“Zapatero traiciona a los españoles cada vez que Chávez expropia nuestras tierras”.

“Eran unos 10 agentes, vestidos de rojo y con armas de fuego a sus espaldas. Entraron de manera ilegal en mi finca”. Ésta fue la manera en la que el Gobierno de Hugo Chávez comunicó a Mario Gutiérrez Machín el 29 de junio de 2007 que su hogar pasaba a ser expropiado, “rescatado”, como mejor explica el mandatario bolivariano, por el Ejecutivo del país.

“Nos desalojaron a todos –explica el afectado de origen español–, incluidos a los empleados que residían allí. Hicieron todo tipo de destrozos, nos empujaron con machetes y palos, robaron las puertas de la casa, inodoros, lavamanos... Mataron alrededor de 200 reses, quemaron la maquinaria y me dejaron sin nada”.

Pero Machín no es el único que ha sido sorprendido por los agentes del Instituto Nacional de Tierras (INTI).

A María, una canaria que prefiere permanecer en el anonimato, lo peor no fue que la desalojaran de su propia casa. La rociaron con gasolina y una vez cubierta, encendieron un mechero amenazándola con prenderle fuego. Pero el asalto no terminó ahí. Antes de desterrarla de su hogar la violaron repetidas veces. Eso ocurrió dos semanas después de que asesinaran a su marido. El senador del Partido Popular Dionisio García Carnero fue quien comunicó la trágica historia de María al Gobierno español de Zapatero.

Desde el año 2004, estas famosas expropiaciones están dejando en la calle y en la miseria no sólo a más de 300 familias españolas, sino también a cientos de empresarios de todas las nacionalidades. Una situación que incluso acabó con la vida de Franklin Brito la semana pasada. El opositor venezolano y productor agropecuario, que desde hacía seis años había protagonizado varias huelgas de hambre de manera interrumpida, se manifestó en contra de la política de expropiaciones y nacionalizaciones de Chávez. En su último ayuno, su cuerpo no pudo soportarlo más y falleció el pasado 30 de agosto en el Hospital Militar Carlos Arvelo. Pero Brito, como si del Orlando Zapata de Venezuela se tratase, ha pasado su testigo a Francisco Alves Félix, empresario de origen portugués, quien espera en ayuno una respuesta urgente del Gobierno encadenado a uno de los cobertizos de su terreno de 2,7 hectáreas en el estado central de Carabobo. El empresario protesta contra la decisión del INTI de iniciar “un proceso de rescate” de esos terrenos por “circunstancias excepcionales de interés social o utilidad pública”.

Sin respuesta
Félix Barbero, presidente de la Federación de Españoles en Venezuela, también sufrió la invasión de una finca y de un terreno industrial. Barbero, en declaraciones a LA GACETA, explica que éstos son “actos vandálicos de unos agentes organizados por el INTI de Chávez, vestidos de rojo y que, sujetando la bandera venezolana, arrasan con todo, sin manera de mediar con ellos.

No dan ninguna explicación”. Pero cuando Barbero decide denunciar y presentarse ante la Justicia para que le devuelvan lo que es suyo, tampoco obtiene respuesta. “Hay mucha gente que por intentar denunciar esta situación ha sido amenazada de muerte”, confiesa el empresario. Así, cualquier reclamación de los ya antiguos propietarios cae, en el mejor de los casos, en saco roto.

“Ellos –continúa– se excusan alegando que los terrenos están abandonados, pero es completamente mentira, son las mismas fincas productivas a por las que ellos van”. No obstante, cuando llegan, su objetivo no es seguir trabajándolas y sacarles provecho, más bien todo lo contrario. El ejemplo más reciente de esto es el terreno que confiscaron al fallecido Brito. En sus 24 hectáreas, el productor agrícola cultivaba “las mejores sandías”. Sin embargo, ahora, incluso en el camino de acceso a la finca, la maleza impide el paso.

Barbero se siente “traicionado, abandonado y muy desprotegido por la indiferencia del Gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero, que no está cumpliendo con lo que dice la Constitución cada vez que Chávez expropia nuestras tierras”. “Si son tan buenas las relaciones entre España y Venezuela –prosigue–, ¿por qué no se cumple con el convenio firmado por ambos países en el año 1995 por el respeto de no a la expropiación”?

El presidente de la federación nunca olvidará aquel encuentro con el ministro español Moratinos en 2009 cuando “me agarró del hombro y a mí, como a otras 200 familias más, nos prometió que todo se arreglaría”. Ahora, 10 meses después, “seguimos igual o en peor situación, porque hay muchos que ya no tienen nada que llevarse a la boca”.

Sin embargo, en esta incansable lucha por que se cumpla la ley, Barbero y su Federación viajaron a Madrid a principios de este año para entregarle una carta al Gobierno español en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Nadie salió a recibirles ni les dejaron pasar de la garita de seguridad. También escribieron otra al Rey Don Juan Carlos, que tampoco obtuvo respuesta.

Los terrenos caen en manos de personas del Gobierno que nunca tuvieron conocimiento de ellos. Por eso, la única esperanza que les queda es esperar a las elecciones legislativas en Venezuela del 26 de septiembre para que la democracia se imponga en un país donde “no existe un Estado de derecho”. “Si no es así, habrá que coger un avión antes de que tenga que ser una balsa”, subraya Barbero.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)