El problema de la delincuencia.

Los orígenes de la problemática situación penal que padecemos en España y en el resto de Occidente se encuentran en buena medida en los albores del siglo XX , en el núcleo de las tesis sostenidas por los teóricos correccionalistas de inspiración krausista, y sobre todo en las tesis sostenidas por varios autores freudianos. Según estos últimos, como puso de manifiesto Mikorey, el delincuente es tal por un "complejo de Edipo no asimilado". Esto le genera un tremendo complejo de culpa que le lleva a delinquir para "buscar el castigo". Si se eliminase el castigo ya no habría delitos puesto que las pulsiones criminales desaparecían al no existir ya la finalidad por ellas buscada. En esta misma época, autores como Lacassagne y su Escuela francesa sostenían que el delincuente no es el verdadero culpable, sino la sociedad.

En los años posteriores, otros autores incorporaron a la criminología la teoría del "etiquetamiento", en virtud de la cual el criminal sólo era aquel a quién la sociedad "etiquetaba como tal", o algunos, como los miembros del grupo Baratta, propugnaron la supresión total de las penas privativas de libertad.

La fuerte influencia que estas tesis han tenido a medio y largo plazo, y también el progresivo aumento de la criminalidad que se ha ido experimentando en el último siglo, se han debido al paulatino proceso de anomización moral que ha ido experimentando la sociedad occidental, para la cual los principios morales trascendentes que hasta ese momento constituían el código de conducta moral a seguir han ido perdiendo significado y sufriendo una desvirtuación de signo relativista .

 

Estas teorías absurdas, gracias al fenómeno de pauperización moral al que acabamos de hacer alusión, lograron desplazar a tesis mucho más serias desde un punto de vista jurídico, ético y también científico y respetuosas con la víctima y con el concepto de justicia, como las defendidas por los padres de la criminología moderna, Lombroso y Garofalo , o por los padres de la dogmática alemana, Edmund Mezger y Exner, entre otros (si bien es cierto que estas también incurrieron en excesos). Para ellos, como corroboraría a posteriori el prestigioso psico-biólogo Hans Eysenck (que se exilió de Alemania durante el periodo nacional-socialista), el delincuente habitual es un ser anormal biológica y socialmente, que constituye un peligro para la comunidad y que por tanto debe ser apartado de ella para que así la salvaguarda de los bienes jurídicos dignos de protección sea realmente efectiva.

Jakobs es consciente de que determinados tipos de
criminales no tienen cabida en una sociedad sana

La consecuencia de todos los desbarres onanístico-conceptuales perpetrados por los seguidores de las tesis "progresistas" y filo-delincuenciales ha sido que el fin primordial de las penas en España sea la rehabilitación del reo (art .25.2 de la Constitución) cuando está demostrado que los psicópatas asesinos (muy estudiados por psiquiatras como Kraepelin, Schneider o López-Ibor) o los violadores reincidentes no son RECUPERABLES.

Fines tradicionales como la retribución, la prevención general o la prevención especial en su vertiente inocuizadora del reo, han sido postergadas a un segundo término, a pesar de que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo sigue recordando la vigencia de los fines de prevención general y especial .

La reacción a esto, encabezada sobre todo en los países anglosajones por los llamados movimientos de “Law and order", si bien justificada, ha incurrido igualmente en notorios excesos que han desembocado en un endurecimiento desproporcionado de las penas, incluso para los autores de infracciones de escasa relevancia, y en una utilización de la demagogia populista por parte de los cargos públicos elegibles .

Las consecuencias de esto, son:

- Unas penas laxas para los delincuentes peligrosos, laxitud que se ve potenciada con la generosa concesión de terceros grados o de permisos que jueces de vigilancia penitenciaria desaprensivos y negligentes otorgan a violadores o a asesinos, contra el dictamen de los componentes de las respectivas juntas de tratamiento penitenciario y que en numerosas ocasiones son aprovechados por los criminales para volver a robar, matar y violar. Paradójicamente, en numerosas ocasiones esos mismos jueces se muestran muy refractarios a conceder la libertad condicional tras la correspondiente progresión de grado automática que prevé el código penal a presos que padecen una enfermedad muy grave que conducirá irremisiblemente a su muerte. Presos, en muchas ocasiones, que no fueron condenados por delitos particularmente graves .

Esto denota, una vez más, la ARBITRARIEDAD de la que por desgracia hacen gala en más ocasiones de las deseadas buena parte de los órganos judiciales patrios.

Por una vez se ha hecho justicia

- La prohibición de los trabajos forzados por el artículo 25.2 de la Constitución, cuando la realidad demuestra que son una de las mejores medidas para que el criminal retribuya el mal causado tanto al sujeto pasivo inmediato de su crimen (su víctima) como al mediato (la sociedad). Está demostrado en los EE. UU que tienen efectos muy positivos en la rehabilitación de delincuentes de baja intensidad (autores de hurtos, sobre todo). El código penal prevé las penas de trabajos en beneficio de la comunidad, pero por imperativo del antes citado artículo de la Constitución, requieren ineluctablemente del consentimiento del condenado (art. 49) .

Para infracciones como el deslucimiento de inmuebles urbanos o destrozo de mobiliario urbano (graffitis y similares), una pena de esta naturaleza, de aplicación PRECEPTIVA, sería mucho más efectiva y ejemplarizante que una pena de cárcel o de multa .

- La aprobación de una vergonzosa Ley del menor en 2000, en los tiempos del gobierno popular, que en la lucha contra la delincuencia común ha demostrado ser tan negligente e impresentable como los "progresistas". En virtud de esta ignominiosa ley, los menores de 14 son TOTALMENTE IMPUNES y los mayores de 14 y menores de 18 pueden ser sancionados con un internamiento en centros de internamiento provistos de consolas, pero desprovistos de vallas (porque según los responsables estultos esto facilita la reinserción, cuando lo que en realidad facilita es la fuga) por un periodo no superior a 8 años. Es absurdo establecer la mayoría de edad penal en los 18 años, y aún lo es más el hecho de que los menores de 14 años sean completamente inmunes a la jurisdicción penal. Cualquier psiquiatra o psicólogo serio concede que incluso con 7 años los menores son plenamente capaces de discernir entre el bien y el mal. Todos sabemos que en España, menores con esas edades han cometido delitos atroces, con lo cual no es lógico que los mismos no puedan sufrir sanción penal alguna.

Asimismo, hemos de decir que en los casos de infracciones perpetradas por menores en las que no haya mediado violencia o intimidación, o estas últimas hayan obedecido a una situación muy puntual, el internamiento en un centro, cuyo ambiente no es precisamente el mejor para obtener una reeducación eficaz, no es lo más idóneo, siendo la realización de trabajos en beneficio de la comunidad y la formación en valores morales mucho más aconsejable.

- Una tremenda rigidez de los jueces a la hora de aplicar eximentes de legítima defensa, miedo insuperable o estado de necesidad a los ciudadanos honrados que se defienden de una agresión a pesar de que el código penal mantiene unos criterios muy amplios. Ejemplos célebres fueron el caso del yerno de los joyeros Tous, que mató a un maleante kosovar en legítima defensa cuando tuvo que hacer frente a varios asaltantes, o el de un padre de familia, que cuando su casa fue asaltada por tres magrebíes, mató a uno de ellos tras salir en su persecución con un cuchillo y dar caza a uno de los malhechores, que previamente se le había resistido .Tanto Lluis Corominas como el honrado padre de familia madrileño fueron tratados como delincuentes por buenas parte de los medios de desinformación y eso es algo que una sociedad sana no puede jamás tolerar.

Criminalizar a la víctima, que, ejerciendo un derecho natural básico, defiende su derecho a la vida y a la integridad física, o el de sus allegados y conciudadanos, es algo abyecto moralmente. Afortunadamente, en Junio de 2010, Lluis Corominas fue hallado inocente en el veredicto otorgado por el jurado de la Audiencia provincial de Barcelona ante el que se celebró el juicio oral .

- En el extremo opuesto, el principio retributivo se aplica con excesiva dureza a la hora de sancionar delitos con penas desmesuradas en relación a la infracción del bien jurídico protegido.

En no pocos casos, distintas conductas que deberían estar sancionadas con penas de multa, de localización permanente o de trabajos en beneficio de la comunidad son castigadas con la pena de prisión (delitos contra la propiedad intelectual o industrial, tenencia ilícita de armas, ciertos delitos relacionados con el tráfico de drogas, popularmente conocidos como “camelleo a pequeña escala” , delitos contra la seguridad del tráfico de escasa gravedad , delitos de lesiones que se producen con ocasión de una riña fortuita, delitos relativos al impago de pensiones de manutención, etc.)

Ciertos delitos, como los homicidios que a veces se producen en el transcurso de una riña mutuamente aceptada, son castigados con una pena notablemente desproporcionada y asimilados a otros homicidios cuya antijuridicidad es notoriamente mayor.

Incluso hay conductas como una simple bofetada de un padre a un hijo que están tipificadas como delito en el artículo 153 del Código penal, lo cual es un sinsentido .

- No hay que olvidar tampoco que en el Código Penal español se castigan simples delitos de opinión. Hace unos pocos años, el librero Pedro Varela fue condenado por contravenir supuestamente el artículo 510 del Código penal (“Promover a la discriminación , al odio …”) y el artículo 607.2 (“Justificar el holocausto”). Es muy grave que en una sociedad supuestamente libre se atente contra la libertad de opinión de una manera tan flagrante, introduciendo tipos penales ambiguos y vagos en el Código penal que violan esta libertad. Esto, en EE.UU, merced a la Primera Enmienda, sería impensable. La existencia de estos delitos ideológicos en nuestro Código penal hace que podamos hablar, sin el menor género de dudas, de la existencia de PRESOS POLÍTICOS en España (algo que igualmente sucede en el resto de Europa y otros países occidentales).

Parece que las leyes y la “Justicia” de este país tienen una doble vara de medir y mientras que las mismas tratan con gran exquisitez a delincuentes peligrosos y sin ningún escrúpulo, tratan con una dureza desmedida al “delincuente” puntual, cuyos actos antijurídicos apenas suponen amenaza alguna contra la comunidad.

Para mejorar este lamentable estado de las cosas, tanto en lo relativo a las condenas impuestas, como en la ejecución de las mismas, sería necesaria la adopción de las siguientes medidas:

El Rafita: ¿Es reinsertable esta alimaña?

- Retorno a las tesis doctrinales del llamado “Derecho penal de autor". Pese a que los “progresistas” digan lo contrario, estas tesis son mucho más justas que las tesis imperantes del “Derecho penal del hecho”, puesto que las primeras tienen en cuenta la personalidad y las tendencias comportamentales del imputado a la hora de imponérsele una condena, lo cual tiene como consecuencia no sólo la imposición de penas más duras, sino también más leves, cuando la situación así lo demanda. De hecho, en algún artículo de nuestro código penal se aprecia esta influencia, tanto en un sentido como en el otro.

- Aplicación de la llamada “Tesis del Derecho penal del enemigo”, auspiciada por el jurista alemán Jakobs a partir de los años 80 y que considera a determinados criminales como los violadores en serie, los terroristas y otros individuos particularmente sanguinarios, no como “ciudadanos”, sino como “Enemigos de la comunidad” a los que hay que INOCUIZAR INTEGRALMENTE, dado que los ciudadanos tienen un derecho a la seguridad que ha de ser garantizado por el Estado .

- Como consecuencia de lo anterior, la adopción de la cadena perpetua para asesinos especialmente crueles y violadores en serie. Si para ello es necesario proceder a la reforma del artículo 25.2 de la Constitución, que habla de que el fin primordial de las penas es la reinserción del delincuente, lo cual jurídica y científicamente es muy discutible, puesto que está demostrado que muchos delincuentes son irreinsertables, al legislador mínimamente responsable no debería asaltarle duda alguna. No defiendo la instauración de la pena capital, no porque estos individuos no la merezcan, sino porque siempre hay posibilidad de error y de que un inocente pague injustamente. - Sobre la pena de muerte es muy interesante el ensayo escrito por el filósofo marxista Gustavo Bueno, en el que se refiere a la misma como eutanasia procesal.

Por supuesto, esta cadena perpetua sería NO REVISABLE, puesto que la “cadena perpetua revisable”, además de tener una duración en la práctica inferior a las penas máximas que prevé nuestro actual código, es conceptualmente una “contradictio in terminis".

Los autores de delitos especialmente crueles y malvados NUNCA deben ser reintegrados a la comunidad. A este tipo de criminales los antiguos romanos los catalogaban de “Mostrua". Platón en sus “Leyes” recomendaba su extirpación del cuerpo social y el jurista alemán Von Amira, al describir las penas existentes en los antiguos clanes germánicos, dice que para este tipo de criminales la muerte o el destierro se concebían como una depuración de la Sippe. Vemos pues cómo nuestros ancestros negaban a estos “monstruos” la condición de seres humanos desde una perspectiva ontológica.

- Incremento notable de las penas para delitos de secuestro, detención ilegal y robo con violencia e intimidación a particulares.

- La reinstauración de los trabajos forzados para determinado tipo de delitos, a los que anteriormente nos hemos referido.

- Sustitución de la pena de prisión en algunos delitos económicos en los que los perjuicios a terceros no hayan sido desproporcionadamente elevados por una multa consistente en el EMBARGO TOTAL y efectivo de los bienes del condenado, que se entregarán a sus víctimas en concepto de reparación.

- Reinstauración de las medidas de seguridad pre-delictuales para controlar de manera eficaz a los elementos antisociales que por su personalidad, antecedentes y comportamiento supongan una amenaza inmediata para los bienes jurídicos de la comunidad.

- Institución de la pena de azotes (como en Singapur y en la isla de Man hasta hace poco) por delitos de vandalismo.

(Hemos de ser realistas y tener en cuenta que la Isla de Man tuvo que abolir esta pena ante las presiones del Tribunal europeo de Derechos humanos)

- Incremento sustancial de los efectivos policiales, principalmente mediante la imitación del modelo de “Posses” de ciudadanos norteamericano para prevenir delitos, y una eficaz instrucción diaria en artes marciales a los agentes, al igual que sucede en países como Israel o Rusia. (1)

- Modificación de los artículos 185 y 186 del Código penal, atinente a los delitos de actos de exhibición obscena ante menores e incapaces y a la venta y difusión de material pornográfico entre los mismos, castigando estas conductas también cuando tengan como sujetos pasivos a mayores de edad y recuperando por tanto el espíritu del delito de “escándalo público” que sí estaba tipificado en códigos penales anteriores. Asimismo, la prostitución VOLUNTARIA, especialmente cuando se ejerce en la vía pública, debe ser tipificada como delito, al igual que el consumo de drogas sin finalidad terapéutica. Es de una enorme hipocresía castigar sólo como delito el proxenetismo y el tráfico de drogas, no haciendo lo propio con la otra parte que como cooperadora necesaria es conditio sine qua non para que ese delito tenga lugar.

- Esterilización de los criminales multirreincidentes y autores de delitos odiosos para que de esta manera no puedan engendrar una progenie anti-social. Expertos de la talla de Eysenck han demostrado la naturaleza eminentemente genética de buena parte de las conductas criminales. La adopción de esta medida en absoluto es inhumana puesto que está prevista para los discapacitados no autores de delitos cuando es instada por sus representantes legales.

- Indeterminación de las penas de prisión para los casos de delitos particularmente graves.

- Legalización del uso de narcolépticos o sueros de la verdad, "escopolamina" (mucho más efectivos que los polígrafos, ineficaces con psicópatas o individuos bajo los efectos de psicotrópicos o estupefacientes) y de la hipnosis, que es incluso más eficaz, para la efectiva investigación de los crímenes, y que están actualmente prohibidos por el derecho constitucional del reo a no declarar contra sí mismo, reconocido en el art .24 de la nuestra Constitución. Asimismo ,debería otorgarse con las garantías debidas valor probatorio a estos métodos.

¿Acaso una verdadera justicia no debe estar encaminada a averiguar la VERDAD de los hechos?

Sheriff Arpaio: los criminales le temen

- La instauración de bancos con muestras de ADN pertenecientes a todos los delincuentes fichados. Este sistema ya se utiliza en otros países europeos.

- Una interpretación más extensiva de la causa de justificación de la legítima defensa, contemplada por el art. 20.4 del Código penal, cuando una persona mata a un delincuente violento que se proponía asaltar su propiedad o atentar contra su integridad física. Cuando esto no sea posible, aplicar con más frecuencia la causa de exención de culpabilidad, conocida como "miedo insuperable, contemplada por el artículo 20.6 del código penal español. Esto es perfectamente posible incluso en la actualidad, dado que dicha interpretación extensiva en modo alguno contravendría las disposiciones de la ley.

En cualquier Sociedad LIBRE hay algo que debe estar muy claro: LA CALLE ES PARA LOS CIUDADANOS DE ORDEN Y NO PARA LOS CRIMINALES.

- La reforma de la Ley de demarcación y planta judicial, para que así la distribución y organización de los distintos partidos judiciales obedezcan a criterios de eficacia y racionalidad, evitando en la medida posible la saturación de los juzgados .

- Unos procesos penales con las debidas garantías. La finalidad básica de todo proceso justo que se precie es la de hacer JUSTICIA y la de averiguar la verdad de los hechos. No es admisible que por mor de la desidia de distintos jueces o funcionarios judiciales o policiales en no pocas ocasiones sean condenados inocentes por no haberse practicado debidamente los distintos medios probatorios o por el contrario resulten absueltos individuos culpables. La infalibilidad absoluta es un imposible y como dice el adagio latino , “Errare humanum est”. Lo que no es tolerable es el error originado por la INCOMPETENCIA y la desidia.

Muy ligada a esta cuestión estaría la salvaguarda eficaz de la llamada “cadena de prueba” , que constituye una conditio sine qua non para la existencia de un proceso realmente justo.

- Introducción en la LECRIM de una Conciliación, muy similar a la prevista en el proceso civil, para evitar que conductas de escasa o nula antijuridicidad penal desencadenen un proceso penal. Esto sería aplicable sobre todo en delitos de lesiones perpetrados en el ámbito de riñas mutuamente aceptadas o en el ámbito de las injurias y calumnias o de malos tratos de obra de escasa entidad .

Destructor ruso que hace unos meses, tras liberar a un barco mercante ruso apresado por piratas somalíes, hundió al barco pirata con los criminales dentro

- Una sustitución de las penas de prisión por penas de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad para aquellas conductas que apenas revistan antijuridicidad material, esto es: peligro para la integridad de los miembros de la Comunidad o para los Valores esenciales sobre los que la misma se sustenta. La aplicación de las penas de prisión en estos casos puede suponer una injusticia notoria para el condenado, mucho mayor que la injusticia cometida por este al perpetrar el delito por el que haya sido condenado. También sería aconsejable, en el caso de los pequeños hurtos, una recuperación de las llamadas “penas infamantes”, sustituyendo estas a las penas de prisión. Un ejemplo de este tipo de penas son las que se aplican en algunos estados de los EE.UU. a estas personas en virtud de las cuales son obligadas a portar un cartel retractándose por su conducta en el mismo lugar donde las llevaron a cabo. Otro tipo de penas infamantes son las de azotes, anteriormente mencionadas.

No hay que olvidar que uno de los principios penales tradicionales básicos es el de “intervención mínima”.

- Una solución REAL al problema de masificación que se está dando en las cárceles españolas actuales, que son unas de las más saturadas de Europa. Por ello sería aconsejable otro planteamiento del modelo de prisiones, incentivándose la construcción de pequeños complejos carcelarios en detrimento del modelo actual de “macro-prisiones”, totalmente ineficiente a la hora de controlar a los internos.

- Garantizar la seguridad de los internos en las prisiones. Un sistema penal JUSTO es aquel que se caracteriza tanto por su dureza, cuando esta es necesaria, como por las garantías en lo que a la integridad corporal de los presos se refiere, una vez que estos han sido condenados, dado que éstos se encuentran bajo la custodia del Estado, que se convierte así en responsable y garante de su integridad física y moral. No pueden ser toleradas las acciones ni de presos conflictivos y matones, ni las de los funcionarios sádicos (una minoría, se entiende) que en ocasiones, y dado el grado de corrupción que impera en los ambientes carcelarios, actúan en connivencia con los presos más problemáticos cuando estos abusan de los más débiles. Las cárceles deben ser concebidas como centros de cumplimiento de condenas, no como centros de tortura.

A grandes rasgos estas serían algunas de las propuestas para la mejora de las condiciones de nuestro Sistema de Justicia penal. Lamentablemente las “élites” que nos gobiernan no están por la labor de mejorar el deplorable Estado de cosas actual.

La consecuencia de esta situación caótica es clara. Cuando el Estado hace dejación de sus funciones primordiales y no ejerce debidamente el “Monopolio legítimo de la violencia” al que aludía Max Weber, el ciudadano honrado está legitimado moralmente para asumir esta función, combatiendo a los criminales que se dedican a sembrar el pánico entre la población .

Por otro lado, condenados que no revisten en principio una especial peligrosidad, como respuesta a la excesiva dureza del sistema para con ellos acaban convirtiéndose en criminales conflictivos.■

(1)- El Posse es un modelo muy similar al de las antiguas milicias gremiales que velaban por el orden de las ciudades españolas hasta bien entrado el siglo XIX