El PSOE quiere dar carpetazo al ‘caso Bono’ en el Congreso antes del final de legislatura.

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, tiene sus particulares urgencias de fin de legislatura y, a través del Grupo Socialista, ha impuesto en la comisión parlamentaria que lleva las relaciones con el Tribunal de Cuentas el trámite del carpetazo urgente a un informe de fiscalización que afecta a su etapa al frente de la Junta de Castilla-La Mancha: el llamado caso Seseña.

Las prisas de Bono han disparado las sospechas en el Grupo Popular. La oposición quería más tiempo por si el nuevo Gobierno autonómico y el nuevo equipo municipal de la localidad toledana podían aportar más datos al expediente. El presidente de las Cortes ha impuesto lo contrario.

Se conoce como caso Seseña el conjunto de irregularidades de todo tipo que se dieron en ese municipio próximo a Madrid en 2003 en una operación urbanística que afectaba a 1,8 millones de metros cuadrados y que fue acometida por el constructor Francisco Hernando El Pocero. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, gobernada entonces con José Bono, no vio nada. Las relaciones entre el constructor y el dirigente socialista pasaban por la empresa Hípica Almenara.

El Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador del Estado, intervino en el caso. En julio del pasado año envió al Congreso un informe con sus averiguaciones y el anuncio de que el fiscal del tribunal, Olayo Eduardo González, había tomado la decisión de trasladar el asunto a Anticorrupción por haber detectado irregularidades con relevancia penal en el caso. En el informe se especificaba que la Junta regional “debería ejercitar las funciones de ordenación, control, inspección sanción e intervención” en este ámbito y que de haberlo hecho adecuadamente, “podrían haberse impedido parte de las irregularidades”.

Con las Cortes cerradas por vacaciones, el informe de fiscalización siguió su trámite en el Congreso sin que le tocara entrar en el orden del día hasta finales de año. Después, ya en 2011, la comisión parlamentaria decidió no entrar en asuntos que afectaban a los ayuntamientos hasta después de las elecciones municipales de mayo para no interferir en la precampaña.

Ahora a los socialistas les han entrado las prisas. Bono ha seguido muy directamente el proceso. El pasado miércoles se reunieron la mesa y los portavoces de la comisión para fijar orden del día. Los socialistas insistieron en tramitar ya el caso Seseña, los populares se negaron. El portavoz del PP, Ramón Aguirre, aduce que se debe dar tiempo a la nueva corporación municipal de Seseña, ahora del PP, y al nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha de María Dolores de Cospedal para que aterricen en sus instituciones por si aportan nueva documentación o por si encuentran algún “papel olvidado”. Los socialistas se negaron a cualquier demora.

Pese a que el calendario de trabajo de la comisión se elabora siempre por unanimidad, el PSOE exigió que se votara e impusieron su mayoría. Como prueba de la doble vara de medir de los socialistas, el PP pidió que se incluyera el caso del ayuntamiento sevillano de Mairena de Aljarafe, el más antiguo. La presidenta de la comisión, la socialista Isabel Pozuelo, es diputada por Sevilla. Votaron en contra y sólo se admitió Seseña, que será el primer ayuntamiento analizado en cuanto acaben las vacaciones en el Congreso, el próximo 7 de septiembre. Bono se salió con la suya.
Ramón Aguirre asegura que “la larga sombra de Bono” está detrás del caso Seseña en su tramitación parlamentaria y considera inaceptable que se pueda dar carpetazo al escándalo en las Cortes, mientras sigue abierta la investigación en la sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por las posibles responsabilidades penales, dado que las irregularidades contables y administrativas ya contrastadas son de evidente “relevancia penal”.

Reabrir el caso

Desde el PP lo que se quiere dejar muy claro es que esas prisas del PSOE pretenden dejar sin sentido político la comisión de investigación que Cospedal ha prometido en las Cortes autonómicas. Y es que los populares llevan ocho años pidiendo que el Parlamento regional cree una comisión para estudiar los contratos de Seseña, pero el PSOE siempre las ha negado.

Si desde el Tribunal de Cuentas se cierra el asunto, perdería todo su sentido estudiarlo en las Cortes, pero si el nuevo alcalde del PP en Seseña, Carlos Velázquez, encuentra irregularidades entre los viejos contratos de El Pocero no tendrán ninguna duda en reabrir el caso y analizarlo. De momento, dicen que al nuevo alcalde no le ha dado tiempo de ponerse a estudiar todos los papeles porque acaba de llegar, pero seguirá con el tema.

En cualquier caso, el informe del Tribunal de Cuentas detectó más de 200 irregularidades en materia de intervención, tesorería y urbanismo. El periodo que el máximo órgano fiscalizador del Estado investigó fue desde 1999 hasta 2003. Sin embargo, luego de oficio lo amplió hasta 2007. El principal responsable de este asunto es la Junta de Castilla-La Mancha.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)