investigado. Entre las 65 que aparecen en el registro del Ministerio de Sanidad por haber declarado abortos en 2009 –último año con estadísticas– hay una decena que ni siquiera están inscritas en el registro mercantil.

Un ejemplo es la clínica Climent de Pontevedra, que además provoca el equívoco de que pueda pertenecer al doctor Antonio Climent, del hospital Povisa de Vigo, que ayer mismo confirmaba a LA GACETA que no hace abortos. Supuestamente, esa clínica fantasma debe ser propiedad de Elías García Climent, que se presenta como representante en Galicia de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción (del embarazo, palabra que se cae del acrónimo ACAI).

Entre las que sí son empresas, hay clínicas que no presentan balances, como Ginemur (Murcia), Les Corts (Barcelona), o Centro Médico Valenciano; y otras cuyos datos más recientes son de 2003 (Casanovas, Barcelona) o 2005 (El Bosque, Madrid).

Negocio boyante

Las que sí presentan balance, como puede verse en el gráfico, no pueden quejarse de sus resultados. Los ingresos de Dator en 2005 superaron los cinco millones, con un aumento interanual del 15%, y acumulado del 72% en tres años. Las hay pequeñas, como Scala 2000 (Málaga), con aumento de ingresos del 31% en un año.

Los abortistas cuentan ahora con la garantía del pago con dinero del contribuyente. Sólo dos Administraciones han presupuestado cuánto gastarán en abortos, y no prevén que la cifra disminuya, como prometía Aído. Andalucía prevé un aumento del 31,5%, y Castilla y León del 24%. Los datos reales se publicarán a fines de 2012. Será tarde para los entre 138.000 y 147.000 fetos (según a qué estimación nos acojamos) que perderán la vida este año.




Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)