Sinde tardará un mes en cerrar webs ilegales.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, prosigue con su campaña de comunicación a fin de ganar apoyos entre la ciudadanía para la ley antidescargas.

Ayer, en un programa matutino de Televisión Española, la ministra de Cultura mostró su confianza en que el nuevo marco jurídico que implanta la conocida como ley Sinde ha de generar “un gran desembarco de contenidos legales” en la Red. De hecho, para González-Sinde, el éxito de la norma no ha de medirse por el número de páginas bloqueadas, sino “por la oferta legal que vaya habiendo”.

Garantías judiciales

La ministra ha reconocido que todavía no se sabe cuál será el plazo para cerrar una web que haya sido denunciada. “Veremos si el plazo es de 10 días, pero podría llegar a un mes”, puesto que también se garantiza el derecho a la defensa del titular de la página.

La ministra de Cultura quiso defenderse de las críticas de la gente “que no ha leído la disposición” y, por ello, subrayó que la versión finalmente aprobada incluye dos jueces “para mayor seguridad jurídica” en el proceso contra una web: “Uno al principio del procedimiento y otro al final”. También existe, según apuntó la ministra, una comisión de expertos a la que se debe dirigir quien quiera denunciar una página, que pide explicaciones al titular de la misma, y que “sirve para darle al juez el expediente hecho”. No obstante, ante opiniones distintas del magistrado y de la comisión, “gana el juez”, aclaró la principal impulsora de la ley antidescargas.

WikiLeaks

González Sinde negó la versión de WikiLeaks, según la cual el Gobierno y los lobbies estadounidenses han presionado a España para aprobar esta ley. La ministra recordó que Estados Unidos hoy nos vuelve a incluir en la “lista negra” de países con más piraterías, por lo que “contentos, contentos, no parece que estén”.

Para la ministra, las presiones de otros países y de las grandes industrias no serían más importantes que las de las pequeñas empresas culturales: “Los derechos de las pymes de la industria cultural son tan importantes o más que los de las multinacionales”, defendió. La titular de la cartera de Cultura también negó las filtraciones de WikiLeaks sobre que esas presiones hayan obligado a los grupos políticos a apoyar la norma en las Cortes.

Ante la posibilidad de que una web de descargas traslade su servidor a otro país, la ministra reconoció que por ahora la ley afronta sólo el ámbito nacional, aunque no descartó futuras directivas europeas que regulen un ámbito más amplio.


Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)