El Tribunal de Cuentas denuncia que Bono permitió numerosos abusos en Seseña.

El PSOE quiere echar por tierra el demoledor informe que hace un año emitió el Tribunal de Cuentas sobre las numerosas irregularidades y abusos urbanísticos que se cometieron en el municipio toledano de Seseña. El órgano fiscalizador del Estado apunta directamente al entonces presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Bono.

Según el informe, “la Junta debió ejercitar las funciones de ordenación, control, inspección, sanción e intervención que la ley le otorgaba”. En consecuencia, “si las hubiera practicado adecuadamente, se podrían haber impedido parte de las irregularidades y modificaciones del planeamiento no justificadas en el interés general”, subraya el Tribunal de Cuentas.

El análisis que hace el máximo órgano fiscalizador del Estado respecto de los procedimientos del Ayuntamiento de Seseña en el periodo 1996 a 2002 evidencia “deficiencias y riesgos de control”. En efecto, “no existe que se llevara la contabilidad en los ejercicios 1996 a 1999 ni las liquidaciones presupuestarias referidas a los años 1996 a 1998 y 2001, ni de las cuentas anuales correspondientes al periodo 1996 a 2002”.

Con respecto a las actuaciones urbanísticas “se permitió la entrada de documentos en el ayuntamiento sin pasar por el registro general o sin contar con el visado del correspondiente colegio oficial”. Además, “la formación de los expedientes de los convenios fue incompleta y deficiente, aparte de que no se hizo un seguimiento del cumplimiento de los convenios”.

El informe del Tribunal de Cuentas también denuncia vulneraciones legales e irregularidades administrativas entre el Ayuntamiento de Seseña y las constructoras Promociones del SAZ 2000, SL y ONDE 2000. Aquí se detectó “la adjudicación de una obra de forma directa sin observar los principios de publicidad y transparencia que debe regir la contratación pública”. En este punto, cuando se liquidan las cuentas entre estas empresas y el Ayuntamiento de Seseña, se “hace por el concejal de Hacienda que es incompetente para ello”.

Otro tanto se puede decir, según el tribunal, de “las licencias de obras que se otorgaron sin el preceptivo informe jurídico o los expedientes sancionadores que se dejaron que caducaran, con el consiguiente perjuicio económico para el municipio”.

Este diario se puso ayer en contacto con el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, que declinó hacer cualquier tipo de valoración al respecto. Asimismo, fuentes jurídicas consultadas por LA GACETA apuntan “a una posible prevaricación de los políticos implicados en este escándalo”.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)