Andalucía dedica 6,7 millones para pagar abortos hasta las 12 semanas.

La Gerencia del Servicio Andaluz de Salud publicó el 13 de diciembre una resolución por la que paga 6.735.960 euros a ocho clínicas privadas para que hagan abortos hasta las 12 semanas de gestación durante un año.
El precio medio al que se pagará cada aborto es 277,20 euros en seis de las clínicas, 276 en otra y 275 en la última. Eso significa que se prevé por lo menos la ejecución de 24.317 interrupciones del embarazo.

Según los últimos datos oficiales disponibles, en Andalucía se realizaron 20.543 abortos en 2009, pero sólo 18.490 fueron para eliminar fetos hasta las 12 semanas de gestación. Eso significa que la Consejería de Salud presidida por María Jesús Montero prevé un incremento en la cifra de abortos del 31,5%, desmintiendo radicalmente las teorías del Gobierno según las cuales la nueva Ley del Aborto haría que disminuyera esta práctica.

Privado y barato
Las clínicas abortistas presentan el caso andaluz como modélico, porque es la única comunidad que tiene concertado un sistema automático para pagar el aborto a las clínicas privadas. El Servicio Andaluz de Salud paga con dinero público una intervención que sus médicos se niegan a hacer, ya que en 2009 sólo hubo 12 abortos declarados en hospitales públicos andaluces, y sólo uno era con menos de 12 semanas de gestación. La ley prevé que hasta las 14 semanas se pueda abortar libremente.

En Andalucía se pagan por adelantado hasta los abortos que no deberían suceder (si fuera cierta la previsión gubernamental de que van a disminuir, frente a la cual la Consejería de Montero prevé una subida de casi un tercio más), pero más barato que en Castilla y León, la única Comunidad que hasta ahora había previsto por anticipado el pago de abortos.

El pasado 14 de enero, La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León adjudicó a la clínica abortista Ginemédica la cantidad de 750.463 euros en concepto de “contratación de los servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo para las pacientes beneficiarias de la Seguridad Social en la provincia de Valladolid” entre los años 2010 y 2012.

El contrato castellanoleonés suponía la ejecución de 1.179 abortos en tres años, con un crecimiento del 24% desde los 352 previstos para 2010 a los 434 de 2012. El Gobierno popular de Castilla y León paga 636,50 euros a la clínica vallisoletana por cada aborto, un precio que multiplica por 2,3 el que la Junta socialista andaluza paga a sus clínicas privadas.

Negocio boyante
El contrato de “gestión de servicio público” entre el SAS y las clínicas abortistas revela que el negocio prospera en Almería, donde María Dolores Sánchez Hernández ha abierto una nuevo abortorio, llamado Clínica Trotula Ruggiero. Sánchez Hernández sigue siendo apoderada de la otra clínica abortista de la localidad, Ginecología Almería, administrada por Francisca García Gallego –representante en Andalucía del colectivo de clínicas abortistas, ACAI–, al alimón con Bernardo Acuña Bertolot y Gerardo Sejas Guzmán.

García Gallego y Acuña administran otra clínica beneficiaria del contrato: Ginegranada. Las otras cinco son: Spawsky y Atocha (de Málaga y propiedad de Rafael González Bravo), Ginecenter (Málaga, administrada por Alberto Stolzemburg), Poliplanning de Huelva (propiedad de Gillermo Pérez Luján), y Triana en Sevilla (administrada por Francisco Navarro y Enrique Aguilar).



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)