El fiscal que ha archivado el 'caso Bono' es el mismo que salvó a Chaves.

Juan José Martín-Casallo López es el teniente fiscal del Tribunal Supremo que ha archivado la investigación del patrimonio de José Bono solicitada por el Partido Popular. A pesar de que Conde-Pumpido defiende la imparcialidad de las actuaciones de la Fiscalía, ésta tiene en los últimos tiempos una trayectoria tendente a archivar las denuncias que afectan a políticos del PSOE.

El teniente fiscal también archivó la denuncia presentada por Manos Limpias contra el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves. La denuncia tenía por causa la subvención de 10 millones de euros otorgada por el Gobierno andaluz –entonces presidido por el mismo Chaves– a la sociedad Minas de Aguas Teñidas (MATSA), donde trabajaba su hija Paula. Martín-Casallo consideró que a pesar de que Chaves subvencionó a su hija, no hubo tráfico de influencias por parte del ex presidente de la Junta de Andalucía en la tramitación de las ayudas, pues “no aparecen elementos típicos del delito de prevaricación, ya que se cumplieron todos los trámites legalmente establecidos para dictar la resolución”.

En declaraciones a un medio de comunicación, Francisco Javier López Rubio, el ex apoderado de MATSA, contradijo a la Fiscalía y aseguró que Paula Chaves intervino materialmente en la tramitación de la solicitud del incentivo que acabó ratificando su propio padre.

Apoyo a Garzón
Martín-Casallo es miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y a través de esta asociación ha respaldado en reiteradas ocasiones a Baltasar Garzón, manifestándole su apoyo y solidaridad al alegar que la causa que tiene abierta por prevaricación tras declararse competente para investigar los crímenes del franquismo viene desde la “malevolencia” o motivada por razones políticas. Además, el teniente fiscal presentó un recurso de súplica ante el Tribunal Supremo para que inadmitiera a trámite la querella presentada contra Garzón por un abogado del caso Gürtel, en la que se acusaba al juez de intervenir las conversaciones mantenidas entre los imputados y sus abogados. Martín-Casallo explicó que “es evidente que la doctrina constitucional no impone ninguna limitación por razón del delito”. Sin embargo, la opinión del Supremo era totalmente opuesta: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional limita la intervención de las comunicaciones de presos con abogado a los supuestos de terrorismo”.

Martín-Casallo defendió por tercera vez a Garzón al remitir un informe al Consejo General del Poder Judicial diciendo que no existía ningún impedimento para que se declarase en situación de servicios especiales al juez, que ya había sido cautelarmente suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional. De esta forma Garzón podría ocupar el puesto de consultor externo que le había sido ofrecido en la Corte Penal Internacional.

Sin dádivas

En el escrito de la Fiscalía archivando la investigación del patrimonio de Bono, Martín-Casallo afirma que las posesiones del socialista responden a su “muy alto” poder de “generar ingresos”, y que “los bienes del matrimonio, hoy en régimen de separación, tienen causa en dos fuentes distintas de adquisición, ambas igualmente lícitas, que son, por un lado, los adquiridos como consecuencia del fallecimiento de los padres del denunciado, bienes esencialmente de naturaleza rústica, y los generados con las actividades profesionales a las que viene dedicándose el matrimonio”. El fiscal concluye que “no se ha acreditado que haya habido entrega de dádiva o regalo y, consecuentemente, tampoco que haya habido contraprestación por parte del denunciado”.

Sin embargo, tal y como ya publicó LA GACETA, el promotor Rafael Santamaría agasajó con dádivas a José Bono en al menos dos ocasiones. Santamaría le pagó los más de 20.000 euros que costó la decoración de sus casas de Olías del Rey (Toledo) y de Salobre (Albacete), aunque Bono aseguró que los muebles de la última nunca se utilizaron. Esta afirmación fue desmentida por María del Carmen Pérez, propietaria de la empresa Cecilia Gómez, contratada para decorar los inmuebles. Pérez declaró: “Nunca me devolvieron nada de la decoración de ninguna de las dos casas”.

Por otro lado, Santamaría también regaló los caballos Farceur du Haul y Jikael de la Babette, valorados en 200.000 euros, al hijo de Bono.

A raíz del archivo de las investigaciones, el Fiscal General del Estado Cándido Conde-Pumpido aseguró ayer que “después de realizar la investigación oportuna, se ha dictado una resolución fundada e imparcial en la que se ha llegado a la conclusión de que no había indicios de delito”, y que “el Tribunal Supremo actúa al margen de quien se trate”.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)