El juez Ruz interrogará a policías y guardias civiles en el caso Faisán.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará a los policías y guardias civiles que redactaron los informes sobre los cortes que presenta el vídeo grabado a las puertas del bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa), en el que el 4 de mayo de 2006 se produjo un chivatazo policial al aparato de extorsión de la banda terrorista ETA.

El magistrado, que ha citado a los agentes a partir de las 10.30 horas en calidad de peritos, pretende que estos ratifiquen sus respectivos análisis a fin de poder contrastar sus versiones sobre el origen de los cortes, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Según la Guardia Civil, los cortes no fueron "accidentales" y se produjeron en el momento en que se estaba realizando la grabación, que corrió a cargo del equipo de investigación que dirigía el entonces inspector Carlos G., tal y como consta en un informe que entregaron en el juzgado el 11 de febrero pasado. Su examen concluye que la manipulación fue realizada en el mismo momento en que se produjo, lo que apuntaría a que fue realizada por algún miembro del equipo conjunto de investigación.

La Comisaría General de Policía Científica, por su parte, remitió el 23 de noviembre de 2009 un informe elaborado por su Sección de Tecnología de la Imagen en el que sostenía que los cortes podrían haberse producido "por agentes externos, accidentalmente o por deterioro". En un informe ampliatorio entregado el 9 de febrero, añadía que existen otras nueve cintas correspondientes a los días anteriores y posteriores al chivatazo, en cuatro de las cuales también aparecían cortes. Los agentes atribuyeron las deficiencias a la detención manual de la grabación, la desconexión voluntaria del cableado o el deterioro o mal funcionamiento de las cintas.

VIGILANCIA A ELOSÚA

En el escrito que presentó el 1 de octubre de 2009 para solicitar el archivo de la causa por falta de autor conocido, el fiscal Carlos Bautista ponía de relieve que "la dirección del equipo conjunto" estableció un dispositivo de vigilancia personal o electrónico ante el bar Faisán pero no así en el domicilio del receptor del chivatazo, Joseba Elosúa. De igual modo, indicaba que el establecimiento tenía "dos entradas" y que la cámara policial "sólo enfocaba la entrada principal".

La prueba, que se denomina en las actuaciones "cinta de vídeo/vigilancia número 122", está grabada en formato VHS. Según fuentes de la causa, fue visionada en presencia del juez Baltasar Garzón en la última semana de octubre de 2009 y su primera reproducción se produjo a cámara rápida. Entonces, el funcionario policial que lo custodiaba aseguró que la cinta no había sufrido ningún deterioro tras la grabación, tal y como ahora ha confirmado la Guardia Civil.

En concreto, el vídeo de vigilancia del bar 'Faisán' de Irún presenta dos cortes de tres minutos y 16 segundos, respectivamente, que afectarían, según la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce la acusación popular en la causa, a un momento "clave" de la investigación.

El primero correspondería, teniendo el cuenta el desfase horario de tres minutos que tenía el reloj de la cámara, a la grabación que se realizó entre las 10.52 y 10.55 horas del 4 de mayo de 2006, día en que se iba a desarrollar la operación contra el aparato de extorsión de ETA. El segundo, de 16 segundos, comprendería entre las 11.11.12 horas hasta las 11.11.28. Según la Fiscalía, la supuesta "filtración" pudo producirse entre las 11.10 y las 12.00 horas de ese día.

En la causa están imputados por los delitos de revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público (penado con hasta tres años de cárcel) y colaboración con organización terrorista (castigada con un máximo de diez) el ex director general de Policía y dirigente del PSE Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava.

EL JUEZ TAMBIÉN PREGUNTÓ A CARLOS G.

El juez Ruz encargó el análisis de los vídeos el pasado 24 de enero

al objeto de que las conclusiones del Cuerpo Nacional de Policía pudieran ser "confirmadas o rebatidas" por la Guardia Civil y así saber si los cortes de imagen fueron "simultáneos a la grabación original" o se produjeron "con posterioridad".

También quería conocer la "intencionalidad o accidentalidad" de estos cortes, y en caso de ser posible, si existía alguna técnica audiovisual por la que pudiera llevarse a cabo "la recuperación de imágenes borradas de la grabación original".

De hecho, en el citado auto el magistrado solicitó al equipo policial de Carlos G. un informe ampliatorio en el que le pedía que detallara las razones por las que la imagen de la persona que supuestamente llevó a la delación no había sido registrada. De igual modo, solicitaba a los investigadores que le remitieran una "certificación de la cadena de custodia" de la cinta y que identificaran a "los funcionarios o terceros" que se hicieron cargo de este material o tuvieron acceso a él hasta su puesta a disposición del juzgado.



Fuente: Europa Press (www.europapress.es)