Garzón negó en 2009 por "improcedentes" informes a la Guardia Civil.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investigaba el chivatazo a ETA hasta que fue suspendido en sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), rechazó en noviembre de 2009 por "absolutamente improcedentes" los informes periciales sobre el vídeo de vigilancia grabado en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) que su sucesor al frente del juzgado, Pablo Ruz, ha encomendado este lunes a la Guardia Civil.

En un auto dictado el 17 de noviembre de 2009, Garzón rechazaba la petición de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) de incorporar a la Guardia Civil a la investigación alegando que su participación en la causa era "absolutamente improcedente tanto en el fondo como en la forma", ya que, a su entender, el equipo investigador dirigido por Carlos G. había realizado "una actuación exhaustiva, difícilmente superable".

En la resolución judicial que ha dictado este lunes, Ruz reclama a la Guardia Civil que realice otro examen pericial sobre este vídeo, al objeto de confirmar el anterior análisis realizado por el Cuerpo Nacional de Policía, que detallaba que los cortes podrían haberse producido "por agentes externos, accidentalmente o por deterioro".

El juez pregunta a los expertos del instituto armado si hay alguna "técnica audiovisual por la que pueda llevarse a cabo la recuperación de las imágenes borradas" y si los cortes son "simultáneos a la grabación original" o se produjeron "con posterioridad". De igual modo, reclama a los policías que realizaron el primer informe que analicen si en los cinco días anteriores al chivatazo y en los cinco posteriores se produjeron también cortes en la grabación.

Garzón se limitó a ordenar a la Policía Científica que realizara un análisis del vídeo grabado el día del chivatazo en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) para determinar "si las alteraciones que aparecen son accidentales o existe algún tipo de manipulación, corte o acción externa sobre la cinta".

DOS CORTES EN "UN MOMENTO CLAVE"

En concreto, el vídeo de vigilancia del bar 'Faisán' presentaba dos cortes de tres minutos y 16 segundos, respectivamente, que afectarían, según Dignidad y Justicia, a un momento "clave" de la investigación.

El primero correspondería, teniendo el cuenta el desfase horario de tres minutos que tenía el reloj de la cámara, a la grabación que se realizó entre las 10.52 y 10.55 horas del 4 de mayo de 2006, día en que se iba a desarrollar la operación contra el aparato de extorsión de ETA. El segundo, de 16 segundos, comprendería entre las 11.11.12 horas hasta las 11.11.28. Según el informe de la Fiscalía de octubre de 2009 en el que se pedía el archivo de la causa por no haberse podido identificar al autor del chivatazo, la supuesta "filtración" pudo producirse entre las 11.10 y las 12.00 horas.

Garzón también consideró "innecesario" que las autoridades judiciales francesas remitieran la información de que disponían sobre el tráfico de llamadas intervenido el día de la operación, así como las desviaciones telefónicas a las que estaban sometidos los investigados. "El motivo de la detención queda perfectamente claro", aseguraba.

Además, desestimó la petición de "declaración de todos y cada un de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que estaban destinados en el operativo del día 4", como pidió DyJ, al considerar que este trámite resultaba "reiterativo, propio de una investigación general y carente de base justificativa".

CORREGIDO POR LA SALA

Sin embargo, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal ordenó en febrero de 2010 al magistrado a que agotara la investigación con la práctica de nuevas diligencias, entre las que se practicaron el interrogatorio de los tres cargos policiales imputados y el envío de una comisión rogatoria a la juez antiterrorista Laurence Le Vert para que detallara las llamadas realizadas en el entorno del bar 'Faisán'.

Este lunes Ruz ha ordenado la práctica de seis nuevas diligencias en un auto en el que rechaza archivar la causa y transforma en sumario las diligencias previas contra los tres imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público (penado con hasta tres años de cárcel) y colaboración con organización terrorista (castigada con un máximo de diez).

En la causa están imputados el ex director general de Policía y dirigente del PSE en Álava Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava.



Fuente: Europa Press (www.europapress.es)