Vetado el español en los teléfonos del Ayuntamiento de Barcelona

El pasado 3 de junio, el Ayuntamiento de Barcelona renovó los teléfonos de los funcionarios del Instituto Municipal de Hacienda –así como los de otros departamentos– y la empresa distribuidora informó a los funcionarios de que los aparatos estaban configurados en español y en catalán, pero que, “por orden de arriba”, la función del uso en español “está capada”. Es decir, la empresa telefónica ha instalado unos teléfonos con las dos opciones lingüísticas oficiales pero el Ayuntamiento ha ordenado que se bloquee el uso del español.

Ante este veto, Antonio Francisco Ordóñez Rivero, alto funcionario del consistorio, ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Instituto Municipal de Hacienda por bloquear el uso del español en los nuevos teléfonos de los funcionarios y obligar al uso exclusivo del catalán, en contra de la legislación actual. Ordóñez considera que, según la legislación actual, y tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, esta decisión del ayuntamiento es irregular. Comprobó que los teléfonos tienen bloqueada la opción de uso del español y ha decidido llevar esta discriminación lingüística ante los tribunales.

Según informa el rotativo minutodigital, el alto funcionario municipal, previamente, envió un requerimiento administrativo al ayuntamiento el pasado 6 de junio. En él pedía que se habilitara la opción de uso del español –ya instalada por la empresa telefónica y que no supone mayor coste económico–, junto con la de uso en catalán, para que los funcionarios eligieran la opción de uso que –según sus derechos– considerasen oportuno. No recibió respuesta.

El lunes 27 de junio presentó otro recurso ante el Juzgado Contencioso-Administrativo pidiendo exactamente lo mismo. Advertía, además, de que el consistorio debe usar las dos lenguas oficiales de Cataluña en todos los ámbitos comunicativos: “Intranet corporativa, software y teléfonos”.Ordóñez señala su intención de llevar esta reclamación “a todos aquellos ámbitos” municipales en los que se obligue a una de las dos opciones lingüísticas por parte del “poder público” y recuerda que el TC desestimó la opción “preferente” del catalán en las Administraciones Públicas. (Intereconomía)