Caldera y Aído contrataron de forma irregular por valor de 5,5 millones de euros.

El ex ministro de Trabajo Jesús Caldera podría haber incurrido en 2008 en una discrecionalidad a la hora de contratar, a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (DGVG), una campaña de publicidad con el fin de promover acciones de información y sensibilización contra la violencia doméstica. Así lo ha dicho el Tribunal de Cuentas en el informe en el que presenta los resultados de la fiscalización de la DGVG.

El contrato resultó adjudicado mediante el procedimiento de emergencia el 29 de febrero de 2008 a la sociedad Concepto Staff de Publicidad, y el precio del encargo fue de 1.500.000 euros. Caldera justificó su concesión directa alegando que las actuaciones comprendidas en esa campaña eran “necesarias para evitar el grave peligro que supone una falta de información y sensibilización suficiente”, y que la agraciada era “una empresa especializada con experiencia reconocida en campañas publicitarias y de comunicación”.

Las mismas razones esgrimió Bibiana Aído el 18 de julio de 2008 al adjudicar, también a Concepto Staff y mediante la tramitación de emergencia, la realización de la campaña Contra el maltrato, que se publicitó en los medios de comunicación, en aeropuertos, centros comerciales y en el metro. El precio de realización de esta campaña se disparó hasta los cuatro millones de euros.

Trámite excepcional
Sin embargo, en ambos casos el Tribunal de Cuentas ha considerado que, si bien son necesarias las campañas de sensibilización contra la violencia doméstica, los expedientes de los contratos no acreditan suficientemente la necesidad de emplear una tramitación tan excepcional, que incumple los principios de publicidad y concurrencia del régimen de contratación general.

Además, el Tribunal critica que en dichos expedientes no obre ningún informe o documentación acreditativa que justifique ese profundo conocimiento del fenómeno de la violencia doméstica que los ministros achacaron a Concepto Staff.

Por otro lado, el Tribunal no ha podido comprobar si el primer encargo se realizó de acuerdo con lo estipulado, pues el contrato no llegó a formalizarse, por lo que no se llegaron a estipular los derechos y obligaciones de las partes contratantes.

En el año 2008, el 78,58% del volumen total de contratación de la DGVG fue a parar a manos de Concepto Staff, a través de estos dos encargos.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)