La patronal eléctrica recurre la congelación de la tarifa de la luz.

La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la congelación en julio de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de electricidad pactada entre el Gobierno y el PP, indicaron a Europa Press en fuentes de la asociación.

El recurso parte de la base de que, entre otros aspectos, la congelación de la TUR vulnera los principios de suficiencia tarifaria, de buena fe y de confianza legítima. Además, denuncia la falta de audiencia ante el Consejo Consultivo de Electricidad de la Comisión Nacional de la Eneria (CNE).

Unesa está integrada por las cinco principales compañías eléctricas, esto es, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON y HC. Aparte de este recurso, Iberdrola ya ha presentado uno de forma unilateral, mientras que el resto de las eléctricas podrían hacerlo también dentro del plazo estipulado de dos meses desde la publicación, el pasado 30 de junio, de la orden ministerial que congela las tarifas.

Los servicios jurídicos de Unesa consideran que la orden de Industria vulnera la suficiencia tarifaria, por la que la tarifa debe contemplar todos los costes. Este principio aparece en el artículo 7 del real decreto 485/2009 y en el artículo 18 de la Ley del Sector Eléctrico, tras su modificación por la ley 17/2007.

Los juristas de Unesa recuerdan además al menos dos sentencias del Supremo a favor de este principio, una de ellas de febrero de 2004 y otra de enero de 2009.

SUBIDA DEL 8,5% EN LOS PEAJES.

En el borrador de orden ministerial que Industria remitió a la CNE y que finalmente descartó tras el acuerdo con el PP, se incluía una subida media del 8,5% de las tarifas de acceso, y del 10% para los consumidores domésticos, con el objeto de no superar el máximo de déficit de tarifa para el presente ejercicio.

No obstante, y pese a que la CNE emitió un informe sobre aquella propuesta, la orden final de Industria 1732/2010 publicada el 30 de junio mantiene las tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución, con lo que, asegura Unesa, se supera el máximo de déficit de tarifa y, con ello, se incumple la ley 6/2010.

En cuanto a la falta de audiencia ante el Consejo Consultivo de Electricidad de la CNE, los juristas de Unesa entienden que este trámite es "esencial" y que debe observarse, "ineludiblemente" en el proceso de determinación de tarifas y peajes, según no sólo la Ley del Sector de Hidrocarburos, sino también una sentencia de marzo de 2004 de la Audiencia Nacional.

BUENA FE Y CONFIANZA LEGÍTIMA.

Unesa recuerda además que, según las sentencias del propio Supremo, la vulneración del principio de buena fe y confianza legítima "puede comportar la anulación y, cuando menos, obliga a responder de la alteración" de las circunstancias económicas que habían generado "esperanzas fundadas de mantenimiento".

En este caso, los juristas lamentan que un acuerdo "exclusivamente político" como el alcanzado por el Gobierno y el PP apenas siete días antes de la publicación de la orden de tarifas haya servido para que se deje de reconocer al sector el principio de suficiencia tarifaria.

INDUSTRIA OLVIDA LA DISTRIBUCIÓN.

Además, Unesa cita otros argumentos por los que presenta el recurso, entre ellos el de que no se ha tomado en cuenta la liquidación 14 de la CNE, que es la que se utiliza como referencia para el déficit de tarifa, o el de que el Gobierno tampoco ha tenido en cuenta el nuevo modelo del regulador para retribuir a la distribución.

Según el nuevo modelo, la retribución a la distribución asciende en 2009 a 4.436 millones, frente a los 221 millones del importe provisional de la orden 3519/2009. Para 2010, la cifra se eleva a 4.579 millones, frente a 274 millones contemplados en la orden anterior.



Fuente: Europa Press (www.europapress.es)