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domingo, 26 de junio de 2011

La Audiencia Nacional rechaza la reapertura del Sumario principal que investiga el 11-M.

El jefe de los Tedax de Madrid en el 11-M, Juan Jesús Sánchez Manzano, está acusado de tres graves delitos en la Audiencia Provincial. No todas pero sí algunas víctimas de la masacre insisten en que se investigue. Y el Partido Popular acaba de comprometerse a entregar a los tribunales cuando llegue al Gobierno todas aquellas pruebas que no llegasen en su momento por error o maledicencia de ciertos responsables policiales. Pero los jueces de la Audiencia Nacional no ven indicios suficientes para que se reabra el Sumario del juicio por el atentado más grave de la Historia de España.

La Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado una vez más reabrir el Sumario 20/04, que versa sobre los terribles atentados que cambiaron la Historia de España. En un escrito fechado el 15 de junio y al que ha tenido acceso LA GACETA, los jueces Félix Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y María Ángeles Barreiro desestiman un recurso presentado por un grupo de 19 víctimas que han presentado varios recursos este año. En concreto, los jueces aseguran que “la decisión definitiva sobre el verdadero significado y alcance de las mismas (en referencia a las declaraciones de los Tedax) no corresponden a órganos de esta Audiencia”.

El ex vicepresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y perito durante el juicio del 11-M, Gabriel Moris, lidera a este grupo de víctimas que, bajo la representación de los letrados Manuela Rubio y Juan Carlos Rodríguez Segura, no ceja en su empeño de reabrir la causa para resolver los “agujeros negros” que a su juicio hay en la investigación de los terribles atentados. Moris afirmó a este diario que “en el juicio se manipularon los resultados de la pericia de explosivos hasta el punto de cambiar el sentido de la sentencia”.

El pasado 11 de marzo, en el séptimo aniversario de la masacre, este grupo presentó en la Audiencia Nacional un nuevo escrito para pedir la reapertura a cuenta de las declaraciones que estaban (y están) prestando los Tedax en la causa abierta en la Audiencia Provincial de Madrid contra Juan Jesús Sánchez Manzano. Tanto LA GACETA como Libertad Digital han ido desgranando las posibles contradicciones entre las declaraciones de los agentes, quienes dejan en entredicho la actuación de su jefe (Manzano) aquellos días. De hecho, el compromiso que anunció el PP sobre la entrega de documentos trae causa de esas contradicciones.

Primer revés

En un escueto auto, el juez Eloy Velasco denegó la reapertura del caso y explicó que la investigación de un mando policial que intervino en el esclarecimiento de los hechos –en referencia a Sánchez Manzano– “carece de relevancia para reabrir el procedimiento por dichos atentados”. Tras este primer revés, el pasado 6 de abril volvieron a la carga con un escrito de apelación cargado de argumentos.

Consternadas ante los datos que se iban conociendo en el caso que instruye en la Audiencia Provincial la juez Coro Cillán contra Manzano, las víctimas aseguraban en el documento que “las declaraciones prestadas en plaza de Castilla están directamente relacionadas con las solicitadas por esta parte desde el año 2007”. En su opinión, las revelaciones que puedan hacer los Tedax servirían para resolver “las lagunas del caso”.

“¿Se puede decir que son hechos diferentes a los atentados la investigación del responsable de que las muestras del arma del crimen no se pusieran a disposición de la Justicia?”, se preguntaban. Y seguidamente denunciaban “que se han ocultado pruebas, que no conocemos quién dio la orden y que desconocemos el arma del crimen, y, como consecuencia de ello, las responsabilidades penales derivadas del mismo”. Y aseguraban que todavía “los autores no han sido llevados ante la Justicia”.

Por manifestarse así, muchos les tachan de defender una “teoría de la conspiración”. Pero siguen en sus trece. Y continúan argumentando que el Tribunal Supremo sentenció que en los trenes explotó “Goma-2 ECO y otro explosivo”. La Goma-2 ECO, que estaba en todos los trenes y que también utilizaron los siete islamistas que se suicidaron en Leganés un mes después del 11-M, proviene de Mina Conchita (Asturias). Pero, según asegura este grupo, el hecho de que en la pericia de explosivos se hallasen nitroglicerina y dinitrotolueno demuestra que en los trenes pudo haber titadyne, explosivo habitual de ETA.

Tras recibir este escrito, el siguiente paso que dio la Audiencia fue pedir, el día 11 de abril, que se pronunciasen a todas las partes implicadas en otra causa, la del sumario 309/2005, una de las que versa sobre los atentados del 11-M. Tanto la Fiscalía como varias acusaciones se pronunciaron en contra de la petición de Moris y otros 18 afectados.

La más dura fue la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, que preside Pilar Manjón. Sus letrados acusaron al grupo de víctimas que exige reabrir el caso de “violentar la tranquilidad de más de 4.000 afectados y de toda la sociedad”, según reveló en su día LA GACETA. Los abogados de Manjón aseguraban en su escrito que el recurso constituía “abuso de procedimiento, fraude procesal e (...) intromisión a la paz que merecen las víctimas del atentado del 11 de marzo”. Además, tildaban a quienes demandan reabrir el caso de “recurrentes compulsivos” y les achaca a su abogada una “estrategia evidentemente político-mediática”.

Ahora, los jueces otorgan la razón a la Fiscalía y a Manjón, pero este grupo de víctimas de la masacre de Atocha seguirá luchando hasta conocer la verdad.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)

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