Hasta cuatro Reales Decretos en un año habían sido dictados por el gobierno, empeorando las condiciones laborales y salariales de los controladores. El decreto del pasado 3 de diciembre fue la gota que colmó el vaso. Se hizo las vísperas de un puente con grandes desplazamientos de población, algo totalmente evitable, por lo que parece que el gobierno buscaba provocar de manera deliberada a los controladores.
Hay que tener en cuenta que no sólo hablamos de sus condiciones laborales, sino que días antes el gobierno había anunciado la privatización del 49% de AENA, la empresa que gestiona los aeropuertos. Para ello, era necesario primero acabar con los “privilegios” de los controladores. La respuesta del gobierno (como si ya estuviera preparada) no se hizo esperar: ni más ni menos que la militarización de los aeropuertos y la declaración del estado de alarma. Los militares fueron enviados a las torres de control, según se nos dijo, para dirigir ellos mismos el tráfico aéreo, aunque no era verdad, ya que el mismo gobierno no había renovado la licencia que les permitía hacerlo y a que ellos mismos se negaron por la gran responsabilidad que implica. Lo que sí hicieron fue forzar (algunos a punta de pistola, según testimonios de los controladores) a los controladores a volver a sus puestos de trabajo, bajo amenaza de cárcel y de embargo de sus bienes personales.
La declaración del estado de alarma ha sido totalmente ilegal. Según la Ley Orgánica 4/1981, se puede declarar dicho estado cuando existe paralización de servicios públicos esenciales, es cierto, pero ha de ir acompañada de catástrofe, crisis sanitaria o situación de desabastecimiento de productos de primera necesidad, siendo evidente que no se cumplen ninguna de las tres condiciones. Para aumentar más las dudas, han sido los ministros de Fomento y Defensa los que han dado la cara, y sobre todo Rubalcaba, mientras que Zapatero no ha aparecido durante toda la crisis, ni siquiera firmó la declaración del estado de alarma, sino que fue Jáuregui, además del Rey, que casualmente estaba en la cumbre iberoamericana. Esto resulta más extraño aún si recordamos que Zapatero no fue a esa cumbre, precisamente porque estaba previsto que este fin de semana ocurriera algo excepcional ¿por qué se quedó para luego no dar la cara?¿qué ha pasado realmente?
Aún es pronto para decirlo. En DN pensábamos que se quedaba para hacer frente a un posible rescate de España por parte de la UE, algo que de momento no ha sucedido. No sabemos si no ha dado la cara para que se quemaran otros colaboradores suyos (algo que ya ha hecho en otras ocasiones) o es que simplemente ya no pinta nada y su política “blanda” ha sido sustituida por los “duros”. Aún así, lo que ha ocurrido ha sido un ensayo general. Parece que el gobierno quiere preparar psicológicamente a la población para hechos que vayan a ocurrir en un futuro no muy lejano. Para eso, los controladores aéreos, previa campaña de difamación y mala prensa, eran el colectivo ideal: unos “privilegiados” con sueldos altos que se negaban a “apretarse el cinturón” al contrario que el resto de la población.
Los medios de comunicación han hecho el resto, demonizando al colectivo y consiguiendo que la población española haya apoyado al gobierno. Ciertamente, los controladores cobran unos buenos sueldos pero también es cierto que se han hecho de valer y se han mantenido unidos, es desproporcionado que se declare de forma ilegal un estado de alarma por un conflicto laboral que, siendo grave, ni de lejos justifica tal declaración, al mismo tiempo que no se hace nada ante las directas provocaciones y amenazas a la soberanía nacional por parte del dictador de Marruecos.
El gobierno ya ha conseguido que la población acepte un estado de alarma ilegal, ya ha conseguido que nadie hable de la desaparición de la paga de 426 euros a parados sin prestación. Ya ha conseguido que no se hable de su apoyo a los Estados Unidos en los vuelos ilegales de la CIA sobre cielo español, como ha desvelado Wikileaks, y ha dado un paso más para la privatización del espacio aéreo español. Cuando eso ocurra, los vuelos ilegales ya no tendrán que ser explicados.
El gobierno no ha querido arreglar el tema de los controladores, primero porque quería privatizar los aeropuertos tras una gestión premeditadamente desastrosa, y segundo porque era la excusa perfecta para montar todo esto y dar una imagen de fuerza. Los controladores son un obstáculo, pero una vez privatizados, pasará lo de siempre: los trabajadores autóctonos y bien pagados irán siendo sustituidos de forma gradual por inmigrantes con menos derechos y salarios más bajos. Por otro lado ¿nadie ve que llevamos treinta años privatizando y estamos peor que nunca?
Rubalcaba ha declarado que van a agotar los 15 días del estado de alarma y no descartan ampliar el plazo hasta dos meses ¿acaso ha de ocurrir algo más? Ya veremos, de momento el gobierno ya ha anunciado para el 28 de enero una “reforma”, es decir, bajada, de las pensiones, seguramente acompañada de un aumento en la edad de jubilación. Poco después, se hará efectiva la desaparición de la paga de los 426 euros y seguramente habrá más medidas de ajuste, como más bajadas de sueldos a empleados públicos, siendo previsible un aumento de las tensiones sociales. Después de los controladores vamos los demás ¿se atreverá alguien a protestar bajo la amenaza de militarización y de otro estado de alarma?
Fuente: Web de Democracia Nacional (www.democracianacional.org)
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