El Ayuntamiento de Barcelona veta a la prensa en castellano en los colegios.

El Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por el socialista Jordi Hereu en coalición con la formación nacionalista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la coalición ecocomunista Iniciativa per Catalunya (ICV), ha dado un nuevo paso para la exclusión del castellano en la vida pública y social de Cataluña.

El pasado día 29 de diciembre, sólo dos días antes de que acabase el año, los barceloneses se encontraban con un excluyente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BPOB). En él se abría el plazo para adjudicación del suministro de prensa escrita a los colegios de la Ciudad Condal con una importante limitación: al citado concurso sólo podrían presentarse aquellas empresas que impriman sus publicaciones exclusivamente en catalán.

Importante partida
El contrato del suministro, nada desdeñable desde el punto de vista económico, supera los 160.000 euros durante un año. Además del restrictivo requisito de la lengua, sólo podrán optar las empresas con un volumen anual de negocio igual o superior a 300.000 euros y una tirada media superior a 20.000 ejemplares.

Estos dos requisitos, unidos al del catalán obligatorio, dejan prácticamente claro cuáles son los medios periodísticos que pueden optar a esta subvención encubierta, que además dispara la difusión de forma artificial.

Resulta curioso que en la oferta de contratación pesa prácticamente igual el criterio económico y el cumplimiento de los mínimos exigidos. El Partido Popular no ha pasado por alto el asunto y el presidente del grupo municipal del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha solicitado oficialmente que el alcalde, o un concejal en el que delegue, explique el motivo de tan singular y discriminatoria concesión.

Pese a lo sorprendente del asunto, desde 2007, la publicación obligatoria en catalán ha sido el requisito fundamental a la hora de la adjudicación de la partida, que ha variado poco en los últimos ejercicios.

Campaña en buses
Hace algo más de un año y medio, el ayuntamiento y la Entidad de Transporte urbano que depende de él hacían patente una nueva muestra de la discriminación del castellano en la vida catalana.

El consistorio vetaba una campaña impulsada por la Asociación por la Tolerancia, que tenía previsto incorporar en los autobuses de la ciudad y que pretendía dar a conocer la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la Generalitat a incluir la casilla del castellano en los impresos de inscripción de las escuelas.

La organización independiente ya había adelantado la mitad del importe de la campaña, pero el ayuntamiento socialista decidió que no se llevase a cabo puesto que podría suscitar una polémica. Evidentemente, la prohibición de la Administración municipal es lo que generó el conflicto y también una respuesta contundente del Partido Popular y otros organismos cívicos catalanes.

Fernández Díaz impugnó el pasado enero el nuevo Reglamento de Usos Lingüísticos del consistorio porque asegura pretende excluir el castellano del ámbito municipal, con el pretexto de potenciar el catalán.

Según informó la Voz de Barcelona, el PP continuaba así el camino iniciado por el diputado del Grupo Mixto en el Parlamento autonómico de Cataluña, José Domingo, quien presentó alegaciones a dicho Reglamento por constatar que este discrimina a los castellanohablantes.

En el año 2007, el Departamento de Gobernación de la Generalitat de Cataluña, que en ese momento estaba en manos de los nacionalistas de ERC, remitió una circular a un centenar y medio de centros cívicos de Cataluña que dependían de este departamento en el que se indicaban exactamente los medios a los que podían suscribirse, todos en catalán, excepto el diario deportivo Sport y la revista Lecturas, que se editan en castellano.

El comunicado era muy explícito y aseguraba que solamente se subvencionaría los medios incluidos en el listado.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)