Griñán halla sólo a 16 mujeres ‘vejadas’ por el franquismo.

La ayuda electoralista de 1.800 euros que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, se sacó de la chistera hace unas semanas como guiño nostálgico a los revisionistas de la Memoria Histórica se está retratando. Lanzada a pocos meses de la cita municipal con las urnas, más de cara a la galería que al beneficio de sus, ya de entrada, escasas destinatarias (mujeres vejadas por el bando nacional entre los años 1936 y 1950), la acogida de la misma está siendo mínima.

La Consejería de Gobernación y Justicia ha recibido desde la aprobación del controvertido decreto el pasado 21 septiembre sólo 16 solicitudes de andaluzas que dicen haber sido víctimas de maltrato a manos del bando nacional durante la Guerra Civil y el franquismo.

La concesión de estas subvenciones aún no es definitiva, ya que las solicitudes, para las que únicamente se exigen testimonios de terceros o declaraciones juradas –el decreto no hace referencia a hechos contrastables jurídicamente–, tienen que ser analizadas por una comisión de estudio y valoración que integran el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, Juan Gallo, un miembro de su equipo y tres técnicos de la Administración autonómica, según informó EP.

Aunque las mujeres andaluzas que “padecieron formas de represión sobre el honor, la intimidad y la propia imagen” como “el rapado, la ingesta de aceite de ricino y la exposición al escarnio público” por las tropas franquistas tienen hasta el 14 de enero para presentar las instancias, el aluvión de solicitudes que esperaba el Gobierno andaluz con el efecto llamada del anuncio ha quedado en una muestra testimonial.

Desde el registro de las vacuas pruebas que pide el Ejecutivo de Griñán para la concesión de los 1.800 euros, la comisión creada al efecto por la Administración regional dice que tardará en resolver y notificar su decisión un plazo máximo de tres meses.

Ayudas ideológicas

No es ésta la única ayuda ideológica que otorga la Junta de Andalucía con una mirada atrás, interesada, de la historia de España. Otra cuantía similar ha sido establecida para las personas que sufrieron penas de prisión de entre tres meses y tres años. Las indemnizaciones de esta región a “víctimas de la represión” tienen su origen en 2001, año en que se aprobó el primer decreto regulador.
El texto fue modificado en 2003 para ampliar las ayudas a todas las personas que estuvieron en centros penitenciarios y campos de concentración por periodos de más de tres meses (al principio, sólo incluía los casos de más de tres años que quedaban fuera de las ayudas estatales fijadas en 1990). Ya en 2006, el Gobierno andaluz aprobó una nueva modificación por la que acordó un pago único de 1.800 euros.

Desde el primer decreto, en 2001, la Junta ha dado más de 9,5 millones de euros a 2.480 personas represaliadas. Entre ellas, tan sólo se han contabilizado 85 mujeres. El Ejecutivo andaluz también tiene previsto dirigir nuevas ayudas a los homosexuales de la comunidad autónoma que fueron encarcelados por la Ley de Vagos y Maleantes.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)