El primer culpable de lo sucedido ha sido el Gobierno, especialmente desde que José Blanco fue nombrado Ministro de Fomento y dejó ver una actitud retadora y chulesca que se plasmó en el incumplimiento de los pactos laborales ya alcanzados con los representantes de los controladores aéreos. El 5 de febrero de 2010 el Gobierno aprobó por Decreto una regulación del tráfico aéreo que afectaba directamente al convenio colectivo del sector, algo inaceptable pero que, según la Audiencia Nacional, debía entenderse como legal por interés nacional.
La nueva situación creada dificultaba el control aéreo por suponer una limitación de las horas de trabajo –y no sólo de los sueldos– que no iba acompañada por el necesario incremento de la plantilla de controladores, por lo que al final tendrían que hacer ilegalmente más horas de las aprobadas. Dicha acumulación de horas se hizo más evidente según iba avanzando el año, de forma que en diciembre gran parte de los controladores habían llegado a su límite horario, y ello mientras AENA y el Ministerio de Fomento pretendían no contabilizar muchas de esas horas para justificar la necesaria presencia de los controladores en su puesto de trabajo en vísperas del puente festivo de principios de diciembre.
La respuesta de los representantes de los controladores (USCA) ha sido igualmente inaceptable, pues el conflicto creado debió reconducirse por los cauces legales y no recurrir por enésima vez a la presión que utiliza a los viajeros como rehenes, pues muchos alegaron bajas que no parece que fueran reales. Lo que han hecho los representantes de los controladores, como ya les pasó a los trabajadores de Metro de Madrid, es perder la razón ante la opinión pública recurriendo al chantaje de siempre, algo que UNT rechaza tajantemente.
En tal situación UNT considera que la militarización del espacio aéreo era una medida inevitable para recuperar la normalidad, pero al mismo tiempo considera que la situación se creó por culpa principalmente del propio Ministerio de Fomento. A firmeza demostrada ha sido más una pose de cara a la opinión pública que una voluntad real de solucionar el conflicto.
Finalmente UNT entiende que los servicios públicos no deben ser privatizados, y que la situación creada obedece a que, mientras se procede a su privatización, se espera que sean gestionados con criterios ajenos al derecho mercantil y laboral. No puede pretenderse que una relación laboral sea regulada por Decreto y sin respetar los convenios colectivos y los pactos salariales. O el servicio público es nacionalizado, o si se privatiza y laboraliza a su personal hay que respetar las normas laborales, pero no se puede pretender hacer las dos cosas al mismo tiempo como pretende el Gobierno.
Desde UNT apostamos porque los servicios públicos esenciales sean nacionalizados y que su personal se componga de empleados públicos.
Fuente: Blog de Unión Nacional de Trabajadores (sindicatount.blogspot.com)
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