Ex mandos policiales del 11-M reciben ayudas públicas para su empresa de Inteligencia.

Los ministerios de Industria y de Ciencia e Innovación han sido generosos con Interligare, un “grupo privado de investigación y desarrollo centrado en la disciplina de Inteligencia Científica”, según su propia presentación. Entre mayo de 2009 y enero de 2010 ha obtenido de ellos 1.217.994 euros en ayudas públicas para desarrollar sus productos, sobre todo herramientas informáticas para gestionar la información.

Sin embargo, un ex alto directivo de esta empresa asegura que jamás vio ninguno, pese a que su función principal era precisamente ocuparse de su desarrollo y comercialización. “Como director de proyectos tenía que conocer qué metodología y tecnología de inteligencia desarrollaba la empresa. Tenía que dominar nuestro producto para poder presentarlo, compararlo con la competencia y mejorarlo. Sin embargo, en el tiempo que estuve allí y a pesar de mi puesto de responsabilidad, no pude verlo”, explica a este periódico, y añade: “Todos los contratos que estaban cerrados y que intenté llevar a cabo se pararon sin darme ninguna explicación. Había ocultismo”.

Dos de sus consejeros han sido los comisarios Gabriel Fuentes González, ex subdirector general del gabinete técnico de la Dirección General de la Policía, y Miguel Ángel Fernández Rancaño, antiguo secretario del mismo Gabinete y, desde 2003, jefe superior de Policía de Madrid; ambos fueron propuestos para el cargo por Agustín Díaz de Mera, ex director general de Policía.

Gabriel Fuentes, conocido como Gabi, es un buen amigo del juez Baltasar Garzón, amistad que se fraguó cuando el comisario ejercía como director del Gabinete de Evaluación y Seguimiento del Plan Nacional sobre Droga, en 1994. Fue nombrado vicepresidente y consejero de Interligare en enero de 2009, el mismo día que Fernández Rancaño era nombrado consejero. El Registro Mercantil recoge el cese del primero en noviembre de 2010 en ambos cargos; un mes después, se hace constar el cese del segundo.

La sociedad recibió el encargo de realizar un trabajo para la causa de la Memoria Histórica defendida en los tribunales por el juez Baltasar Garzón, hoy ante el Supremo por prevaricación, quien al parecer encargó a esta entidad la elaboración de un programa informático con el que recopilar datos de los desaparecidos en la Guerra Civil; se hizo a través de la empresa Mnemo Interligare.

Por su parte, Rancaño es también jefe de seguridad de La Caixa. Estando en el consejo de administración de la sociedad dedicada a la investigación, esta se hizo con un contrato con la entidad bancaria, que por otro lado había valorado a Interligare en dos millones de euros, pese a ser creada con un capital social de 3.000 euros.

Con esta valoración, la empresa quedó lista para recibir dinero público en forma de ayudas y subvenciones. Conforme a su propia información, entre sus clientes se encuentran el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, creado a raíz del 11-M, y el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad, vinculados los dos al Ministerio de Interior.

En total y desde su creación en 2004, otro ex directivo de Interligare con el que ha hablado este periódico, cifra la cuantía total recibida por parte de las Administraciones en casi 10 millones de euros, procedentes del Cedeti, Avanza, Torres Quevedo, la Comisión Europea… “No hemos podido justificar ningún hito y hemos tenido que salir de los proyectos una vez cobrado el primer pago”, aclara.

Por dentro

La empresa tiene como presidente a José Luis Martín Juárez. Pepe Martín, como le identifican para LA GACETA fuentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, es pareja de Jaqueline Tibisay Moro, accionista mayoritaria de Interligare.

Entre su personal se encuentran dos hijos de Luis Luengo, director general de Infraestructuras y Material de la Seguridad del Ministerio del Interior y amigo universitario de Alfredo Pérez Rubalcaba. El ex alto cargo de esta empresa con quien ha hablado LA GACETA explica: “Coincidí mucho con la hija de Luengo; no tengo ni idea de a qué se dedicaba ni qué sueldo tenía”. Más explícita es otra antigua responsable de esta entidad: “El director de Infraestructuras tenía a dos de sus hijos, sin carga de trabajo alguna, empleados en Interligare y cobrando sueldos astronómicos. Curiosamente, uno de los principales clientes de la empresa es Instituciones Penitenciarias”.

Estos antiguos directivos de Interligare coinciden en destacar la notable entrada de dinero en la empresa y la ausencia de productos propios y de un trabajo concreto. “Había chóferes para la presidencia, coches, comidas […]Por mi puesto tenía que controlar muchas cosas, estar encima del producto, mantener reuniones… pero no se hacía nada y no había ninguna profesionalidad”.
“En la mejor época” –apunta el otro– “llegaron a trabajar 50 personas, algunas ingenieros; tenían muy buenas oficinas distribuidas en dos plantas, en la calle Génova (Madrid), enfrente de la sede del PP”; sigue siendo la sede de la empresa. “Vacilaban mucho de sus contactos con la Ejecutiva socialista”, concluye.

Los dos repasan la lista de clientes de Interligare y cómo la relación con ellos no fue satisfactoria para los segundos: “Con Endesa estuvieron menos de seis meses; tampoco aguantaron mucho La Caixa, Indra, Banco Sabadell, el Popular, Repsol, Agbar…” Este periódico se ha puesto en contacto con algunas de las empresas mencionadas que si bien no niegan haber mantenido una relación laboral con Interligare, prefieren no opinar sobre cómo y por qué la concluyeron.

Sí ha sido más precisa Endesa, que confirma que en septiembre de 2009 decidió no renovar el contrato con la empresa de inteligencia; y también Indra, que apunta que trabajó con Interligare en el proyecto Segurame, subvencionado por el Ministerio de Industria y liderado por Indra, en el que la entidad capitaneada entonces por Martín, Fuentes y Rancaño sólo era uno de los socios colaboradores; sin embargo, y según Indra, Interligare se adjudicó el mérito y la autoría del proyecto.

Las deudas

Dice esta sociedad que sus trabajos se centran en “el diseño, desarrollo y despliegue de los sistemas de Inteligencia nowIS (Normalized Wide Spectrum Scientific Intelligence Systems)”, resumido bajo su lema Intelligence for Everyone. La empresa se congratula de contar en su plantilla con Gregory Treverton, vicepresidente del Comité de Innovación; Treverton es director en el Centro para el Riesgo Global y la Seguridad en la Rand Corporation, think tank vinculado al Congreso de los Estados Unidos. Fue vicepresidente del Consejo Nacional de Inteligencia durante el Gobierno de Clinton.

En 2008 declaró una cifra de negocios de 2.479.419, 55 euros, casi el doble que los ingresos declarados el año anterior. En noviembre de 2009 dejó de pagar a los empleados. Dos meses antes, aseguraba que invertiría “14 millones de euros, el 70% de su facturación, en seis programas para manejar la información de la alta dirección hasta 2012”.

Según los últimos datos publicados, está incumpliendo sus obligaciones contractuales con entidades financieras y varias empresas.

En 2010 el importe de impagos con los bancos ascendía a 235.304,96 euros, cantidades que en algunos casos se encuentran en fase de reclamación judicial. Siete de los préstamos impagados corresponden a tarjetas de crédito, con saldos que oscilan entre 164 euros y 7.000 euros.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)