Interior acercó a la etarra 'La Tigresa' a Nanclares de Oca.

La 'Tigresa', con al menos 23 asesinatos a sus espaldas, se ha beneficiado de la política de acercamientos y alejamientos a cárceles del País Vasco después de haber firmado un escrito mostrando su distanciamiento a la banda terrorista y habérselo remitido al Ministerio del Interior.

Según las fuentes consultadas, en la cárcel alavesa permanecen sólo los presos que han mostrado su desacuerdo con ETA. En este contexto, el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba afirmó hace unos días que en Nanclares "no hay presos de ETA" mientras que defendió en rueda de prensa que la política penitenciaria cumple "estrictamente" con la Ley.

El 10 de diciembre de 2008, día en que se publicó la noticia de que Interior había comenzado a acercar presos a cárceles del País Vasco, el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba reconoció que se habían producido acercamientos, pero también habló de "alejamientos". "Eso explica un poco mejor la política penitenciaria", añadió.

La etarra Idoia López Riaño fue detenida el 25 de agosto de 1994 en Francia, país en el que cumplió una condena de cinco años por asociación de malhechores. Tras ello, las autoridades galas la entregaron en 2001 a España para ser juzgada en la Audiencia Nacional por 23 asesinatos cometidos por los comandos terroristas 'Oker' y 'Madrid' de los que formó parte.

La Audiencia Nacional condenó a 1.572 años de cárcel a 'La Tigresa' por el atentado perpetrado por el 'comando Madrid' en la plaza de la Republicana Dominicana en 1986 que costó la vida a doce guardias civiles y dejó heridas a 77 personas.

Historial policial

Entre la extensa lista de delitos que las Fuerzas de Seguridad imputan a 'La Tigresa' figuran el robo a punta de pistola de un vehículo y el atraco a mano armada de la sucursal del Banco Hispano Americano del Barrio de Beraun, en Rentería (Guipúzcoa) el 29 de septiembre de 1984.

También se imputan a Idoia López Riaño el incendio en la empresa "Koipe", en el barrio de Mirtídano de San Sebastián, que causó daños por valor de mil millones de pesetas en abril de 1985, dos meses después del asesinato de Angel Manuel Faca Soto, cuya autoría también se le atribuye.

A partir de 1986, López Riaño estuvo acusada del lanzamiento de granadas contra el Ministero de Defensa el 21 de julio de aquél año en el que resultaron heridas varias personas. Además, se integró en los comandos 'Levante', 'Itinerante' y 'Oker' en la década de los ochenta y se la relacionó con diversos ataques a intereses franceses en España y en los asesinatos de Josep Couchot, presunto miembro del GAL, cometido el 16 de noviembre de 1984, en San Sebastián; Angel Facal Soto, el 26 de febrero de 1985 en Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa), a quien la banda terrorista ETA consideraba traficante de droga; y el policía nacional Máximo Antonio García Cleiter, en San Sebastián.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)