Aumenta el número de clínicas abortistas tras la aprobación de la ley.

La crisis no afecta al negocio del aborto en España. Desde que la situación económica empeoró en 2007, y, tras la aprobación de la ley de 2010 que permite a las mujeres mayores de 16 años abortar libremente sin la necesidad del consentimiento de sus padres, ocho centros médicos han solicitado a sus respectivos Gobiernos autonómicos la autorización para la práctica de abortos. Además de los nuevos, otros centros que desarrollaban otras actividades, como las operaciones estéticas, han diversificado su negocio, e incluso algunos los han reconvertido.

Tres de las nuevas clínicas, nacidas en los últimos años, son catalanas: la Clínica Dalmases y la Clínica Ginecológica de Sants se ubican en Barcelona, y el Centro Médico Eira, en Tarragona. Los cinco centros restantes son la Aurora Clínic, ubicada en Baleares; la Clínica Los Lagos, en Cantabria; la Clínica Trotula Ruggiero en Almería; la Clínica Arce en La Coruña y, en Madrid, la Policlínica Retiro. En esta última, por ejemplo, el aborto con anestesia local a las 12 semanas cuesta 310 euros, y con anestesia total 100 euros más. Si el aborto se realiza con un fármaco, la mujer debe pagar 365 euros.

En la Clínica Dalmases los precios son más altos, y el coste puede alcanzar los 2.400 euros si el feto tiene 22 semanas y se emplea sedación.

La responsable administrativa del Centro Médico Eira, con una plantilla de 15 empleados, asegura a LA GACETA que “el centro es de 2008. Uno de nuestros ginecólogos llevaba tiempo trabajando en una clínica de este tipo en Barcelona y decidió hacer interrupciones por su cuenta”.

En España se realizaron 115.812 abortos en 2008. Con un coste medio de 500 euros por aborto, el volumen de negocio anual arroja un resultado mínimo de 57.906.000 euros, aunque la realidad es que la cifra de beneficios es desconocida. Al respecto, el Instituto Efrat realizó un estudio por encargo de la Confederación Nacional Católica de Padres de Familia y Alumnos y el Foro Español de la Familia, y el analista David del Fresno aseguró que, en muchas ocasiones, los abortistas “no entregan factura” y son “opacos” sobre la rentabilidad que obtienen con su labor.

Según otro estudio, este elaborado por el Instituto de Política Familiar, que analizaba el crecimiento del número de abortos en España en el período 1998-2008, se ha pasado de las 53.843 interrupciones del embarazo en 1998 a las 115.812 en 2008, con un incremento del 115% en los últimos 10 años, el más alto en toda la Unión Europea.

Sin embargo, la directora del departamento de Salud del ministerio, Sagrario Mateu, afirmó antes de la crisis, en 2006, que “se calcula que la cifra real [de abortos] es el doble de la oficial”.

Dinero público

El negocio del aborto, dirigido por empresas privadas y particulares, también se ve beneficiado por políticas públicas. En Cataluña, y a raíz de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo del 1 de julio de 2010, los ambulatorios y hospitales públicos catalanes derivaron a las clínicas privadas autorizadas a las 1.904 mujeres que querían abortar. El Servicio Catalán de Salud tuvo desembolsó 709.000 euros por este concepto a dichas mujeres.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)