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jueves, 21 de julio de 2011

Nuevas irregularidades en el Instituto de la Mujer.

Las irregularidades en las facturas y en los contratos emitidos por los organismos ligados al ya extinguido Ministerio de Igualdad de Bibiana Aído empiezan a ser ya habituales. El turno le ha tocado ahora al Instituto de la Mujer, dependiente en este momento del Ministerio de Sanidad de Leire Pajín. El Tribunal de Cuentas hizo público ayer un informe –al que tuvo acceso Europa Press– en el que denuncia “deficiencias” en los procedimientos de adjudicación del instituto dirigido por Laura Seara. El tribunal ha detectado tanto “incumplimientos” de la legislación en la materia como “omisiones” de información, retrasos en los pagos e “incidencias” varias, al fiscalizar una muestra de 31 convenios de colaboración por importe de 4,9 millones de euros suscritos en los ejercicios 2008 y 2009.

Es el caso de acuerdos firmados con Galicia, Madrid, Cataluña y Andalucía, pero también de un ayuntamiento con el que se suscribió un convenio de 12.000 euros para organizar un certamen de teatro que ya se había celebrado. A la vista de esta “deficiencia” y a diferencia de los acuerdos con comunidades autónomas, el instituto inició el procedimiento para recuperar el dinero, “lo que evidencia una falta de coherencia en su actuación, que resulta contraria al principio de igualdad”.
Además, en el informe se ponen de manifiesto demoras en la publicación de los acuerdos en el BOE e irregularidades en la adjudicación de microcréditos. Por todo ello, el tribunal recomienda a Seara que “adopte las medidas necesarias” para desarrollar su actividad “con el más estricto respeto a la legalidad y a los principios de libertad en el acceso a licitaciones, publicidad y transparencia”.
No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas denuncia las irregularidades de la gestión de Aído durante su mandato. El pasado febrero, este mismo órgano puso de manifiesto el gran número de “deficiencias” en los contratos realizados desde Igualdad y una serie de adjudicaciones directas no justificadas.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)

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