El 56% de liberados en los ministerios se lucra de las mesas de negociación.

Los días previos a la huelga general del pasado 29 de septiembre estuvieron marcados por la polémica sobre la falta de transparencia del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez en dar cuenta del número de liberados sindicales que existen en los ministerios. Ante tal opacidad, el Partido Popular registró una batería de preguntas al respecto en el Congreso de los Diputados para que tuvieran su respuesta por parte del Ejecutivo en la Comisión Constitucional de dicho órgano, donde se abordan estas cuestiones de Función Pública.

Una vez celebrados los paros, que se saldaron con un rotundo fracaso por el escaso número de españoles que los secundaron, no fue hasta hace unos días cuando el Gobierno reveló en sede parlamentaria los últimos datos en su poder sobre la cifra exacta de liberados sindicales que figuran en las distintas carteras y sus delegaciones provinciales.

En concreto, la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Rumí, contestó a la diputada popular Celinda Sánchez García, no sin reticencias, que el número total de liberados en los citadas instituciones de la Administración General del Estado ascendía a 815, “de los cuales 456 son institucionales”. Esto significa que un 56% del cómputo genérico está formado por sindicalistas que cobran por la supuesta asistencia a mesas de negociación con representantes de la Administración. Por contra, los liberados “por acumulación de horas” son minoría. De los 17 ministerios que componían la estructura del Ejecutivo antes de la última remodelación –el Gobierno aún no ha podido recopilar el número de liberados sindicales en su nueva composición porque no ha habido tiempo material para tal proceso en medio de los cambios–, el departamento con más liberados “institucionales” era, cómo no, el de Trabajo e Inmigración. La cartera que dirige ahora el aún afiliado a la Unión General de Trabajadores (UGT), Valeriano Gómez –acompañó anteayer en todo momento a Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo en el último adiós republicano a Marcelino Camacho– cuenta con 132. Le sigue muy de cerca el Ministerio del Interior, con 129, y el de Defensa, con 123.

Tras ellos aparecen los de Sanidad y Política Social (71), Economía y Hacienda (50), Fomento (46), Medio Ambiente, Rural y Marino (28), Presidencia (24), Industria, Turismo y Comercio (14), Cultura (13), Educación (12), Justicia (10), Ciencia e Innovación (8), Igualdad (3) y Vivienda (1). Por su parte, las carteras de Política Territorial y Asuntos Exteriores y Cooperación no albergan ningún liberado.

Se da la circunstancia de que tales reuniones de la negociación colectiva con funcionarios y altos cargos de la Administración, para las que son liberados 456 sindicalistas, son subvencionadas más que generosamente por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Tal y como informó LA GACETA los pasados días 7 y 8 de octubre, el Ejecutivo tiene previsto destinar –así aparece recogido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año– una partida de 1.281.000 euros a los orquestadores de la “gran putada” del 29-S para sus trabajos en dichos encuentros con responsables de los ministerios.

Además está el agravante, según las fuentes parlamentarias consultadas, de que las centrales, principalmente Comisiones Obreras y UGT, llegan a percibir el dinero con independencia del número de mesas de negociación que se mantengan. Así, estimando por lo alto que sean necesarias para tales tareas la convocatoria de un centenar de reuniones al año (las mismas fuentes aseguran que no se llega nunca a tal cifra), cada una de estas mesas supondría a las maltrechas arcas estatales un desembolso que rondaría los 13.000 euros. Una cantidad desorbitada que en absoluto responde a la austeridad que pretende vender el Ejecutivo en su funcionamiento interno.

Electoralismo

Desde el principal partido de la oposición denuncian que no haya en este asunto una contención del gasto y sí una “compra de votos” con casi 1,3 millones reservados a los sindicatos para “instrumentalizar la negociación colectiva”. Los populares lamentan que se tomen decisiones de este tipo mientras el próximo año el Gobierno va a bajar en un 5% el sueldo de los funcionarios –una de las medidas del decretazo social para corregir el déficit– y a reducir en 11.000 puestos la plantilla de empleados públicos de la Administración General de Estado.

En su práctica extensión, la AGE tiene 4.200 liberados sindicales, de los que 831 son empleados de los departamentos ministeriales y los otros 3.369 pertenecen al resto de organismos y sociedades estatales. Todo ellos, dice el Ejecutivo socialista, supone un 0,7% de los 590.000 trabajadores estatales.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)