Un sindicato de guardias civiles se querella contra Blanco y reclama disolver el PSOE.

El Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC) presentó el pasado día 3 de noviembre ante el Tribunal Supremo una querella criminal contra (entre otros miembros del PSOE y, por extensión, todo el partido) el ministro de Fomento, José Blanco, por tráfico de influencias y sustracción de fondos públicos. Delitos en los que supuestamente, y a tenor de lo investigado por la titular del juzgado de instrucción nº 3 de Lugo, la juez Estela San José, habría incurrido Blanco tras su encuentro con el empresario Jorge Dorribo, cita en la que se habría gestado el cobro de comisiones a cambio de ayudas públicas, pero que en realidad podría esconder otros tipos delictivos como financiación irregular y blanqueo de dinero.

Un entramado en el que previsiblemente, como ya publicó este diario a partir de las declaraciones fuentes de Inteligencia, Blanco y Dorribo no eran más que meros intermediarios de una trama mucho más compleja, y en la que estarían implicados otros muchos empresarios y otros cuantos políticos.

La querella no sólo hace mención a la citada operación Campeón, sino que también se hace eco de la iniciada hace dos años también en Galicia, la operación Carioca, una supuesta red de prostitución y corrupción que operaba en Lugo.

Lo cierto es que en su conjunto va mucho más allá de la figura del titular de Fomento y abarca a gran parte del núcleo dirigente, pasado y futuro, del partido, en el que Blanco ha tenido un papel relevante. Globalmente se presenta contra el entramado socialista, acusándolo de “banda organizada”, al cometer delitos contra los derechos humanos y saquear el Estado, entre otros tipos delictivos. Además, pide el inicio y la declaración de ilegalidad del PSOE y su disolución, partido al que, por lo referenciado en la querella, se considera “una banda criminal organizada para el saqueo de España”, al permitir y avalar la negociación con los terroristas de ETA y no escuchar a los guardias civiles que pedían derechos humanos.

Ilegalización

Concretamente, este grupo de agentes llega a pedir la ilegalización del partido por la “comisión de delitos de lesa humanidad, como colaboración con terroristas, traición, blanqueo de capitales, espionaje, delitos económicos y sustracción de fondos públicos mediante la utilización de entidades bancarias y fondos reservados, estafa procesal y electoral, delitos de coacciones y amenazas y tráfico de influencias”. La misma se centra, como ejecutores, en el ex presidente del Gobierno, Felipe González; el ex vicepresidente, Alfonso Guerra; el ex ministro de Defensa, Narcís Serra; el actual presidente, Rodríguez Zapatero; el ministro de Fomento, José Blanco; el anterior secretario de Organización del PSOE, José Benegas; el ex presidente, Manuel Chaves, y el juez Garzón, así como por otros “de sus militantes destacados y afiliados, formando una banda organizada que ha cometido delitos muy graves e imprescriptibles”.

En la querella presentada ante el Alto Tribunal se recuerda la decisión que adoptó en el año 2006 el Tribunal de Derechos Humanos, que condenó al Gobierno de Felipe González por vulnerar los derechos humanos de miles de personas, incluyendo a los guardias civiles y sus familias. Condena que no llegó a ejecutarse a pesar de que la parlamentaria y líder de UpyD, Rosa Díez, logró que se aprobara por unanimidad en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para el reingreso y reparación de los numerosos miembros de la Benemérita expulsados del cuerpo en aquellos años por reivindicar sus derechos, entre los que se encontraba el de asociación.

Hace unas semanas, el mismo sindicato presentó una querella contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por no iniciar acto procesal ante una denuncia presentada hace más de un año, lo que a juicio del querellante supone dejación de funciones y, posiblemente, un acto de prevaricación inaudita y grave en un estado de derecho. El Sindicato Unificado de Guardias Civiles presentará en breve otra querella contra lo que se conoce como caso Villa PSOE.


Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)