También están detenidos el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco; el responsable de servicios jurídicos de esta alcaldía, Pasqual Vela; el ex diputado del Parlament y ex militante del PSC Luis García Sáez, y dos empresarios del sector inmobiliario: el presidente de Proinosa, Josep Singla, y el del grupo inmobiliario Espais, Lluís Casamitjana.
Según fuentes cercanas al caso, los detenidos están en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), y no se descarta que, con sus declaraciones, se puedan realizar nuevas detenciones.
La operación empezó sobre las 10 horas, cuando 15 agentes entraron en el Ayuntamiento de Santa Coloma para registrar su sede y recabar pruebas. El alcalde no se encontraba allí. De hecho, Bartomeu Muñoz tampoco fue ayer al consistorio y dijo que estaba enfermo.
Mientras se hacían estos registros, trascendió que el operativo también se estaba realizando en Badalona y Sant Andreu de Llavaneres, aunque finalmente en Badalona no hubo registros. El segundo teniente de alcalde de Badalona y concejal de Hacienda, Francesc Serrano (PSC), aseguró que todos estaban "tranquilos", pero a la vez "sorprendidos y preocupados" por la noticia.
En Sant Andreu, dos agentes de la policía judicial entregaron al alcalde, Bernat Graupera (CiU), una notificación del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para que les entregue un convenio urbanístico de 2006, aunque el alcalde aseguró este martes que fue firmado por el anterior gobierno municipal, del PP.
Los partidos se han hecho eco rápidamente del caso y desde el PSC ya dejaron muy claro que expulsará al alcalde de Santa Coloma y al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo si se les imputa un delito.
Por su parte CiU enmarcó las detenciones de Alavedra y Prenafeta en el ámbito privado de ambos, y destacaron que están desde hace años lejos de la cúpula de CiU.
CASO DEL PASADO
La operación anticorrupción desarrollada este martes por Garzón contra varios municipios de Cataluña parte de una causa que el magistrado instruyó por el caso BBVA-Privanza en 2005 en relación con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la Isla de Jersey, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
Según las fuentes consultadas, Garzón archivó parcialmente la causa abierta en torno a la sociedad BBVA-Privanza y relacionada con la evasión de impuestos en 2005, cuando retiró la imputación a 19 ex consejeros de la sociedad. En el marco de esta investigación, se encontraban vinculados algunos bufetes de abogados, entre ellos el catalán Petrus.
El juez imputa a los detenidos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Las actuaciones se encuentran secretas, añadieron las fuentes, que además desvincularon la operación de este martes con las llevadas a cabo en este mismo juzgado contra la mafia rusa ('Troika' y 'Avispa'). (EP)
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