El Gobierno aprueba el 'pensionazo' a cambio de ceder a CiU los hospitales catalanes.

La reforma, que seguirá su trámite en el Senado, retrasa la edad de jubilación hasta los 67 años e incluye mejoras para las prestaciones de viudedad y orfandad e integra en el Régimen General de la Seguridad Social a los empleados del hogar.

La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso aprobó hoy la reforma de las pensiones que retrasa la edad de jubilación hasta los 67 años, incluye mejoras para las prestaciones de viudedad y orfandad e integra en el Régimen General de la Seguridad Social a los empleados del hogar.

El informe de la ponencia del proyecto de Ley sobre Actualización, Adecuación y Modernización del sistema de la Seguridad Social fue apoyado por el PSOE y CiU y contó con la abstención del PNV, mientras que el PP votó en contra.

El texto pasará ahora al Senado para continuar con su trámite parlamenario, sin necesidad de que sea debatido en pleno.

La reforma también incluye beneficios en las cotizaciones por el cuidado de hijos menores, pero sus principales novedades son el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años, aunque podrán retirarse a los 65 quienes hayan cotizado 38 años y medio, y el alargamiento del período de computo para calcular la pensión, de 15 a 25 años.

Durante el debate, el portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Tomás Burgos, dijo que la reforma es "inoportuna, desorientada, imprecisa e incoherente" y lamentó la prolongación de la edad legal de jubilación sin reforzar el principio de contributividad.

Aseguró que la norma se legisla "de emergencia y con prisas" y endurece el sistema de protección social haciéndolo "más injusto" ya que conllevará perdidas de pensión "serias" incluso trabajando más años.

Carles Campuzano, de CiU, criticó que no se produjera un debate en el pleno por tratarse de una reforma imprescindible, con independencia de la crisis, para afrontar retos como el aspecto demográfico, la esperanza de vida o las bajísimas tasas de natalidad.

Argumentó su voto a favor en que se trata de una reforma que no cuestiona las bases del sistema público de pensiones y es coherente con las modificaiones introducidas desde 1985, ya que sólo transforma algunos parámetros pero no sus principios.

El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, lamentó que la ley tenga "claros y oscuros" y también que no sea debatida en el pleno del Congreso.

Para Olabarría la reforma empeora los sistemas de protección vigentes, sobre todo cuando contempla diversas pensiones mínimas y cambios en los complementos de mínimos y pidió que finalmente las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales asuman el control del gasto que realizan.

También Gaspar Llamazares, de IU-ICV, mostró su desacuerdo con el hecho de que no hubiera un debate en el pleno y afirmó que la reforma supone un "retroceso histórico" en los derechos de los trabajadores y una razón más para la indignación ciudadana y para la desafección de la política.

Por su parte, Joan Tardá, de ERC, señaló que los ciudadanos pagan los platos rotos, ya que tardarán más en ser pensionistas y lo serán en peores condiciones.

Desde el Grupo Mixto, la diputada del BNG Olaia Fernández Dávila lamentó la falta de "consenso ciudadano" para aprobar una reforma "grave" que restringe los derechos sociales y económicos y "sólo satisface a los intereses del sistema financiero", que verán incrementar las inversiones en fondos de pensiones privados.

La portavoz del PSOE, Isabel López i Chamosa, defendió la reforma "basada en el Pacto de Toledo y en acuerdos con los agentes sociales" y añadió que se ha mejorado en el debate en el Congreso y que también lo hará en el Senado.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)