Griñán aprobó 410 millones para ERE irregulares en cuatro años.

El escándalo de los ERE fraudulentos en la Junta de Andalucía sube enteros y apunta hacia la cúpula socialista andaluza mientras los tribunales siguen investigando el caso. Ayer el PP señaló directamente al presidente de la Junta de Andalucía porque entre los años 2005 y 2009 era el consejero de Economía que aprobó las partidas presupuestarias para financiar los ERE irregulares que están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. El principal imputado en esta causa lo llamó «fondo de reptiles».

Según la documentación hecha pública ayer por los populares, en esos años, siendo José Antonio Griñán titular de la Consejería de Economía, autorizó partidas por valor de 410 millones de euros para esos fondos que luego se destinaron a financiar ERE supuestamente irregulares. Eso supone que de los 647 millones que apuntó el ex director general de Trabajo de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010, al menos 410 millones contaron con el visto bueno de Griñán como máximo responsable de las finanzas de la Junta de Andalucía. O lo que es lo mismo, que más del 63 por ciento de ese dinero otorgado al Instituto de Fomento de Andalucía pero que luego se usaba como «fondo de reptiles para empresas en crisis», lo fue con la última palabra del actual presidente de la Junta de Andalucía.

Seguramente por eso los populares andaluces, que el pasado jueves se encontraron con la negativa de la mayoría absoluta socialista para poner en marcha una comisión parlamentaria de investigación, anunciaron ayer que no van a parar hasta que se aclare todo.

La portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, aseguró que si el presidente de la Junta de Andalucía no ha permitido esa comisión de investigación es porque «tiene miedo de su propia responsabilidad». «Lleva a cabo una actitud obstruccionista y opaca», dijo la portavoz popular, que insistió en que el presidente andaluz era el responsable de lo que ocurría con las falsas prejubilaciones. Por ello han solicitado al Gobierno que les envíe toda la documentación relativa a las ayudas concedidas a empresas con ERE. Si en el plazo de quince o veinte días el Ejecutivo andaluz no les remite la información solicitada, llevarán al propio Griñán a los tribunales. Entre esa documentación que la oposición solicita se encuentran los informes realizados por la propia Intervención General de la Junta de Andalucía en los que muestra su disconformidad con el procedimiento utilizado para financiar estas ayudas a empresas en crisis y con ERE. Unos informes que fueron obviados por la Junta de Andalucía, que decidió optar por los «criterios políticos» a la hora de adjudicar esos fondos.

En este sentido, el PP insistió en que Griñán era «perfectamente conocedor de lo que estaba ocurriendo» e impuso su criterio político. Y también recordó que esas ayudas, que están siendo investigadas en los tribunales, se otorgaban por «un procedimiento oculto, no transparente, sin normativa reguladora y con conocimiento de toda la cúpula dirigente del PSOE».«Tenemos derecho a saber qué ha ocurrido con el dinero público», recalcó la dirigente popular, que también insistió en la doble inmoralidad de lo ocurrido, porque no sólo se han enriquecido algunos intermediarios, entre ellos cargos del PSOE, sino que además se trataba de partidas que estaban destinadas al empleo precisamente en una comunidad autónoma con un millón de parados. El PP también recordó que los controles fallaron en la Junta de Andalucía, puesto que la empresa que daba las ayudas presuntamente fraudulentas, el IFA, no se sometía a auditorías y no fue hasta el año 2009, una vez denunciado el tema, cuando se realizó una fiscalización.

«Muy tranquilos»
Entretanto, los socialistas dejaban en manos de su consejero de Gobernación y Justicia la defensa del tema. Luis Pizarro era el encargado de salir al paso de las acusaciones del propio Mariano Rajoy asegurando que si el PP quiere llevar el caso al Tribunal de Cuentas, que lo haga, porque ellos están «muy tranquilos». Y volvía a sacar a relucir el caso de Francisco Camps en Valencia. «El PP está intentando montar un escándalo donde no existe» recalcó el socialista.

El PSOE lleva dieciséis años sin permitir una investigación en el Parlamento andaluz, pues la última fue en 1995.

Documentos para aclarar las cosas
El PP ha pedido al Gobierno andaluz la documentación de los expedientes relativos a ayudas concedidas a empresas con ERE y los informes de la Intervención General de la Junta remitidos a la Consejería de Empleo en 2005, 2006 y 2007. En ellos se mostraba la disconformidad del órgano de control interno con el procedimiento utilizado para financiar ayudas a empresas en crisis y en ERE. Además, en la batería de papeles pedidos por el PP también se encuentra copia de los convenios de concesión de ayudas a empresas en crisis y de ERE, de las alegaciones presentadas por la Consejería de Empleo a los informes de la Intervención y certificados de los importes abonados desde 2002 por el IFA a estas ayudas, entre otros documentos.
Precisamente el pasado viernes, el actual consejero de Empleo de la Junta, Manuel Recio, aseguró que en su departamento se está trabajando «a toda máquina» para concluir la inspección sobre las posibles irregularidades de los expedientes de regulación que aún están vivos y que quedan por analizar.
Recio se comprometió a perseguir «caiga quien caiga todas las irregularidades» que se puedan haber cometido y «recuperar el dinero para volverlo a emplear en el interés general de los andaluces». «En ningún gobierno y administración del mundo se está libre de que cuatro sinvergüenzas se puedan aprovechar de lo público», dijo.



Fuente: ABC (www.abc.es)