Discriminación positiva en España: ¿realidad o leyenda urbana?.

Democracia Nacional lleva años anunciando las continuas medidas de discriminación positiva que han llevado a cabo los distintos gobiernos del PP y del PSOE a favor de los inmigrantes y en contra del pueblo español. Nuestros detractores nos acusan de mentir y alegan que nuestras afirmaciones son meras ¿leyendas urbanas? sin fundamento. ¿Es eso cierto?.

Ya con la llegada del PSOE al poder en 1982 se inicia una etapa de continuos errores en las políticas económicas, sociales y laborales que terminaron en un lento declive erosionado por los traumáticos desequilibrios financieros en nuestra incorporación a la CEE, la corrupción, el paro, la subida desorbitada de impuestos y los importantes recortes sociales.

Con más de 2,2 millones de desempleados, el gobierno de González emprende una política encubierta de regularización de la incipiente llegada de inmigrantes a nuestro país, a los que prodiga un catálogo inaudito de derechos en detrimento de la población española más necesitada. González echa mano de los fondos del Estado para remodelar organismos públicos con objeto de maquillar esta medida tremendamente impopular.

Costeadas con partidas escandalosas de dinero público se crean Asociaciones de Trabajadores Inmigrantes en toda España, la Dirección Gral. de Migraciones, las Oficinas de Extranjeros, el Foro para la Integración Socio-Laboral de los Inmigrantes, el Observatorio Permanente de la Inmigración, Asociaciones de Ayuda al Aprendizaje, Desarrollo e Integración de los Inmigrantes, etc...En cada Comunidad Autónoma funcionan administraciones paralelas relacionadas con la planificación de subvenciones y ayudas económicas a los colectivos inmigrantes. Se amplia la asistencia sanitaria mediante la contratación de más profesionales, construcción de nuevos Centros de Salud y ampliación de Complejos Hospitalarios.

En materia educativa se ofertan clases específicas de apoyo al aprendizaje, becas directas e instantáneas al alumnado extranjero y preferencia en los comedores escolares por delante de los niños españoles.También se facilita el acceso a viviendas, haciéndose cargo el Estado junto con las Autonomías del pago de los arrendamientos, y se incentiva la creación de negocios propios mediante la exclusión de impuestos y el derecho a traspaso de locales a otros inmigrantes del entorno al cese de siete años de actividad lucrativa, práctica muy habitual en los comercios chinos.

Transcurrido este plazo estos mismos ciudadanos chinos pueden traspasar sus negocios a otros ciudadanos chinos, montar otros negocios y, unos y otros, no pagar impuestos durante otros siete años. Prácticamente se les regalan las licencias municipales de obra y apertura, mientras que hay órdenes expresas de no realizar ninguna inspección a los mismos.

Se les permite incumplir todas las normas de etiquetado y seguridad, de venta de alcohol a menores, de seguridad social de sus trabajadores, teniéndolos a veces en condiciones de total esclavitud…Por suspuesto, se les permite mantener sus comercios abiertos a todas horas todos los días del año, vulnerando las regulaciones autonómicas o municipales. También se les permite vender productos que no están incluidos en su licencia de actividad comercial (alimentación, ropa, calzado…), sin que se les exija modificar su régimen de actividad comercial. Toda esta competencia desleal está provocando el cierre y la ruina de miles de pequeños comercios españoles sin que la clase polítca haga nada al respecto.

En los últimos años, ya se les permite la venta ilegal de todo tipo de productos en las calles, mientras la policía municipal mira hacia otro lado. La colonización de nuestra economía y de nuestros comercios por parte del estado chino, que es el que financia el asentamiento de todos estos ciudadanos chinos, es una política deliberada de todos nuestros gobiernos, tanto del PP como del PSOE, a cambio de que dicho país nos compre la deuda. Además, al contrario de lo que se cree, todas estas medidas de discriminación positiva no ocurren sólo en los comercios chinos, también ocurre en otros regentados por otras comunidades de inmigrantes.



En 1985 el Gobierno socialista se decide por la regularización masiva a cara descubierta, promulgando la Ley de Extranjería mediante la que se establece el motivo de "arraigo" para la reagrupación familiar inmediata y la incorporación al mercado laboral sin necesidad de contar con permisos de trabajo o de residencia en regla.

En 1996, otro llamamiento y regularización de mano de obra extranjera sin cualificación, abarata los salarios y reduce los derechos laborales a mínimos. Los acuerdos entre Gobierno, Autonomías, Sindicatos, Asociaciones de Inmigrantes y Empresas (acuciadas por gravámenes fiscales insoportables), perjudican a la clase trabajadora española mejor preparada que no puede competir con el entramado de favores económicos y ventajas socio-laborales que disfrutan los inmigrantes.También se llegan a acuerdos "discretos" con distintas entidades financieras para la dispensa de créditos a la compra de viviendas, vehículos o locales comerciales a los colectivos inmigrantes sin necesidad de presentar avales;el avalista único era el propio Gobierno.

González acabó su legislatura contabilizando más de 3 millones de desempleados españoles, cuyo nivel de rendimiento y experiencia laboral superaba con creces el estatus de los inmigrantes contratados en precario.



La llegada del PP al poder no cambió ni una coma toda esta política. Dos regularizaciones masivas y más facilidades para la entrada de inmigrantes, sufragándoles los reagrupamientos familiares y dando facilidades para que éstos abran comercios en nuestro país, como preferencia por delante de los españoles a la hora de recibir préstamos en entidades financieras, fueron la política del PP al respecto. Se les permite de manera deliberada la entrada masiva e ilegal hacia España, con lo que se abarata la mano de obra y se precariza el mercado laboral. Hoy en día, comunidades gobernadas por el PP, como Madrid y Valencia, continúan la misma política, financiando “planes de integración” por valor de miles de millones de euros. Recientemente, en Valencia, el ayuntamiento del PP ha ofrecido a cada empresario entre 4000 y 6000 euros por cada inmigrante contratado. No está mal, teniendo en cuenta que la Comunidad Valenciana sufre un paro del 23%

La toma de poder de Zapatero renueva con mayor intensidad la política socio-laboral de la inmigración masiva e irregular, creando nuevos organismos públicos dependientes de diversos Ministerios e incrementando las partidas millonarias dedicadas exclusivamente a la integración de colectivos inmigrantes. Se elaboran costosos planes integrales para atender las demandas, cada vez más exigentes y numerosas, en derechos de guarderías, comedores escolares y transportes gratuitos, acceso a VPO de manera directa y sin entrar a concurso público, presencia de traductores simultáneos en el campo de la sanidad, servicios jurídicos con absoluta disponibilidad y contratados por el Estado, prioridad máxima de ayudas económicas a través de los Servicios Sociales, y un largo listado de derechos inacabable...

Entre los proyectos de inserción laboral cabe destacar la presión "oficiosa" a empresas con una plantilla mínima de 10 trabajadores para despedir a 3 españoles y colocar en su lugar a 3 extranjeros. Más de la mitad de los fondos europeos para la construcción de Escuelas-Taller para la formación profesional de jóvenes españoles se desvían, por orden de Jesús Caldera, a la creación de Escuelas de Oficios en países africanos como Gambia, Guinea, Gabón, Mauritania, etc...Se tildan de "asentamientos legales" los campamentos de gitanos rumanos diseminados por la geografía española y se aumentan las aportaciones millonarias a los Servicios Sociales para la mejora de las condiciones de vida del colectivo inmigrante.

En la actualidad, con más de siete millones de extranjeros asistidos por Gobierno central y Autonomías, casi cinco millones de desempleados, millones de familias españolas malviviendo al filo de la pobreza y cantidades desorbitadas de millones de euros destinados a los programas vigentes de integración de inmigrantes, los distintos gobiernos del PSOE y del PP continúan con el progresivo empobrecimiento radical de España y con la misma política de discriminación positiva a favor del inmigrante y en contra del trabajador español.




Fuente: Web de Democracia Nacional (www.democracianacional.org)