El actual presidente de las Cortes, José Bono, fue objeto de una investigación interna por parte de miembros del PSOE durante los meses previos a la celebración –julio de 2000– del 35 Congreso del PSOE. El motivo de la investigación era descubrir las irregularidades de su vida privada en los aspectos económicos y en los personales, tanto de él como de su familia. Cualquier cosa podía servir para filtrarla a los medios de comunicación y desacreditar al entonces presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la Secretaría General del Partido Socialista.
El máximo responsable del trabajo sucio fue Jesús Caldera, con la connivencia de María Teresa Fernández de la Vega, ambos impulsores de la candidatura de Zapatero. Tras la llegada de este último a la Presidencia del Gobierno, Caldera fue nombrado ministro de Trabajo y Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno. En la actualidad, Caldera ostenta la Vicepresidencia de la Fundación Ideas del PSOE.
El elegido
La persona encargada de llevar a cabo la investigación fue Julio Pérez, que trabajaba como técnico en el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados a las órdenes de Zapatero cuando éste era solamente un diputado y portavoz en la comisión de Administraciones Públicas. La elección de Pérez para recabar información “sensible” sobre Bono no fue casualidad, ya que éste había sido jefe de Gabinete del investigado presidente castellanomanchego y, por tanto, sabía dónde debía buscar.
Pocos conocían de la investigación a Bono, pero hubo quien, no estando de acuerdo con los métodos empleados para quitar de en medio a un adversario político, le informó de lo que estaba sucediendo. Así que cuando éste fue advertido del trabajo sucio contra él y su entorno familiar, actuó con contundencia. Llamó personalmente a Julio Pérez y le advirtió airadamente de que si tanto le interesaban su vida privada y la de su familia, por qué no le preguntaba lo que quisiera saber, ya que tenía acceso directo a él al haber sido su jefe de gabinete.
A continuación, Bono lo puso en conocimiento de Felipe González, quien llamó a Caldera para decirle “estas cosas no se hacen”, calificando de poco ética e indigna su actitud entre compañeros de partido. Por su parte, María Teresa Fernández de la Vega, en ese momento en la dirección del grupo parlamentario y juez de profesión, miró para otro lado y no sólo no hizo nada, sino que impidió que se tomasen medidas disciplinarias contra los que habían recurrido a esos métodos para hundir públicamente la carrera de Bono.
Tras haberse desahogado, Bono envió una carta de agradecimiento a quienes le habían puesto en antecedentes de la investigación: “A veces, el deseo y la ambición de ganar unas elecciones llevan a algunos compañeros a cometer errores que, fraternalmente, debemos saber excusar”. Asimismo, afirma que “estos hechos perjudicarían la imagen del PSOE en el caso de que se hiciesen públicos”.
Por supuesto, cuando Zapatero gana el Congreso Socialista y se convierte en secretario general, se deshace inmediatamente de los que han denunciado internamente el trabajo sucio y los expulsa del Grupo Socialista. A continuación, se reúne con Caldera, Julio Pérez y Teresa Fernández de la Vega para analizar qué flecos han quedado sueltos e impedir que el posible escándalo se haga público. Esa situación convierte a De la Vega, que provenía del anterior equipo ligado a la vieja guardia del PSOE, en depositaria de “secretos” sobre las prácticas de Zapatero y se mete por “derecho propio” en el futuro de Zapatero hasta, como se sabe, llegar a la Vicepresidencia del Gobierno y permanecer como tal contra viento y marea.
A la investigación se le echa tierra encima. Ni Felipe González, ni el presidente del PSOE, Manuel Chaves, promovieron un expediente interno para acabar con las malas prácticas dentro del partido, pese a que recibieron escritos denunciándolas. Según parece, los resultados de la investigación dieron una copiosa cosecha y por ello lo mejor era “no meneallo”. (La Gaceta)
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