Los parados aplastan los brotes verdes del Gobierno.

El paro vuelve a aumentar en España superando el 20%, el número de hogares con todos sus miembros activos en paro llega a los 1.308.300 y las perspectivas no son nada halagüeñas. Por el contrario vemos como las multinacionales y los bancos vuelven a generar beneficios. El Gobierno no logra reducir el déficit, pese a los recortes sociales, y se pliega a los intereses del FMI y el Banco Mundial que no cesan de trabajar por desmantelar el estado del bienestar creado gracias al esfuerzo de generaciones de españoles. ¿Podrá nuestro Gobierno hacer quebrar el Estado? ¿Llegará su irresponsabilidad y demagogia a producir una bancarrota estatal, llegando a no pagar los sueldos a los empleados públicos y las pensiones? No lo sabemos, pero lo que sí tenemos claro es que si continúa aplicando las mismas medidas ultraliberales que está implantando, la situación no va a mejorar. Para hacer frente a la crisis hay que tomar medidas valientes y directas que ni el Gobierno ni la oposición están dispuestos a tomar.



1.- Reformar el sector bancario y someterlo a mayor control para garantizar que funcione sometido a las necesidades de la economía real, mediante la presencia de sectores financieros públicos. Es hora de reivindicar la banca pública; la falta de crédito hace evidente el gran coste que ha tenido la renuncia a la banca pública. Evidentemente no nos referimos a las Cajas de Ahorro españolas que no han hecho otra cosa que copiar la lógica y los procedimientos de la banca privada, cayendo en los mismos errores, sino de una banca pública con una lógica diferente a la banca privada. Una banca pública al servicio del capital productivo que evite la especulación, bajo el control de la sociedad, no de la casta política como ocurre ahora y bajo unos mecanismos claros y trasparentes.



2.- Aumentar los planes de gasto, orientados a la transformación del actual modelo de crecimiento, que se ha demostrado desastroso, fortaleciendo la innovación, la formación y la sostenibilidad. Orientados hacia empresas que creen empleo estable y controlando el despilfarro, para evitar lo que ocurre actualmente con el Plan E. Los recursos asignados a estos planes de inversiones no deben salir de las clases medias y trabajadoras, las principales afectadas por la crisis, sino de las grandes fortunas y los movimientos especulativos.



3.- Regular convenientemente los mercados financieros consiguiendo que sean absolutamente transparente las transferencias de capital y lastrando las especulaciones irracionales con una tasa, como propone el Frente Nacional. Se trata de gravar los movimientos de capitales rápidos y especulativos que vuelan en cuestión de días de un mercado a otro, buscando mayor rentabilidad y que no sirven, por su volatilidad, para generar inversiones que puedan crear riqueza. Esta medida no afectaría a aquellas inversiones con un plazo de estabilidad de más de un año. Tenemos que tratar de evitar que la especulación sea más rentable que la creación de riqueza.



4.- Es necesario un aumento de la demanda y mucha mayor capacidad de compra, por lo que se deben aumentar los salarios reales, y no importar consumidores inmigrantes como ha sido la obsesión del PP y del PSOE en todos estos años. La caída del poder adquisitivo de los españoles estos últimos años ha propiciado la disminución de la demanda, de las ventas y con ello de la producción y la rentabilidad.



5.- El restablecimiento de nuestras fronteras y de unos derechos de aduanas flexibles y negociables para acabar con las importaciones libres, de productos hechos en régimen de semiesclavitud, que compiten deslealmente con los productos españoles. Mantener las conquistas sociales tienen un precio con nombre: aranceles a la competencia inmoral.



6.- Política de austeridad en el gasto público, con rebajas de sueldo para los altos cargos del Gobierno y de las comunidades autónomas de un 50%. Fin de los privilegios de los que goza la casta política .Privilegios difíciles de entender por los españoles, máxime en estos momentos de crisis y cuando desde el Gobierno se está pidiendo austeridad. No se puede plantear aumentar hasta los 67 años la jubilación mientras los políticos cobran la pensión máxima con tan sólo haber cotizado 7 años.



7.- Reforma de la Ley orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. El ordenamiento interno de los partidos debe quedar garantizado a través de la obligación de rendir públicamente cuentas y asimismo deben adoptarse medidas para que la opinión pública sea informada sobre el origen de los recursos de los partidos y quede clara la identidad de quienes se hallan detrás de un grupo político. Fiscalización de partidos políticos y sindicatos por el Tribunal de Cuentas para acabar con la opacidad contable, y con la financiación irregular. Investigación de la condonación de deudas millonarias por parte de la banca a los partidos políticos. El Frente Nacional es partidario además, de que la ley obligue a los partidos políticos y sindicatos a financiarse exclusivamente con las cuotas de sus afiliados.



Es hora de elegir entre mantener la actual globalización económica causante de la crisis y el creciente paro como defienden el PP y el PSOE o apostar por volver a un modelo económico más humano y razonado como el que ofrece el Frente Nacional.




Fuente: Web del Frente Nacional (www.frentenacional.es)