¿Derechos para las prostitutas? ¡No, nunca!

Su presencia en la calle resulta bochornosa. Son todo un ejemplo de inmoralidad y un auténtico atentado contra la dignidad humana. Y, sin embargo, los malos somos todos aquellos ciudadanos honrados que no queremos que con su presencia incomoden nuestro paso por las calles.
Muchos apelarán a la libertad individual de la persona para dedicarse a lo que quiera. Bien por el que piense así. ¿Pero y si fuera alguien de su familia quien se dedicara a ello? ¿Le iba a gustar, lo defendería diciendo que “cada cual es libre de hacer a lo que quiera? ¿O ya, al ser alguien cercano, no sería tan agradable? Esa es una forma de pensar muy común en nuestra sociedad: el individuo estándar suele decir que lo demás que hagan lo que quieran (fornicar con el primer individuo que se encuentren, drogarse, vivir en la miseria), pero que esas conductas no las permitiría en su hogar o en su torno. Y digo yo que si un individuo es tan “progre” para defender que una mujer sea prostituta, también debería serlo para aceptar que su hija, su hermana, su tía o cualquier mujer cercana a él se dedicara a ello.

En mi labor diaria de buscar noticias para publicar en “La Nación Digital” me encontré hace ya muchos días la convocatoria de las prostitutas que “trabajan” en Madrid (y digo prostitutas porque es lo qué son, nada de “trabajadoras del sexo”), que protestaban por la falta de protección que tenía su profesión y por la “persecución” que sufrían debido a su condición de rameras (lo de rameras es mío, está claro que ellas no se consideran como tal). Al parecer, las “señoritas” se quejan de que no puedan contratar libremente en la calle sus servicios con otros individuos, sin escrúpulos algunos.
Para llevar a cabo sus reivindicaciones, pedían también el apoyo de determinados colectivos sociales (por supuesto, la élite del marxismo cultural: homosexuales, feministas y sindicalistas, entre otros).
Entre otras reivindicaciones, también exigen que se las considere trabajadores autónomas y poder cotizar en la Seguridad Social; es decir, quieren que se las iguale con la gente honrada que se gana la vida dignamente sin dejarse profanar su cuerpo o sin hacer virguerías con la mano o la lengua.

Ante este tipo de sucesos, suelo preguntarme por qué razón las feministas, autoproclamadas defensoras de la dignidad de la mujer, no salen diciendo que la prostitución es una práctica indecente que atenta gravemente contra dicha dignidad femenina al vender su honra y su cuerpo por una determinada cantidad de dinero en metálico. Supongo que el colectivo feminista no protestará contra la práctica de la prostitución porque esos mismos actos, como arrodillarse para hacer una felación, los realizan semanalmente miles de mujeres “liberadas” y feministoides a lo largo de toda España y de manera gratuita.

Actualmente, diría que una de las pocas políticas activas contra la prostitución es la que se está llevando a cabo en Sevilla, donde los clientes son multados por contratar los servicios de las rameras. Diría que, en esta ocasión, sí que puede decirse que estoy de acuerdo en una medida llevada a cabo por el Partido Popular.
Y es que, así es pese a que esto no guste a pervertidos, viciosos y rameras, la prostitución es una práctica inmoral e indigna que debe ser perseguida por atentar contra el ser humano y sus valores eternos. No me cansaré de repetir lo mismo todas las veces que haga falta.
Esta persecución ya va siendo hora de que se lleve a cabo, tanto contra clientes como hacia prostitutas y proxenetas. Ahora mismo no es una práctica perseguida, sino tolerada y al margen de la ley. Y ya va siendo hora de que se ilegalice, por el bien de la sociedad y de la dignidad humana, y que eso acarree la consecuente criminalización (auténtica, no la falsa actual) de tan nefasta “profesión”.

No son “trabajadoras del sexo”. Son prostitutas, rameras, fulanas, mujeres de mala vida... llamémoslas como quiera cada uno. Pero su presencia y sus actos son un insulto para toda sociedad huamana que se considere defensora de la dignidad como uno de sus valores.
Por lo tanto, desde estas líneas, quiero llamar a la concienciación de nuestra sociedad en referencia a este asunto y a exigir la ilegalización, persecución y criminalización de todos los individuos relacionados con semejantes asuntos. Ya va siendo hora de que el Estado de Derecho, la Ley y el Código Penal sirvan para algo y, tal y como proclaman sus defensores, cumplan su función de asegurar la pacífica convivencia de las personas que integran la sociedad.