El Gobierno conocía la protesta de los controladores al regularizar su jornada.

“El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que se aprobará dentro de una hora por el cual se decreta el estado de alarma”. Mediante estas palabras, el vicepresidente primero, ministro del Interior y también portavoz del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer, minutos después del mediodía, la histórica resolución que adoptó un Consejo de Ministros extraordinario. Una iniciativa que, por fin, dobló el pulso de los controladores al verse “movilizados”, sujetos al Código Penal Militar, tras haber dinamitado este puente de la Constitución, perjudicando a más de dos millones de personas –600.000 afectados directos en España–.

Además del significativo hecho de que fuera Rubalcaba –y no José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de derecho– quien anunciara a los ciudadanos desde La Moncloa la aplicación de una medida inédita en democracia, el vicepresidente primero confesó que, durante el Consejo de Ministros del viernes, el titular de Fomento, José Blanco, “ya informó de que había incidencias preocupantes en algunos aeropuertos de España”.

En definitiva, que el Gobierno ya conocía, este viernes por la mañana, el malestar de los controladores y los “indicios” que apuntaban hacia “una huelga salvaje”, como admitió el propio Rubalcaba –los controladores han denunciado que lo sabían desde hace una semana–.

Pese a todo, y con el puente por delante, el Ejecutivo decidió aprobar el viernes el decreto ley de la discordia que racionaliza el número de horas de trabajo anuales de los controladores, foco de conflicto con el Gobierno desde el pasado febrero. El Consejo estableció que en las 1.670 horas de trabajo –y no más de 80 extra, clave en la crisis–, no computarían ni los permisos ni las bajas. La norma también prevé la militarización del control aéreo en casos excepcionales como éste y el chequeo médico in situ por parte de AENA. Y, como se temían en el Gobierno, estalló la tensión. ¿Por qué decidió entonces el Gobierno aprobar la norma ante el puente? ¿No debatieron la posibilidad de retrasarla ante el posible chantaje que se temían?

Rubalcaba, en respuesta a estas preguntas de LA GACETA, declaró ayer, de forma confusa, que “no, si es que el conflicto era por las medidas”, y que los controladores son los que eran conscientes de que estaban ante el puente. Manzanas traigo. Más de lo mismo en su respuesta a la repregunta de este diario: “La medida había que aplicarla porque la situación empezaba a ser insostenible” y ya preveían “este tipo de movilizaciones”, aunque “es verdad que nadie podía prever que un colectivo sea tan insensato, tan insensato, que pueda llegar a producir un daño como el que están produciendo; ojo, no al Gobierno, sino a los ciudadanos”.

Ni una palabra acerca de si debatieron o no retrasar el decreto del viernes –lo que se le preguntó–. Pasapalabra. Tampoco sobre el número de controladores que habían expuesto ya –o preveían que fueran a hacerlo–, que habían computado las 1.670 horas de trabajo, según su cálculo –hasta el viernes en conflicto con el de Fomento–. En este caso, si el número de controladores que lo esgrimieran negándose a trabajar hubiera hecho imposible el tráfico aéreo, se comprendería la medida, aun ante el puente.

Rubalcaba no lo dijo, se ciñó a exhibir la firmeza del Ejecutivo mediante la aplicación del estado de alarma, pidió perdón a los ciudadanos “que han visto gravemente alteradas sus previsiones”. Los españoles, precisó, sufren las consecuencias de “un colectivo que chantajea”.

La declaración del estado de alarma “de acuerdo a la Constitución” acordada en el Consejo de Ministros extraordinario –al que también acudieron el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají– implicó que, ante “la situación insostenible” provocada por el “colectivo insensato” de los controladores, estos pasaban “a estar movilizados”, como explicó el vicepresidente. Entonces, si no acudían a trabajar o se negaban a hacerlo, “estarían incurriendo en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal Militar”, que conlleva penas de prisión, añadió.

El estado de alarma durará un máximo de 15 días –se podría prolongar– y las autoridades militares, desde que se comunicó al Congreso y fue publicado en el BOE hacia la una de la tarde, fueron informando a los controladores de las inquietantes derivadas de su nueva situación: obligaciones y responsabilidades que finalmente frenaron el chantaje.

Sobre las cuatro de la tarde se abrió el espacio aéreo, aunque, como indicó Rubalcaba, los trastornos durarán. Deben reordenar de nuevo el tráfico aéreo y, como auguró el vicepresidente, “no va a ser cuestión de horas”. Blanco calculó que tardarían entre 24 y 48 horas.

¿Y Zapatero?

Casualidad o no, la crisis se ha precipitado y solventado en el mismo fin de semana en el que se ha celebrado la XX Cumbre Iberoamericana –donde el Rey fue presentado como “presidente” de España–, y a la que, por primera vez en su historia, no acude el presidente de turno del Gobierno. Zapatero canceló a última hora su presencia por la crisis económica y con el pretexto de presidir el Consejo de Ministros. Con todo, la presencia de Zapatero durante la crisis siempre ha sido oculta y discreta, sin ninguna aparición ante los medios de comunicación –al cierre de esta edición–.

Se informó de que el presidente habló con Mariano Rajoy tras el Consejo. Y de que el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, hizo lo propio con los portavoces parlamentarios. También, que, tras ras la publicación en el BOE, Zapatero pasó a presidir la Comisión Delegada para Asuntos de Crisis, en la que también participaron los vicepresidentes, Jáuregui, Blanco, Carmen Chacón, el responsable del Gabinete de Presidencia, José Enrique Serrano, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y el director del CNI, Félix Sanz Roldán.

Después del anuncio de Rubalcaba, el PP valoró los acontecimientos a través de su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons. La oposición dirigió dos preguntas al Gobierno: por qué se decidió aplicar las medidas ante el puente y cuál estaba siendo el papel de Zapatero, recriminándole que no diera la cara.

Unas declaraciones que debieron de sentar muy mal al Gobierno, ya que, inmediatamente, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, se lanzó a criticar al PP y a Rajoy -“está tomando el sol”-, creando la sospecha de una connivencia con los controladores.

En la dirección de los populares el enfado fue mayúsculo. “Primero llaman a Soraya pidiendo nuestro apoyo para el estado de alarma y acto seguido, por hacer nuestro papel de oposición subrayando el chantaje de los controladores, empiezan a acusarnos de todo, ridiculizando a Rajoy”. Todo, cuando el presidente del PP se vio personal “y familiarmente” afectado, sin posibilidad de ir a descansar a Gran Canaria, como tenía previsto. “Todo ha sido un despropósito”, concluyen.

Tras la calma, la factura. Se cifra en cientos de millones de euros el coste de este conflicto, además del intangible que se añadirá a la marca España en la semana en la que ha sido protagonista, vía Zapatero, por ser posible responsable del futuro del euro. Rubalcaba, durante su segunda comparecencia, aseguró que no volverá a suceder un incidente como éste, “ni en Navidades ni después de Navidades”.

Resta su comparecencia a petición propia en el Congreso sabiendo que “el Gobierno ha cumplido con su deber”. También el futuro de los expedientes abiertos a todos los huelguistas y las actuaciones penales que se deriven de la Fiscalía y de las denuncias de los particulares. En el PP siguen preguntándose: “¿Por qué no se decretó el estado de alarma el viernes?”.


Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)