Bildu reclama ya las tesis de la Alternativa KAS de ETA y cuestiona la presencia de las Fuerzas de Seguridad.

Suma y sigue. El desafío institucional y legal de los herederos del brazo político de ETA aumenta y ayer, un día después de retirar el retrato del Rey Juan Carlos del Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián, los proetarras abogaron por “ir relativizando y disminuyendo” la presencia de la Policía Nacional, Guardia Civil y el Ejército en el País Vasco. Por su parte, el recién elegido diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, declaraba en una entrevista en el Diario Vasco que están “dispuestos” a convocar refrendos de independencia: “No estamos hablando de hacer una caricatura de referéndum, sino algo serio”, apostillaba (uno municipal próximamente o uno autonómico en dos años tras los comicios, en el que no descarta el apoyo del “PNV o con parte del PSE” ).

La eliminación de la presencia de las Fuerzas de Seguridad es una de las clásicas reivindicaciones de los terroristas, definida en el documento estratégico que supuso el germen de sus sucesivas máscaras políticas, la denominada Alternativa KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista).

Entre tanto Bildu sigue negándose a condenar a ETA y su historia criminal, la banda se encuentra en activo y, pese a todo, los electos de esta coalición han llegado a equiparar el sufrimiento de las víctimas del terrorismo con el de sus verdugos que se encuentran en prisión (como ha hecho Garitano). Además, la alcaldesa de Andoáin, Ane Carrere (Bildu), ha impedido a populares y socialistas entrar al consistorio con sus escoltas, una agresión que han dicho que reconducirán.
Con este panorama el portavoz de la coalición y secretario general de la no hace mucho agonizante Eusko Alkartasuna, Pello Urízar, exponía ayer que “en la apuesta de soberanía que tenemos, las Fuerzas de Seguridad del Estado, teniendo en cuenta que Euskal Herria es una de las zonas con más presencia policial y militar, es una cosa que se tiene que ir relativizando y disminuyendo”.
Además, aprovechaba sus declaraciones desde Vitoria, donde tenía lugar una asamblea de EA, para decir que “comparte” la decisión de retirar el retrato del Rey del Ayuntamiento de San Sebastián aunque “quizá pudiera ser un delito”. Nada, se trataría de una iniciativa que debería ser asumida “con normalidad” y “sin crispación” porque en otros muchos ayuntamientos vascos “el retrato del Rey no ha estado nunca”.

Por si fuera poco, Urízar valoró la posibilidad de que la Diputación de Guipúzcoa gobernada por Bildu elimine las aportaciones al Estado para sufragar el coste de la Casa Real, el Ejército y el resto de Fuerzas de Seguridad: la idea debe perfilarse “con mayor detalle”, zanjó.

Por último, Urízar afeó al vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba que siga “mirando al pasado” por advertir el día anterior –como José Luis Rodríguez Zapatero– que el Gobierno hará cumplir la ley a Bildu (“mensajes obstruccionistas y de aislamiento” que se opondrían a “las vías democráticas y pacíficas”). Legalizada gracias a los votos de seis magistrados del Tribunal Constitucional que contradijeron al Tribunal Supremo y a los informes de las Fuerzas de Seguridad.

“Disolución”

La Alternativa KAS supuso el humus del que germinó Herri Batasuna. Presentada en agosto de 1976, contenía siete puntos entre los que figuraba la “disolución de los cuerpos represivos” además de la amnistía o el “reconocimiento de la soberanía nacional de Euskadi”. Dos años después ETA retocó aquellas pautas mínimas para un alto el fuego. Cinco puntos, entre los que el tercero exponía la “expulsión de Euskadi de la Guardia Civil, Policía Armada y Cuerpo General de Policía”.

El primero, la actual ofensiva de ETA y sus satélites: “Amnistía total”, los presos. El segundo consistía en la legalización de todos los partidos, el cuarto se redactó en clave de lucha de clases (sobre las condiciones de vida de “la clase obrera”) y el quinto, subdividido a su vez en otros cinco puntos, se refería a la creación del Estatuto de autonomía.

La vicesecretaria general de Organización del PP, Ana Mato, declaró ayer desde Logroño, adonde acudió para asistir a la toma de posesión de Pedro Sanz como presidente de La Rioja, que “los españoles estamos indignados con las posiciones que Bildu está tomando estos últimos días y con que el partido esté en las instituciones”.

Al respecto, insistió en que el PP “sigue considerando que Bildu debería haber sido declarado ilegal, no debería haberse presentado a las elecciones y, por tanto, tampoco debería estar gobernando”. Acto seguido, lanzó un serio aviso al Ejecutivo: “Ahora le compete al Gobierno de España tomar medidas, porque las leyes están para cumplirse y las instituciones tienen que respetarse”.

Seguimiento

En este sentido, Mato apeló a que “Bildu tiene que cumplir las leyes y si no lo hace, el Gobierno tiene la obligación a hacer que las cumpla y de seguir recopilando pruebas que hagan posible que Bildu deje de entrar en las instituciones”.

Por último, la dirigente del Partido Popular concluyó que “Bildu está demostrando que es un partido que nunca ha creído en las instituciones democráticas y que siempre está pensando en sus interés”. En consecuencia, reiteró, “es necesario que el Gobierno tome cartas en el asunto”.

También habló ayer del escándalo de Bildu desde La Coruña el ministro de Fomento, José Blanco, quien, como el día anterior hicieron Rubalcaba y Zapatero, declaró “con toda claridad y con toda cordialidad” que el Gobierno socialista “obligará a que se cumpla la ley” a Bildu ante incidentes como el de San Sebastián o la retirada de la bandera española en Lizarza. “Las leyes están para ser cumplidas”, sentenció.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)