Barreda gastó 675.000 euros al año en 11 asesores para su defensor del Pueblo. - La Nación Digital

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jueves, 23 de junio de 2011

Barreda gastó 675.000 euros al año en 11 asesores para su defensor del Pueblo.

El recorte anunciado el pasado lunes por la nueva presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y que llevará a cabo, entre otros organismos, en la oficina del Defensor del Pueblo de esta comunidad autónoma no ha sentado nada bien a los socialistas que aún lidera, a nivel regional, José María Barreda. Aunque esta medida ya fue avanzada por la dirigente popular incluso antes de que comenzara la pasada campaña electoral, no ha sido hasta producirse su confirmación en el discurso de investidura de la presidenta, cuando la oposición ha elevado el tono del ataque.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, señaló ayer que la “austeridad no es la razón” por la que la presidenta popular va a eliminar órganos como el Defensor del Pueblo o el Consejo Económico y Social sino que “pretende acabar con instrumentos que puedan ser incómodos” para el Ejecutivo regional. Asimismo, el dirigente socialista manifestó que el ahorro que supondrá la desaparición de dichos organismos es “mínimo”.

Sin embargo, las cuentas reales no dicen lo mismo. Con el plan de racionalización que María Dolores de Cospedal quiere hacer extensivo al Defensor del Pueblo, las arcas autonómicas dejarían de desembolsar para este concepto más de dos millones de euros. Aun así, los socialistas castellano-manchegos sostienen que esta institución “es muy barata”. De este modo, niegan que el citado órgano acarree gasto superfluo alguno, pero basta con echar un vistazo a los sueldos que viene cobrando el amplio equipo asesor del todavía defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, José Manuel Martínez Cenzano.

En concreto, Martínez Cenzano tiene a su disposición 11 cargos de confianza, entre adjuntos, asesores y secretaría, cuyo coste salarial íntegro oscila al año entre los 55.000 y los 65.000 euros, suponiendo un total de 675.000 euros. Estas cantidades aparecen recogidas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del pasado 25 de octubre, fecha en la que los cargos dependientes del Parlamento regional hicieron pública su declaración de bienes, firmada a finales de julio de 2010. El máximo responsable de la oficina, Martínez Cenzano, percibe la principal remuneración, que se sitúa en los 89.840 euros anuales. Catedrático de Enseñanza Secundaria, presidió la Cámara autonómica entre 1987 y 1991 y fue alcalde socialista de Cuenca entre 1999 y 2007. Tras perder en la urnas frente al PP, recaló en su actual puesto.

Sobredimensionado

Otro cargo ligado directamente al Defensor del Pueblo de la región es el adjunto primero, con un salario anual de 71.724 euros; además, el Boletín Oficial da cuenta de una adjunto segundo, cuyos ingresos por el desempeño de este puesto ascienden a los 67.588 euros al año. Asimismo, Barreda dotó a la institución de una Secretaría General, cuya responsable tiene un sueldo neto anual de 65.728 euros. Por otra parte, figura en el listado un asesor jefe del gabinete técnico que recibe por su trabajo 65.736 euros al año. El resto de cargos de confianza de este órgano lo completan siete asesores rasos, obteniendo el que menos cobra 55.949 euros y 60.437 euros el que más.

Uno de los más beligerantes en el día de ayer con el reajuste planteado por Cospedal fue el propio Martínez Cenzano, uno de los cargos públicos mejor pagados de Castilla-La Mancha. Martínez Cenzano insistió en que la eliminación del órgano sólo equivale al 0,02% del gasto autonómico. El defensor del Pueblo de la región lamentó, en declaraciones a EP, que la supresión afecte al futuro laboral de una plantilla de 30 empleados.

Según reveló, de este grupo donde predominaban los nombramientos a dedo, “sólo siete u ocho son funcionarios con régimen especial que volverán a sus antiguos puestos de trabajo”. Los demás tendrán que buscar un nuevo trabajo. Respecto a su inmediata salida, dijo que continuará trabajando por los expedientes que aún permanecen abiertos hasta que las Cortes autonómicas establezcan que finalice su ejercicio.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)

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