El Gobierno sufre un nuevo batacazo tras el ‘no’ a la ‘ley Sinde’.

Sola y abatida. Así se quedó la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ayer, en el Congreso de los Diputados. Buscaba aprobar una de las leyes más polémicas de todas las que ha hecho el Partido Socialista desde su llegada al Gobierno, la Ley de Economía Sostenible (LES), en cuya disposición final se pretendía reformar la legislación existente en materia de propiedad intelectual; una reforma que se traducía en poner en marcha, a través de una Comisión, el cierre de páginas web de descarga que no respetaran las pautas establecidas en esta ley.

La falta de apoyo supone uno de los mayores golpes que recibe el Gobierno desde su llegada al poder, ya que esta ley ha sido uno de los estandartes de la política cultural y, en general, del programa político elaborado por el Partido Socialista. A pesar de que la ministra defendía que esta ley era una herramienta “indispensable” para luchar contra la piratería, el resto de partidos políticos y, sobre todo, los usuarios de la Red no interpretaron el texto de esta forma.

Las páginas de descargas, blogs y productoras web, que piden la continuidad de las distribuidoras digitales como única fuente de supervivencia, se sumaron a una lucha activa en contra de la aprobación de la conocida como ley Sinde. Consiguieron que el Gobierno recibiera su primer mazazo al cerrar, desde la madrugada de ayer, los servicios de sus páginas en señal de protesta y recordar a los usuarios las personas que perderían su trabajo si la LES hubiera sido aprobada.

El siguiente golpe vino de la mano del Partido Nacionalista Vasco (PNV), una de las mayores esperanzas de González-Sinde para sacar adelante su proyecto. Antes de comenzar la Comisión de Economía y Hacienda, en la que se debatiría el contenido de la LES, Josu Erkoreka, portavoz del PNV, manifestó ante los medios de comunicación que su grupo estaba “totalmente en contra” de este reglamento y que pediría la retirada en la LES “de todo el articulado” que versase sobre esta materia.

Comenzó la Comisión y la ministra de Cultura intentó quemar sus últimos cartuchos. Con argumentos como: “Somos el único país que tiene un ADSL potente y unas reglas de juego enclenques, o peor, inexistentes, y eso es insostenible”, González-Sinde pidió el apoyo de la Cámara para sacar adelante una ley que “proteja los derechos de los creadores y, por lo tanto, la cultura de nuestro país”.

Los argumentos no convencieron a los grupos parlamentarios. Al no del PNV, se sumaron la Coalición EcoSocialista, ICV-EUiA –“no a la ley de la patada en el módem”–, Esquerra Republicana (ERC) –ley Sinde es sinónimo de chapuza de Pepe Gotera y Otilio”–, el Grupo Mixto –“estamos en contra de esta ley, aunque mantenemos la esperanza de que se modifique en algunos aspectos”–, el Partido Popular –“en ningún momento ni el Gobierno ni el Grupo Socialista han manifestado alguna intención de negociar”– y, tras un largo proceso de incertidumbre, Convergència y Unió (CIU).

Los nacionalistas catalanes consiguieron bailarle el agua al Gobierno durante horas. Durante el debate, demostraron mover los hilos de la negociación a su antojo. Su portavoz, Josep Sánchez Llibre, señaló en su discurso que estaban “a favor de proteger la propiedad intelectual para defender la dignidad de los artistas” y que, por lo tanto, compartían con el Gobierno la necesidad de instaurar un nuevo marco legal. Pero su apoyo no sería gratuito; apoyarían el texto si el Ejecutivo se comprometía a sacar adelante “otras 200 enmiendas que estamos negociando con ellos en materia de economía productiva”; aunque dichas enmiendas se referían a una variedad de materias que nada tenían que ver con Internet. La polémica estaba servida.

Después de hasta tres retrasos en la votación, ésta se fijó a las nueve de la noche, momento de la conclusión del pleno del Congreso, para aumentar el periodo de negociación con el grupo catalán, pero no hizo falta tanto tiempo. A pesar del empeño del Grupo Socialista por conseguir un acuerdo con CiU, a media tarde los nacionalistas catalanes confirmaban la ruptura de las negociaciones. Sánchez-Llibre reconoció que su partido se había sentido como un segundo plato, tras la negativa del PNV, y recomendó al Gobierno que pactara con “sus socios naturales”.

Reacciones
Paralelamente al debate del Congreso, diferentes sectores de la población manifestaban su opinión sobre la polémica ley Sinde. Casi una decena de productoras se sumaron a la huelga en la Red.

Las redes sociales se convirtieron en el principal canal de difusión de las opiniones de ciudadanos y artistas. Unos pidiendo el apoyo para el polémico reglamento –como el cantante Alejandro Sanz o el presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia–, y otros –miles de ciudadanos anónimos– intentando impedir la invasión de varios de sus derechos fundamentales.

Por su parte, los partidos políticos no tardaron en valorar lo que sucedía en el Congreso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, declaró que sólo un juez “puede decidir si se cierra una página” y, si el Ministerio de Cultura hubiera conseguido adquirir estas competencias, sería como volver “a la Inquisición”.

También, el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, manifestaba la oposición de su partido a la aprobación de la ley Sinde, un texto que consideran un “golpe a la democracia” y “una de las mayores restricciones a la libertad de expresión y el acceso a la cultura que conocemos”.

Votación accidentada
Y llegó el momento más esperado: la votación. Como la crónica de una muerte anunciada, la ministra de Cultura y el resto de miembros del Gobierno asistieron a una pesadilla en directo. Ningún grupo parlamentario apoyó la Ley de Economía Sostenible, una de sus mayores apuestas desde la llegada de González-Sinde al Gobierno, y que, tras fracasar, podría precipitar su salida del Ministerio de Cultura.

Con 18 votos a favor y 20 en contra, la LES se debatirá en el Senado a partir del 18 de enero, cuando se celebre el primer pleno del año 2011, pero sin la polémica disposición final. El Grupo Socialista intentará, en ese momento, retomar las negociaciones con el PNV, y en caso de fracaso, con el PP. A pesar de ello, nadie puede negar ya, en contra de toda previsión, que la ley antidescargas ha destapado la caja de los truenos y que el Gobierno ha confirmado que está solo.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)