FE-JONS ante la reforma de la Política Agraria Comunitaria.

La Comisión Europea presentó el pasado 12 de Octubre el proyecto (borrador) de reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) para después de 2013. Cinco son los puntos de incidencia a la hora de desarrollar dicha política: consolidar la competitividad, garantizar la sostenibilidad, asegurar a los ciudadanos europeos una alimentación sana y de calidad, preservar el medioambiente y desarrollar las zonas rurales. Para conseguir tales objetivos la Comisión pretende hacer hincapié en los siguientes puntos:

A) Ayudar a las rentas con el fin de dinamizar el crecimiento y el empleo. Para ello se ha determinado el techo de 300.000 euros como máximo por explotación y año.

B) Mejorar los instrumentos de gestión para hacer frente a retos como el control en la volatilidad de los mercados. En este sentido la Comisión propone apoyar la creación de mutualidades y creación de seguros que amparen a sectores como el del almacenamiento privado de cereales.

C) Estímular las medidas medioambientales apoyando un pago “ecológico” que garantice el ecosistema. Se plantean prácticas como diversificación de cultivos, mantenimiento de los pastos permanentes y conservación de las reservas ecológicas y de paisajes.

D) Invertir en investigación e innovación.

E) Trabajar en el fomento de una cadena alimentaria más competitiva y equilibrada.

F) Apoyar a los jóvenes agricultores e impulsar el empleo rural y el espíritu empresarial.

G) Ayudar a las zonas desfavorecidas.

H) Conseguir una PAC más simple y eficaz.

I) Revisar las fórmulas de los pagos directos. La condicionalidad estará vinculada a los cobros de ayudas, a la vez que se introduce un pago directo progresivo por hectárea que culminará en el 2019. Los pagos acoplados  en un 10% serán una opción de los Estados miembros.

J) Pagos a los “agricultores activos”.

Así, el padre de este proyecto y Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolos , ha concluido que “La Política Agraria Común nos alimenta y es el porvenir de más de la mitad de nuestro territorio”.  No hay que negarle al Comisario Ciolos su capacidad de aglutinar sectores y unificar criterios en torno a una cuestión de tanta importancia como es el futuro alimentario de una población de unos 500 millones de habitantes, que viven sobre 4 millones de kilómetros cuadrados. Pero hay que incluir un pequeño matiz y que no debemos pasar por alto, como es el hecho de que la inmensa mayoría de Ministros de agricultura de los países miembros, Consejeros de autonomías, de Cantones…, sindicatos profesionales, agricultores y ganaderos ven más sombras que luces en el proyecto.

El Ministro de Agricultura italiano Saverio Romano ha mostrado su satisfacción porque la Comisión ha aceptado la propuesta italiana de conceder ayudas acopladas hasta un 10% del sobre nacional, y ha mostrado su descontento en lo referente al componente “greening” (enverdecimiento de la PAC), pues supone gastos adicionales a los productores sin aportar un verdadero beneficio para el medio ambiente.

El Ministro de Agricultura francés Bruno Le Maire está de acuerdo en la redistribución de las ayudas o la convergencia de las ayudas en el seno de cada Estado miembro. El Ministro galo, sin embargo, está en desacuerdo en cómo estos objetivos se han implementado en las propuestas de reglamento.

La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la ex comunista Rosa Aguilar, y analizando su “enorme peso específico en Europa” se ha limitado a rechazar de forma “plena, total y frontal” y “con total rotundidad” el proyecto de la comisión. Paradójicamente han sido los distintos Consejeros de Agricultura autonómicos los que han expresado de forma más fluida su descontento con el texto. Sirvan como botón de muestra dos de ellos. La Consejera de Agricultura de Castilla y León, Silvia Clemente, ha valorado muy negativamente el proyecto. Para la Consejera castellana el sistema de ayudas no debe cambiar y debería quedar como está. Con respecto al pago básico por hectárea por igual para todos los beneficiarios que propone la Comisión, Silvia Clemente opina que esta medida perjudicaría a los agricultores y ganaderos más competitivos. Por otro lado La Consejera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Comunidad Valenciana, Martina Hernández, defiende que las ayudas deben establecerse por hectáreas dependiendo de la productividad de la tierra y no de forma uniforme a la vez que se reconozca y se apoye la agricultura mediterránea por su contribución a la sostenibilidad medioambiental.

En una línea similar se encuentran las Organizaciones Profesionales Agrarias (sindicatos de clases del campo) en su descontento con la Comisión. Sin embargo estos han lanzado sus dardos sobre el término “agricultor activo”. Para ellos deben recibir las ayudas, (este es su principal asunto a defender, más allá de la producción, renovación generacional, control de mercados…) aquellos que denominan “agricultores a título principal”, sin considerar otro elemento.
En este escenario de despropósitos la Ministra española, Rosa Aguilar, ha decidido hacer causa común (compra-venta de votos) con las comunidades autónomas y presentar una posición única ante la próxima reunión que celebrará el Parlamento Europeo junto con otros órganos consultivos tales como el Comité de las Regiones.
Ante esta situación donde el interés común y la dignificación de los agricultores y ganaderos del campo español se concibe como la reunión de partes en torno a los intereses particulares de cada elemento en pugna, y la solución del problema en el consenso de posturas que no van más allá de un acuerdo en torno a cantidades de votos que validan esas posturas ¿qué puntos, entre otros y como innegociables, debemos defender para los intereses de la totalidad de España?

1º) La tierra es más que el “agregado de unas cuantas fincas” es “la depositaria de valores eternos”.

2º) Los agricultores y ganaderos son sujetos activos de un sector estratégico nacional; luchar por su dignidad es luchar por la dignidad de España.

3º) Las indecentes políticas socialistas y populares en materia agrícola han estado cobardemente supeditadas a la cómoda situación de recibir ayudas que con el tiempo se han transformado en subvenciones, convirtiendo al agricultor y al ganadero en sujetos pasivos y mendicantes de la limosna anti-productiva de la Política Agraria Comunitaria (PAC) de la Unión Europea. Todo desarrollo económico tutelado por subvenciones es un desarrollo ficticio y dañino para los intereses de los trabajadores y el destino de España. Una comunidad dependiente de subvenciones y que no produce es una unión falta de soberanía y de libertad, presentándose como pueblo deteriorado materialmente y anestesiado espiritualmente. La producción es la solución a la crisis del agro español, pues debemos seguir “concibiendo a España (ampliable a la U.E.), en lo económico, como un gigantesco sindicato de productores”.

4º) Por el bien de España, debe hacerse una política agrícola y ganadera que maximice (rechazando políticas de desacoplamiento que mantienen la tutela)  las potencialidades que el campo español ofrece, y así hoy más que nunca debemos insistir en que “no debemos acordar tratado de ningún tipo que limite la producción de bienes o frutos que correspondan a la base natural de nuestra agricultura, pesca y ganadería”.

5º) Trabajar en la promoción del almacenamiento colectivo. Para ello hay que revalorizar la política común de los municipios.

6º) Luchar contra la competencia desleal de los países emergentes y no-emergentes.

7º) Intervenir en los mercados para alcanzar un nivel digno en las rentas de los agricultores; para garantizar una política de precios fijando unos precios mínimos estables, y para luchar contra la falta de garantía en los autoabastecimientos de alimentos que el sistema liberal ha creado. Por ello hay que impedir que los “grandes caimanes” de la especulación, los intermediarios, que son los grandes beneficiarios de la estructura económica actual, continúen determinando un mercado al que no aportan absolutamente nada.

8º) Pertenecer a la Unión Europea no supone la resignación a ser meros gestores de decretos y presupuestos.

9º) Hay que exigir a la Unión Europea la necesidad de contemplar las especificidades productivas de cada país miembro y legislar a partir de esas características.

10º) Hay que contemplar la idea de “pagos por servicio” apoyando a los agricultores y ganaderos que trabajan en las medidas medioambientales.

11º) Crear, a nivel nacional y europeo, estructuras productivas viables que cierren el círculo de la producción, transformación y comercialización. Es decir, una política de integración vertical agrícola y ganadera que garantice que el valor añadido repercuta en el propio sector.

12º) Insistir en no olvidar que las explotaciones son propiedades privadas pero con función pública y destinadas al bien privado y al bien común. Por ello la discusión y el debate que se ha abierto en la Comisión Europea sobre el futuro de la PAC más allá del 2013 y los pedigüeños sindicatos de clases (que deben ser superados) en torno al término “agricultor activo” en un estado nacionalsindicalista está superado con la figura “empresario agrícola”.

13º) El cooperativismo propuesto por la Comisión Europea es un “buñuelo de viento”. Hay que ser valientes y afirmar el nacionalsindicalismo como estructura dinámica que requiere la intervención de productores, obreros y técnicos, en una estructura vertical de las ramas de producción expresada en las unidades naturales de convivencia, la familia, el municipio y el sindicato.

Y es que, se quiera o no, todavía “el campo es España”.

Fuente: Web de FE-JONS (www.falange.es)