Urge la reforma constitucional, según FE-JONS.

Tras cuatro años de componendas, el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La sentencia no responde a criterios jurídicos ni afanes de justicia, sino que, en consonancia con la naturaleza política de la institución, está diseñada para contentar a las partes.
Así, el separatismo catalán -desde el PSC a la Esquerra- se felicita en privado -aunque en público finja indignación- por tener un nuevo motivo de queja que alimente su estrategia victimista y de permanente reivindicación, pese a ser conscientes de que la sentencia no va a tener ningún efecto práctico y que Cataluña seguirá por la senda del autogobierno hacia la independencia. El independentismo catalán ve en la sentencia una excusa para "romper el pacto constitucional" y lanzarse, ya sin disimulos, a la secesión.
En el otro lado, el Partido Popular, formación que interpuso la demanda, se da por satisfecho con que el TC haya estimado en parte su recurso y anuncia que "no dará más guerra" en este asunto. El PP tranquiliza con ello su laxa conciencia y engaña a sus votantes con el mensaje de "no se puede hace otra cosa".
Da igual que el Constitucional diga -extrañamente- que la definición de Cataluña como nación contenida en el preámbulo del Estatuto carece de efectos jurídicos aunque no la declare inconstitucional. En la práctica las instituciones autonómicas catalanas hace tiempo que actúan como si así fuese. Da igual que la sentencia diga que el idioma catalán no ha de ser "preferente" en la administración, cuando hace tiempo que es el único empleado por las instituciones catalanas. La Constitución Española ha sido derogada por la vía de los hechos, suplantada por un enrevesado entramado jurídico en el que es dificil adivinar la jerarquía normativa y el orden de prelación de las leyes. En esta indefinición jurídica y ante la falta de determinación de los sucesivos Gobiernos de España los separatistas van ganando terreno en sus proyectos secesionistas sin que las fuerzas políticas mayoritarias -PSOE y PP- hagan nada por impedir el avance y, aún menos, por recuperar terreno.

Urge, en defensa de la nación, dotar al Estado del instrumento legal necesario para hacer frente al proceso de disgregación que padece España. La Constitución de 1978 no sólo no sirve para asegurar la continuidad de España como nación, sino que es, por mor de su ineficiencia, el aliado perfecto de todos los secesionistas. Aprestémonos a su reforma integral haciendo desaparacer el modelo autonómico que nos conduce a la ruina como pueblo y a la desaparición como nación. Que desaparezcan las autonomías y con ellas los privilegios de unos españoles sobre otros. Hagámoslo y hagámoslo cuanto antes.



Fuente: Web de FE-JONS (www.falange.es)