La Generalitat gasta anualmente 256 millones en alquileres.

La Generalitat catalana se haya inmersa en la búsqueda de fórmulas para reducir su déficit con la finalidad de que el Gobierno le permita emitir deuda. Una de ellas consiste en pedir al Estado la transferencia de los edificios hospitalarios de la Seguridad Social que actualmente gestiona, con el objetivo de rentabilizarlos. Una medida especialmente complicada a la que el gobierno autonómico ha decidido dar prioridad, pese a que una de las partidas que más disparan el gasto público y que, en los últimos años, se ha convertido en un auténtico «saco sin fondo»: el alquiler de oficinas.

Según la memoria de arrendamientos y compras de inmuebles contenida de 2010, el gasto anual en alquiler de sedes, oficinas, delegaciones y demás locales supera la friolera de 256 millones de euros. Buena parte de estos inmuebles fueron alquilados durante los 23 años del Gobierno de Jordi Pujol y heredados por el tripartito, que tampoco hizo demasiado por reducir esas cifras, pese a la reiterada propuesta de Esquerra Republicana, que formaba parte del ejecutivo, de crear una macrociudad gubernamental como se ha hecho en el País Vasco y en Galicia, lo que comporta un importante ahorro, no sólo en arrendamientos, sino también en gastos de mensajería o seguridad.

Algunos de esos inmuebles están situados en zonas exclusivas de Barcelona, como es el caso de la sede de la Consejeria de Política Territorial —hoy reconvertida en Territorio y Sostenibilidad—, emplazada en la avenida Josep Tarradellas y que ocupa una superficie de 27.165 metros cuadrados. El Gobierno catalán paga al año 4,7 millones de euros por este edificio. Pero el caso más llamativo es el de «Palau de Mar», un impresionante edificio junto al puerto de Barcelona con una superficie de 15.826 metros cuadrados, que cuesta al año 4,9 millones de euros. Este «Palau» acoge el departamento de Bienestar Social —con el tripartito se denominaba Acció Social— y, según explicaron a ABC fuentes de la Consejeria de Economía, el anterior ejecutivo ya estudiaba el traslado de estas dependencias a otro edificio.

Las mismas fuentes aseguran que este tipo de operaciones de compra para liberar alquileres está dentro de los planes del nuevo ejecutivo, lo que exige un riguroso estudio de mercado, algo que abordará el nuevo director de Patrimonio de la Generalitat, Jacint Boixasa, que precisamente ayer asumió el cargo.

Otro alquiler llamativo corresponde al departamento de Vicepresidencia, que paga 1,7 millones de euros al año por una oficina situada en Via Laietana y otros 213.724 euros por otras oficinas emplazadas en la calle Mallorca, en pleno barrio del Ensanche barcelonés, uno de los más caros de la ciudad. Asimismo, Presidencia gasta 592.023 euros por la sede de la Delegación del Gobierno catalán en Bruselas, mientras que a Gobernación —hoy fusionada con Vicepresidencia— otro inmueble en Via Laietana le cuesta 668.132 euros al año. Los departamentos que más gastan en alquileres son Educación —un total de 86 millones de euros—y Justicia —95 millones de euros—, aunque hay que tener en cuenta que en esa partida se incluyen centros escolares y oficinas judiciales. La concentración de los juzgados en la denominada «ciudad judicial», situada entre Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, debía contribuir a reducir el gasto, aunque el alquiler de este gran centro asciende a 40 millones de euros al año.

Comisarías
En la Consejeria de Interior, los costes de alquiler también son elevados, más de 29,3 millones de euros, porque comprende las sedes de las comisarías de los Mossos d'Esquadra, también de coste elevado. Por ejemplo, las dependencias de la policía autonómica en Sabadell cuestan al año 8,5 millones; las del barrio de Les Corts de Barcelona, 2,1 millones, y la de Sant Andreu, 1,2 millones de euros.

Disminuir este parque de edificios de alquiler es, por tanto, una de las asignaturas pendientes del Gobierno de Artur Mas. La situación heredada del anterior ejecutivo tripartito es tan apurada que cada vez se vuelve más complicado garantizar las nóminas de los funcionarios. Se trata éste de un rumor que circula desde hace días, pero que ayer le dio visos de oficialidad el presidente del grupo parlamentario de CiU, Oriol Pujol, al justificar el hecho de que el lunes, el presidente catalán viajara en Spanair en clase turista a Madrid para reunirse con Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. «Si la situación financiera es de tal gravedad que dificulta el funcionamiento ordinario de la Generalitat, ¿no es importante que el presidente de la Generalitat lance un mensaje?», se preguntó.

«Estamos jodidos»
Según el número dos de Convergència, el mensaje de Mas pretendía dejar claro que «estamos jodidos, la situación es muy complicada financieramente hablando y yo voy en clase turista de la forma más austera posible». Ante la alarma suscitada, el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, hizo un llamamiento a la tranquilidad de los funcionarios.

Mientras, Artur Mas mantiene sus exigencias y, en la reunión que mantendrá el próximo lunes con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, le pedirá el traspaso de 37 competencias pendientes, así como la revisión de otras 13. Asimismo, insistirá en reclamar al Estado que mantenga la inversión que hizo en Cataluña el año pasado, cifrada en 16.646 millones de euros. El presidente catalán culpabiliza tanto al PSOE como al anterior ejecutivo tripartito de las maltrechas finanzas catalanas.




Fuente: ABC (www.abc.es)