Dos ediles de Batasuna-Sortu eluden condenar 900 asesinatos.

Por primera vez desde la presentación de Sortu, los concejales del brazo político de ETA tuvieron la oportunidad de desmarcarse de la banda asesina. Y, nuevamente, no lo hicieron. Los dos concejales de Batasuna en Pamplona, Mariné Pueyo y Mikel Gastesi, que obtuvieron su puesto con los votos a ANV –anterior máscara etarra–, rechazaron condenar los 900 crímenes de ETA y pedir la disolución inmediata de la siniestra banda.

Fue en un pleno del ayuntamiento de la capital de Navarra. Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el Partido Popular presentaron una moción precisamente a cuenta de la presentación de Sortu. Los puntos 3 y 4 del texto pedían la condena a los 900 asesinatos de ETA y todos sus atentados y la exigencia de la “incondicional disolución” de la organización terrorista, respectivamente. Los ediles de la izquierda abertzale votaron en contra de ambos puntos, como era de esperar.

El pasado 7 de febrero, durante la presentación de los estatutos de Sortu, Mariné Pueyo, la misma que ayer se negó a condenar a ETA, ocupó un lugar de privilegio entre los representantes de Batasuna, sentada junto al ex número uno de ETA Eugenio Etxebeste, Antxon, y al sindicalista Rafael Díez Usabiaga.

Por otro lado, el Partido Socialista de Navarra pidió la retirada del primer punto de la moción, donde se denunciaba “el nuevo intento de ETA-Batasuna de colarse en nuestras instituciones democráticas mediante otra marca blanca, en este caso la denominada Sortu”. Una marca que la Fiscalía General del Estado llevará ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo para que no se pueda inscribir como partido político. El Ministerio Público anunció ayer que presentará la demanda antes del próximo 11 de marzo, cuando acaba el plazo estipulado.

Mientras, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que “el Estado de derecho está preparado para impedir que nadie que no deba ir a las elecciones vaya” por uno u otro medio. Al preguntársele por la decisión de la Fiscalía, el también titular de Interior evitó pronunciarse porque aún no conocía su escrito y, en cualquier caso, quiso enfatizar que el Ministerio Fiscal y el Gobierno “desempeñan papeles distintos en un Estado de derecho”.

“Información”
Asimismo, incidió en que el Ejecutivo dispone de “mucha información” para haber afirmado que Sortu es heredera de Batasuna-ETA, por lo que “suena razonable” que la Fiscalía haya actuado en consecuencia. El vicepresidente adelantó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que un “plan B” de Batasuna-ETA no supondría “ninguna novedad” y que el Gobierno cuenta con ello: “Estamos preparados”.

Por otra parte, Rubalcaba matizó sus palabras del miércoles pasado en el Congreso cuando indicó que piensa que nos encontramos ante la tregua “definitiva” de ETA. Así, argumentó que se trataba de un deseo porque “antes de esa declaración faltaba un ojalá”.

Con todo, fuentes del Gobierno informaron ayer a LA GACETA que, a su juicio, es “muy difícil” evitar que los representantes políticos de ETA acaben en las instituciones. Al contrario de lo que podía parecer, las mismas fuentes del Ejecutivo sostienen que, pese a que las sucesivas ilegalizaciones parciales de las máscaras de ETA han ido quemando nombres no contaminados de su entorno, ahora resultaría más complicado detectar y probar las conexiones de quienes se presenten en connivencia con Batasuna-ETA.

“Surgen nuevos jóvenes” o echan mano de gente con menos conexión directa con su mundo y se haría entonces “muy difícil” probar su contaminación, argumentan desde el Gobierno dando por supuesto, implícitamente, que algunos representantes de los terroristas acabarán colándose en las elecciones.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)