La protesta no está reconocida legalmente ni contará con servicios mínimos ya que, como ha recordado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esta semana, el ejercicio del derecho de huelga por parte de los magistrados "carece, en el momento actual, de soporte normativo".
La APM, de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, impulsa el paro al considerar que el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia impulsado por el ministro, Francisco Caamaño, es "un fogonazo" que no asegura "la culminación de la reforma" de los tribunales españoles. Por ello, reclama "un verdadero Pacto de Estado que alivie "la desesperación ciudadana y judicial" que, a su modo ver, provocó el actual proceso reivindicativo. (EP)
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