Los controladores denuncian que Fomento les amenazó con embargos.

La versión de los controladores es el ángulo que perfecciona la visión del conflicto. Ayer, varios de estos empleados de AENA denunciaron a LA GACETA que los negociadores de Fomento les presionaron por la mañana para que concluyeran su protestas, amenazándoles con embargarles todos sus bienes. Según estas fuentes, el personal de Fomento llegó a mostrarles expedientes de embargo listos para ser ejecutados. También explicaron que los negociadores del ministerio les aseguraron que si no finalizaban la huelga, además de perder su empleo, ingresarían automáticamente en prisión en aplicación del código penal militar.

Según las fuentes consultadas, estas presiones de Fomento son uno de los motivos que llevaron al secretario general del sindicato mayoritario Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Camilo Cela, a pedirle a sus compañeros ayer por la mañana que se reincorporaran con “calma” a sus puestos de trabajo.

Otros controladores consultados por la LA GACETA denunciaron que el personal de las Fuerzas Armadas que se desplazó en la noche del viernes a las torres de control por orden del Gobierno se dedicó a intimidar a los responsables del tráfico aéreo para forzarles a retomar su actividad. “La situación es insostenible. Han venido a amenazarnos con pistolas, y en estos momentos ya puedo esperarme cualquier cosa”, aseguró ayer esta controladora, perteneciente al servicio del Aeropuerto de Barajas, que prefirió no revelar su nombre por miedo a represalias. Según esta empleada de AENA, los mandos militares obligaron a los responsables civiles del turno de trabajo a poner en marcha el servicio, pero éstos se negaron.

El conflicto es fruto de un largo historial de desencuentros entre los controladores y Fomento, que ha vivido su cénit en los últimos días. Algunos controladores aseguraron ayer que Blanco conocía desde el pasado lunes que estaban preparando una protesta por el incumplimiento de los acuerdos que el ministerio había alcanzado con sus representantes sindicales el pasado mes de agosto. Las fricciones afectan a la jornada laboral máxima, fijada por Fomento en 1.670 horas de trabajo anuales, un número que los controladores consideran irreal y que motivó que, hace una semana, los trabajadores del Aeropuerto de Santiago que habían alcanzado esta cifra abandonaran sus puestos.

USCA denuncia la falta de personal, la ausencia de formación, la mala planificación de los servicios y situaciones que considera inadmisibles, como el hecho de que, con la ley actual, si un controlador pide una baja por la muerte de un familiar está obligado a efectuar a su vuelta las horas que haya perdido durante su ausencia. Los controladores advirtieron de que, aunque el espacio aéreo quedara abierto ayer, el conflicto está lejos de cerrarse.


Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)