La factura de la huelga: un máximo de 4.200 millones y billete de vuelta a la recesión.

Calcular el coste exacto de una huelga es tarea prácticamente imposible, aunque casi todo el mundo coincide en que el momento escogido para celebrarla, en medio de la mayor crisis que se recuerda en décadas y cuando la economía española sigue sin levantar cabeza, es el peor de los posibles y supone un obstáculo añadido para la recuperación.

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha sido uno de los pocos en atreverse a calcular la factura del paro general. Hace unos días, el líder de los empresarios afirmó que un seguimiento del 25% implicaría una caída del producto interior bruto (PIB) de una décima (1,056 millones de euros) mientras que un respaldo del 50% de los trabajadores supondría un descenso del PIB del 0,2%, lo que supone calcular las potenciales pérdidas en 2.100 millones de euros, algo que llevaría de nuevo a la economía española de cabeza a la recesión.

Siguiendo esta lógica, una paralización total del país con un hipotético seguimiento del 100% tendría un coste de cuatro décimas del PIB: 4.200 millones de euros. Para hacerse una idea de la magnitud que alcanzan esas cifras, un seguimiento total del paro tendría un coste equivalente al 50% del presupuesto del Plan E, con el que, según el Gobierno, se crearon 422.000 empleos. O, lo que es lo mismo, se perdería dinero suficiente como para crear 210.000 empleos, aunque sean temporales.

El precio de una huelga total equivaldría también al coste de la rebaja de sueldo de los funcionarios y la congelación de las pensiones juntas, sería similar a los 4.600 millones del presupuesto de Sanidad en 2010 y supondría más de la mitad de los 7.600 millones de euros que el próximo año se destinarán a las políticas activas de empleo.

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) indican que el número de ocupados al cierre del tercer trimestre alcanzaba los 18,47 millones de personas. Si una cuarta parte de los trabajadores secunda el paro, eso supondría que 4,6 millones no irían a trabajar, un número similar al de personas paradas que existen en nuestro país.

No obstante, del total de trabajadores, más de 15,3 millones son asalariados y 3,1 millones trabajadores por cuenta propia, un colectivo en el que resulta mucho más difícil medir el seguimiento de la protesta.

Los asalariados que secunden el paro lo tendrán más fácil para calcular cuanto dinero se les descontará. Para un salario bruto mensual de 2.500 euros, el descuento en cada nómina será de unos 116, incluyendo el salario diario y la parte proporcional del descanso semanal, a lo que habrá que sumar la parte proporcional correspondiente a las pagas extras y de beneficios cuando éstas se perciban.

Para un salario bruto de 1.900 euros (unos 1.500 euros netos), el descuento en la nómina mensual se acercará a los 90.

Los referentes
El coste de las huelgas, como el de la vida, también sube. El fuerte crecimiento registrado por la economía española en la década anterior a la crisis hace que las cifras de pérdidas por la protesta se multipliquen. Así, el paro general de 1985 tuvo un coste de 30.000 millones de pesetas (unos 180 millones de euros), según las cifras oficiales, mientras que el del 14-D de 1988, que paralizó el país, tuvo un impacto aproximado de 400.000 millones de pesetas (unos 2.400 millones de euros). En la huelga de 1992, la patronal cifró el coste en 30.000 millones de pesetas (unos 180 millones de euros), mientras que, en la de 2002, la estimación se situó en unos 250 millones de euros.

Algunos sectores temen la repercusión que el 29-S tendrá en unos balances que ya han sido duramente golpeados por la crisis.

Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de Agencias de Viajes, señala que el coste de un paro general siempre es elevado, aunque su impacto ha quedado “minimizado” por la anticipación con la que se anunció la huelga, que ha permitido a muchos turistas planificar sus viajes para no coincidir con ella.

No obstante, apunta que la repercusión puede ser elevada en Canarias y Baleares, donde la jornada de protesta “podría afectar a más de 50.000 turistas” y provocar unas pérdidas “de cinco millones de euros”.

El principal temor del sector, apunta, es que “los piquetes deformativos” impidan el acceso a los aeropuertos, especialmente en las islas, donde el 30% del PIB y el empleo procede del turismo. La dependencia absoluta del avión en estas autonomías, manifiesta, debería tener su correspondencia en unas medidas especiales para garantizar los servicios mínimos.

Gallego sostiene además que, al margen de las pérdidas inmediatas por las cancelaciones, el sector puede hacer frente a un impacto todavía más difícil de medir: el deterioro de la imagen de España en el exterior, que ya se han encargado de alimentar en los últimos días algunos medios del Reino Unido, el principal emisor para el mercado turístico español.

Otro de los sectores que temen las consecuencias económicas de la huelga es el del comercio. Miguel Ángel Fraile, secretario general de la Confederación Española de Comercio, afirma que de los 650.000 comercios existentes en el país “se verán afectados entre un 10% y un 15%”, principalmente los de las zonas centrales de las grandes ciudades, y no por voluntad propia de secundar el paro, sino por “la intimidación de los piquetes”.

Fraile sostiene que, a pesar de los problemas que atraviesa el sector, “esta huelga no va con nosotros, en la mayoría autónomos o pequeños empresarios”. “Es una huelga sindical”, apunta.

Aunque no se atreve a estimar el posible impacto de la protesta, teme que los grandes centros de distribución, como Mercamadrid o Mercabarna, queden paralizados, lo que repercutiría en el resto de comercios de alimentación.

Aunque la confederación no apoya el paro y anima a los comerciantes a abrir sus puertas, Fraile advierte de que si los piquetes actúan de forma violenta, se les ha recomendado echar el cierre. “No queremos héroes”, concluye.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)